La página web ‘Prevención10.es’ del Ministerio de Trabajo y Economía Social para evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar se ha caído este jueves tras un “ataque malicioso”, un día antes de que esta medida sea obligatoria.
“La aplicación está sufriendo una caída del servicio que inicialmente se identificó como una sobrecarga por el elevado flujo de personas usuarias y que, finalmente, hemos confirmado que se trata un ataque malicioso. Estamos trabajando para restablecerla lo antes posible. Gracias por la comprensión”, ha informado el Ejecutivo.
Se trata de un servicio público gratuito de asesoramiento en prevención de riesgos laborales que permite gestionar los riesgos laborales a las empresas de hasta 25 trabajadores.
Así, este viernes 14 de noviembre finaliza el plazo para que las personas que cuentan con personal doméstico hayan realizado la evaluación de riesgos laborales e informen sobre ello a sus trabajadores. El incumplimiento prevé multas entre 2.451 y 49.000 euros, según han confirmado desde el departamento que dirige Yolanda Díaz a Europa Press.
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EFE
Según ha recordado este jueves el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), esta obligación para los empleadores de personal doméstico se recoge en el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.
La evaluación de riesgos laborales es un requisito que exige la Ley de Prevención de Riesgos laborales y hasta ahora las personas empleadoras de este colectivo no estaban obligadas a realizarla.
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Cotizalia
El acto de presentación de la herramienta tuvo lugar en mayo en un acto del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst), al que asistió la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Por su parte, Díaz se refirió a las mujeres que contratan en el hogar “no por un privilegio, sino por necesidad”. “Y a ellas también les decimos hoy, nos dirigimos a ellas y les decimos que también no están solas. Esta herramienta también está hecha pensando en ellas. Y esto, como digo, no es un castigo. No es que les pongamos más trabas administrativas. Es justamente lo contrario. Es un apoyo. Es seguridad jurídica. Es acompañamiento público”, argumentó.
Fuente El Confidencial
