Argentina
España
USA
Israel
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2025-Total News Agency-TNA-.El Gobierno argentino salió al cruce de las especulaciones crecientes sobre una posible eliminación del régimen de Monotributo, un pilar del sistema tributario que abarca a cerca de tres millones de pequeños contribuyentes, y pidió esperar el proyecto oficial de reforma para evitar desinformación. En una conferencia de prensa matutina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfatizó que cualquier modificación será anunciada a través de canales formales, en el marco de una reforma tributaria y laboral más amplia. “Hasta que no haya una comunicación oficial, no se deben afirmar cosas que no son”, declaró Adorni, reconociendo que el tema ha generado un torbellino de rumores en redes sociales y medios, pero insistiendo en que las versiones actuales carecen de sustento concreto.
La controversia se avivó tras la filtración de un borrador interno del Ministerio de Economía, titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”, que propone suprimir el Monotributo y trasladar a sus adherentes al régimen general de autónomos. El documento, compartido inicialmente con el sector privado, busca alinear el sistema con recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que desde abril pasado ha presionado por su eliminación gradual para eliminar distorsiones fiscales y ampliar la base impositiva. Según el FMI, el régimen simplificado fomenta prácticas como el “enanismo fiscal” —donde empresas grandes se fragmentan para tributar menos— y genera gastos tributarios equivalentes al 3,5% del PIB, al tiempo que limita la recaudación en IVA y Ganancias.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha impulsado estas ideas en reuniones con empresarios, argumentando que la formalización no solo resolvería desequilibrios previsionales, sino que también incentivaría el empleo registrado al reducir aportes patronales en hasta siete puntos porcentuales —de un actual 25%, superior al promedio regional— y crear un fondo de cesación laboral similar al de la Unión Obrera de la Construcción. El borrador detalla ajustes específicos: para los autónomos, las cuotas mensuales pasarían de un rango de 50.000 a 700.000 pesos a uno de 100.000 a 500.000 pesos, con deducciones ampliadas por gastos personales como vivienda, educación, salud y movilidad, siempre respaldados por facturas. En el Impuesto a las Ganancias, se establecería un Mínimo No Imponible único de 1,7 millones de pesos para 2025 —equivalente a un salario promedio proyectado—, lo que retrasaría el pago del tributo hasta ingresos brutos de 2,84 millones mensuales para un soltero sin cargas de familia. Además, se habilitaría un blanqueo a costo cero para empleadores, facilitando la transición de trabajadores informales, y se mantendría el umbral de IVA en alrededor de 3 millones mensuales de facturación, similar a la categoría F actual del Monotributo.
Sin embargo, especialistas en tributación advierten que una implementación abrupta podría desatar un caos administrativo y económico, disparando la informalidad y dejando desprotegidos a millones de emprendedores, profesionales independientes y pequeños comerciantes que dependen del esquema simplificado para su supervivencia. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, describió el clima como de “inquietud generalizada” entre los contribuyentes, ya que el salto al régimen general implicaría no solo una carga impositiva “pesada e imposible de afrontar” para muchos, sino también la pérdida de coberturas integrales en obra social y jubilación. “El Monotributo, nacido en 1998 como herramienta de inclusión, ha evitado que tres millones queden fuera del sistema; eliminarlo sin reformas paralelas en Ganancias, IVA y costos laborales generaría más evasión y menos recaudación”, argumentó Domínguez, proponiendo una transición escalonada con un régimen intermedio para evitar “situaciones críticas”.
En sintonía, la contadora Elisabeth Piacentini, de Estudio Piacentini, resaltó la inviabilidad operativa para los usuarios: “Un monotributista no está preparado para registrar operaciones diarias, liquidar IVA mensualmente ni declarar Ganancias anualmente; necesita enfocarse en generar ingresos, no en burocracia”. Piacentini alertó sobre el impacto en la salud, pues el pase a un sistema de pago individual por obra social podría excluir a quienes hoy aportan apenas 28.500 pesos mensuales por cobertura integral. “No es en este segmento donde radica la mayor evasión; una reforma así beneficiaría poco al fisco y mucho al descontento social”, añadió.
El contador Marcelo Rodríguez, visible en debates televisivos, comparó el Monotributo con “elementos icónicos de la identidad argentina, como el mate o el asado”, subrayando su rol en simplificar la vida de tres millones de formales. “Desarmarlo en tres décadas de vigencia requiere etapas; un cambio acelerado saturaría a la AFIP y colapsaría la recaudación”, advirtió, sugiriendo un período de gracia hasta 2027 para categorías bajas y monotributistas sociales.
Otras voces expertas refuerzan estas preocupaciones. El tributarista Fernando López Chiesa, consultado por medios locales, calificó el borrador como “ideas preliminares del FMI”, recomendando priorizar categorías altas —con facturación superior a 33 millones anuales— y extender plazos para emprendedores nuevos. “Una eliminación directa sería regresiva para los bajos ingresos, empujándolos a la informalidad que el régimen combatió desde 1998”, dijo. Marcos Felice, del Blog del Contador, abogó por modernizar en lugar de abolir: un esquema híbrido con deducciones opcionales en Ganancias y obra social voluntaria, para no revertir avances en formalización. Desde la oposición, el diputado electo Guillermo Michel, exdirector de Aduanas, vinculó la propuesta directamente a compromisos con el FMI, criticando que encarecería servicios profesionales al repercutir el IVA y cuestionando su urgencia local.
En el contexto económico, con 13.062 empleos registrados perdidos en agosto y un leve aumento de 5.539 inscriptos en Monotributo, la reforma busca contrarrestar la precariedad laboral mediante incentivos al hiring formal. No obstante, la falta de cronograma oficial —posiblemente en sesiones extraordinarias del Congreso— alimenta la incertidumbre. Analistas coinciden en que, sin una hoja de ruta previsible, el riesgo de retroceso en inclusión fiscal es alto, potencialmente agravando la desigualdad en un país donde el 40% de la economía opera en la sombra.
El Ejecutivo, consciente del revuelo, evalúa ajustes para mitigar impactos, pero por ahora prioriza el diálogo con el sector privado. Mientras tanto, los monotributistas aguardan claridad, temiendo que una “formalización forzada” termine en exclusión real.
