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Buenos Aires, 17 de noviembre de 2025 — Total News Agency-TNA-La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con velocidad inusual en los tribunales federales, y lo hace arrastrando a una figura tan conocida como polémica: Miguel Ángel Calvete, un personaje político reciclado durante cuatro décadas, con antecedentes que van desde la militancia carapintada y acusaciones por antisemitismo hasta condenas por proxenetismo y vínculos con operadores del narcotráfico internacional. Hoy, para la fiscalía, Calvete aparece como uno de los articuladores centrales de la red de sobreprecios, direccionamiento de compras y lavado de dinero que habría operado dentro de la ANDIS entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Lejos de tratarse de un funcionario de carrera, Calvete —quien ya había estado detenido por explotación económica del ejercicio de la prostitución— se movía dentro del organismo con una naturalidad que, según el fiscal Franco Picardi, “solo se explica por su peso específico en la estructura ilícita”. Chats, registros, fotos y cuadernos secuestrados muestran que mantenía línea directa con Diego Spagnuolo, entonces titular de la ANDIS, íntimo amigo y ex abogado del presidente Javier Milei. La fiscalía sostiene que Calvete fue quien autorizó el pago de cinco millones de pesos en efectivo para el propio Spagnuolo, lo que ratifica su rol operativo, pese a no ocupar ningún cargo formal.
Pero la trayectoria de Calvete no se limita a la administración pública. Con pasado como presidente de la Cámara de Supermercadistas Chinos (CASRECH), concejal de Cambiemos en La Matanza y operador para licitaciones “informales”, su nombre aparece mencionado en grabaciones de la causa AMIA, señalado por un informante como antisemita y cercano al exsuboficial Jorge Pacífico, ambos vinculados a un atentado fallido contra un comercio en Once un año antes del ataque de 1994, según Sergio Nantilo quien aporto grabaciones sobre ello en el marco de la causa AMIA. Su historial incluye además posiciones de apoyo político a los Carapintadas de Aldo Rico durante la sublevación de Semana Santa de 1987, lo que lo ubica dentro de los sectores más duros del nacionalismo militar de aquel período. Calvete integraba un grupo muy cercano a un sector vinculado al MODIN, partido político de Aldo Rico, que el día del atentado a la AMIA se encontraban a escasos 100 metros al momento de la explosión con una falsa ambulancia que a los pocos minutos se acerco a las ruinas del edificio con la excusa de “levantar heridos”, pero solo observaron.
Siendo presidente de CASRECH, mantenia su estudio juridico y también enlazaba defensas de piratas del asfalto con otros profesionales.
Sin embargo, es en la causa ANDIS donde su figura adquiere una dimensión inédita. Para el fiscal Picardi, Calvete operaba como un jefe paraestatal dentro del organismo. Sus vínculos con droguerías como Profarma, New Farma, Génesis, Floresta e INDECOMM quedaron reflejados en el material secuestrado: planillas manuscritas con fechas, precios, diferencias entre costos reales y facturados, y cálculos de retornos equivalentes a dos tercios del monto sobrefacturado. Todo un mecanismo que, según el dictamen fiscal, tenía un objetivo claro: manipular licitaciones de insumos de alto costo, restringir la competencia, asignar adjudicaciones a un circuito cerrado de empresas y repartir sobornos entre funcionarios y operadores externos.
De acuerdo con la acusación, la maniobra habría movilizado más de 48.783 millones de pesos, afectando directamente al programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad, madres con siete hijos y adultos mayores sin cobertura médica. “El perjuicio se dirigió contra la población más vulnerable del sistema”, remarcó Picardi.
Entre los documentos secuestrados a Calvete aparece una lista de contactos que involucra funcionarios, proveedores, familiares y allegados, así como una nota manuscrita con referencias a la diputada libertaria electa Karen Reichardt y a su exmarido, Gustavo Balabanian, quien figura en registros del Bank of America como receptor de giros del narco empresario Federico “Fred” Machado. Uno de los cuadernos de Calvete menciona explícitamente la relación: “exmarido y Karen (con Fred Machado)”.
Además de su rol operativo dentro del circuito de sobreprecios, Calvete habría participado —según la fiscalía— en la coordinación de pagos ilegales, lavado de activos y vinculación entre la estructura interna de la ANDIS y el sector privado. Su influencia quedó plasmada incluso en un papel pegado en la cocina de su casa, donde aparecían anotadas las firmas con las cuales mantenía relación directa, muchas de ellas proveedoras del organismo.
El juez Sebastián Casanello comenzó este martes una ronda de 14 indagatorias, encabezada justamente por Calvete, en un proceso judicial que marcará un punto de inflexión en el caso. La investigación, que también apunta a Daniel Garbellini y a otras catorce personas, deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno en una red que, según el fiscal, funcionó como una organización criminal destinada a saquear fondos destinados a la población con discapacidad.
La causa ANDIS ya es considerada uno de los escándalos más graves de corrupción de los últimos años. Y en su centro, como un hilo que conecta delitos económicos, redes de poder, vínculos con la derecha militarizada de los años 80 y sectores antisistema, aparece el nombre de Miguel Ángel Calvete, un operador con pasado sombrío que hoy enfrenta su capítulo judicial más delicado.
