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Buenos Aires, 17 noviembre 2025-Total News Agency-TNA-.En un país donde la justicia parece medir con distinta vara según la ideología o el poder de los imputados, la brecha entre el manejo de causas por corrupción y los procesos contra ex miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de 1976-1983 se ha convertido en un escándalo ético y constitucional. Mientras exfuncionarios del kirchnerismo como Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido disfrutan de prisiones domiciliarias en residencias de lujo, con visitas ilimitadas y quejas atendidas de inmediato, cientos de militares –muchos de ellos veteranos de la Guerra de Malvinas– languidecen en cárceles comunes bajo prisión preventiva prolongada, sin atención médica adecuada y expuestos a condiciones inhumanas que, en varios casos, han derivado en muertes prematuras.
El caso de Julio De Vido ilustra esta disparidad. El exministro de Planificación Federal, condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en la tragedia de Once –donde murieron 51 personas en 2012–, se entregó (estaba en prision domicilairia por otra causa) voluntariamente el 12 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal 2, pero su pedido de prisión domiciliaria fue rechazado, y la justicia evalua otorgarsela. Trasladado al penal de Ezeiza, su esposa y abogada, Alessandra Minnicelli, denunció el 15 de noviembre irregularidades graves: horarios erráticos en la entrega de medicamentos para su hipertensión y diabetes, alimentación deficiente y restricciones en las comunicaciones. “Es un trato indigno para un hombre de 75 años con problemas de salud crónicos”, afirmó Minnicelli al anunciar una presentación judicial. De Vido, quien ya había cumplido arresto domiciliario en su mansión de Puerto Panal (Zárate) –con piscina olímpica, amarradero privado y aviarios de lujo–, aspira a regresar allí, donde podría retomar su hobby de criar aves exóticas en jaulas gigantes.
En contraste, los militares procesados por el “terrorismo de Estado” que derrotaron al brutal terrorismo de los años 70 enfrentan un calvario que viola principios constitucionales básicos. Según datos de la Unión de Promociones de Oficiales Retirados, de los 2.824 sometidos a proceso desde 2003, 1.050 han sido condenados y 813 aguardan sentencia, con 957 fallecidos en prisión o bajo proceso, muchos sin veredicto firme. El promedio de edad es de 81 años, y al menos 30 superan los 90. En Córdoba, epicentro de detenciones en la cárcel de Bouwer, denuncias recientes revelan ausencia total de medicación para patologías crónicas como cáncer y demencia, maltratos físicos y aislamiento prolongado. “Estos hombres, que combatieron en Malvinas contra una invasión extranjera, mueren solos en celdas húmedas, sin el mínimo derecho a un médico”, relata un informe de familiares difundido esta semana. El gobernador Martín Llaryora ha sido instado a intervenir, pero sus prioridades parecen centradas en negociaciones urbanas y empresariales.
Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena a seis años por la causa Vialidad fue ratificada por la Corte Suprema en junio de 2025, encarna el colmo del privilegio. Bajo arresto domiciliario en su departamento de Constitución, recibe visitas diarias de decenas de dirigentes políticos, familiares y aliados, como documentan fotografías publicadas en redes y medios. El 20 de septiembre, al cumplirse 100 días de su detención, una multitud se movilizó frente a su puerta para “apoyarla”, con figuras como Axel Kicillof y Wado de Pedro. Su defensa presentó en junio un listado “reservado” de 50 personas autorizadas, incluyendo a Lula da Silva, quien la visitó en julio. Clases de yoga, reuniones virtuales y uso irrestricto de redes sociales completan su rutina, mientras el tribunal le permite apelaciones por “estrés” para consultas privadas y arenga a s sus militantes desde el balcon.
Esta laxitud contrasta con la rigidez impuesta a los militares: retroactividad de leyes como el Estatuto de Roma de 2002, anulación de “Punto Final” y “Obediencia Debida” en 2005 por decreto de Néstor Kirchner, y testigos “alquilados” con indemnizaciones millonarias del Estado, como revelaron auditorías en 2024. El kirchnerismo modificó el artículo 32 del Código Penal en 2010 –de “deberá otorgar prisión domiciliaria a mayores de 70” a “podrá otorgar”– para negar beneficios a estos “presos políticos”. Juicios con leyes posteriores a los hechos, fiscales militantes y “memoria construida” de testigos falsos han convertido procesos en venganzas políticas. Claro, los jeces si otorgan domiciliaria a funcionarios corruptos que robaron miles de millones de dolares. Curioso.
La rea Cristina Kirchner con 10 economistas invitados.
Comparado con Núremberg –donde 199 nazis fueron juzgados y liberados en 50 años por 85 millones de aberrantes muertes–, Argentina persigue a 2.824 por 8.600 guerrilleros caídos en una guerra antiterrorista financiada por Cuba y la URSS, donde las formas de guerra eran totalmente distintas a las de hoy. Aún con Milei en el poder desde 2023, nada ha cambiado: prisiones preventivas exceden los dos años legales en 450 casos, con 203 superando los 11 años, equivaliendo a penas anticipadas que matan por negligencia. El sábado 29 de noviembre, a las 16 horas, familiares, veteranos y libertarios convocan a Plaza de Mayo para exigir libertad inmediata. “Es hora de cerrar la vendetta kirchnerista y honrar a quienes defendieron la Patria”, advierten organizadores.
