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Feijóo centra su ofensiva en Sánchez tras el informe de la UCO
Madrid, 19 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El pleno de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados se transformó este miércoles en un escenario de alta tensión política al cruzarse los dos grandes escándalos de la semana: por un lado, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detalla las presuntas mordidas del 2 % cobradas por la empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a cambio de adjudicaciones de obra pública, y por otro la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), en el marco del llamado «caso Mascarillas».
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), abrió fuego acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber llevado «la cloaca de Ferraz» hasta la Moncloa y de beneficiarse del entramado de corrupción que describe el informe policial. Feijóo cargó duramente sobre Cerdán y su entorno por, según el documento, recibir un 2 % neto de las adjudicaciones obtenidas por Acciona S.A., y gestionar cerca del 75 % de los ingresos de la empresa vinculada, Servinabar, a través de contratos amañados.
El pleno parlamentario estuvo marcado por una larga ovación de la bancada popular tras la intervención de su líder.
Sánchez respondió con un mensaje de “tolerancia cero frente a la corrupción”, si bien subrayó que “otros tienen ante ella cero respuestas” y remarcó que el Gobierno había actuado desde el primer momento ante los casos que lo requerían. A su turno, aludió directamente al escándalo que salpica al PP andaluz: «Mire Almería», espetó, refiriéndose al caso que afecta a la institución provincial gobernada por su rival.
La sala vivió un cruce inédito de ejes acusatorios. Mientras el PP amplificaba el escándalo de Cerdán y su presunto papel como nexo entre el Gobierno y Acciona, el Ejecutivo devolvía el golpe apuntando a la detención de García por contratación irregular de mascarillas y otros contratos adjudicados durante la pandemia y en obra pública en su tramo andaluz. En este marco, los agentes de la UCO detuvieron al presidente de la Diputación de Almería, al vicepresidente y al alcalde de un municipio de la provincia en el curso de la operación que rastreó además fondos ocultos, bolsos y bolsas con decenas de miles de euros en metálico.
La combinación de ambos procesos permitió al Gobierno contrarrestar en parte la ofensiva del PP, devolviendo la presión al partido conservador.
Desde el PP sostienen que el informe de la UCO convierte en insostenible la continuidad de Sánchez, al señalar que «su compañero de coche en las primarias empezó a robar en Navarra y siguió en el resto de España cuando usted llegó a la Moncloa». En rebato, Sánchez replicó que «lleva usted un año aplaudiendo a [el dirigente alicantino] Carlos Mazón y viene a dar lecciones de ejemplaridad. Mírese al espejo».
Los tonos subieron tanto que la sesión, tradicionalmente protocolaria, adquirió matices de campaña electoral anticipada.
Para el Gobierno, el caso Almería ofrece una vía para neutralizar el impacto del documento sobre Cerdán, aunque en el PP interpretan que este último es un golpe directo al corazón del Ejecutivo. Con ambos frentes abiertos al mismo tiempo, la legislatura se perfila con una tensión creciente. Las alianzas parlamentarias, el avance de los presupuestos y la estabilidad del Gobierno podrían depender en las próximas semanas de cómo evolucione cada una de estas causas. La agenda política se complica de cara a medidas clave como la aprobación de los presupuestos generales del Estado, cuyo debate ya se insinúa cargado de condicionamientos y réditos partidistas.
En el marco institucional, la UCO ha ido acumulando indicios crecientes. En su reciente informe de 227 páginas, presenta a Cerdán como intermediario entre Acciona y el Gobierno, con documentos donde se apunta a su empresa como beneficiaria del 2 % de las obras adjudicadas desde áreas vinculadas al Ministerio de Transportes, y que el 75 % de los ingresos de Servinabar procedían de esa constructora.
Al mismo tiempo, en Almería la operación contra la Diputación parte de contratos en plena pandemia por valor de más de dos millones de euros adjudicados sin concurso público, y rastros de fondos ocultos que implican una estructura cercana a la institución provincial.
Según fuentes próximas al PP, la estrategia del partido para los próximos meses pasa por mantener la presión parlamentaria y mediática sobre Sánchez hasta que aparezcan nuevas revelaciones. En cambio, desde el PSOE se preparan para blindar al Gobierno y negociar apoyos con los socios de investidura, con el fin de aislar políticamente al PP y restar impacto a los escándalos.
La sesión de control ha evidenciado que el conflicto más inmediato para el Gobierno no es solo la aparición del informe, sino la capacidad del PP —y de los medios— para convertirlo en un tema de gobernabilidad. Mientras tanto, el escándalo en Almería añade una segunda dimensión que desgasta al PP regionalmente y sirve como contrapeso para el Ejecutivo. El tablero político español queda, de este modo, marcado por dos frentes de corrupción que se cruzan mutuamente y que proyectan un escenario de parálisis o intensidad extraordinaria para los próximos meses.
