Madrid, 12 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afrontó una jornada clave en el Supremo marcada por los peritajes de la Unidad Central Operativa (UCO) y por su propia declaración, en la que evitó responder a las acusaciones y defendió su actuación frente a la polémica filtración del correo electrónico que afectó a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los guardias civiles ratificaron que detectaron borrados “voluntarios” de contenidos y que el propio García Ortiz cambió de teléfono tras ser encausado, extremos que, a juicio de la defensa y de la Fiscalía, no constituyen prueba directa de la revelación del secreto, pero que los agentes interpretan como indicios en una institución “jerarquizada” donde —sostienen— el “dominio de la acción” recaía en el fiscal general.
En sala, los peritos detallaron que no lograron recuperar mensajes “que habrían sido de interés” y señalaron que el terminal anterior fue sustituido días después de que el Supremo abriera la investigación. También expusieron que no hallaron rastros concluyentes de envío del correo a periodistas desde dispositivos o cuentas de García Ortiz, en parte —apuntan— por las eliminaciones practicadas. La defensa replicó que las deducciones de la UCO son “enteramente libres” y que el registro informático se extendió más allá del marco temporal autorizado, sin aportar un vínculo causal entre esos borrados y la hipotética filtración.
García Ortiz, por su parte, se presentó “sin toga” para declarar como acusado y rehusó contestar a las acusaciones particulares, a las que reprochó “deslealtad”. Aseguró que aplica una política de higiene digital que elimina mensualmente sus mensajes de WhatsApp por razones de seguridad, y que su cuenta personal de Gmail fue cerrada tras recibir mensajes amenazantes. Negó haber remitido a medios el correo del 2 de febrero de 2024 y enmarcó la nota pública de la Fiscalía General —emitida en respuesta a informaciones periodísticas de marzo— como una réplica institucional destinada a proteger la actuación de los fiscales, no a perjudicar la estrategia de defensa del investigado.
El debate probatorio tiene, además, una arista mediática relevante. Periodistas que declararon esta semana desligaron al fiscal general de la filtración: uno de ellos afirmó que accedió al contenido del correo la noche del 13 de marzo a través de una fuente que le permitió leerlo en pantalla —sin copia— y sostuvo que la iniciativa de una eventual conformidad partió de la defensa, no de la Fiscalía. Otro informador situó la difusión de detalles del caso en fuentes de la Fiscalía madrileña, sin disponer del documento original. Este flanco periodístico complica la tesis acusatoria de una filtración originada en la cúspide del Ministerio Público, aunque no despeja las dudas sobre el manejo de la comunicación institucional en los días más calientes del caso.
Con todo, la instrucción previa ya había dejado un rastro ambiguo: en primavera, la propia UCO informó que los datos facilitados por Google y WhatsApp resultaron estériles, mientras que hoy los agentes remarcaron en audiencia su convicción de que los borrados fueron intencionales. Esa tensión entre ausencia de “prueba directa” y acumulación de “indicios” centró la controversia jurídica de la jornada.
La vista, seguida en directo por varios medios, quedó orientada a la recta final del debate. Tras la ronda de testigos y peritos, el tribunal dio por concluido el tramo probatorio de hoy y programó la continuidad para este jueves, cuando se esperan los informes finales. La resolución del Supremo, que deberá valorar si hubo revelación de secretos y si los borrados constituyen un indicio robusto o un ejercicio de gestión personal de datos, podrá calibrar también el alcance institucional del episodio: desde la gobernanza interna de la Fiscalía hasta los protocolos de comunicación en causas de alta sensibilidad política.
