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Madrid, 21 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-
El reciente asesinato de una mujer en la localidad madrileña de Alpedrete, cuyos restos presentaban hasta 50 puñaladas, ha desatado este jueves una crisis política que llegó al pleno de la Asamblea de Madrid, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, salió en defensa del alcalde local, Juan Fernández (PP), tras sus polémicas declaraciones sobre el caso.
La sesión arrancó con un minuto de silencio convocado por el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, en memoria de la mujer hallada muerta el pasado sábado junto a su pareja, quien al parecer se suicidó tras cometer el crimen. Las fuerzas del orden investigan el suceso como un presunto feminicidio, pese a que el alcalde negó inicialmente que se tratara de un caso de violencia de género y culpó al estado psicológico del agresor. Los grupos de la oposición –PSOE y Más Madrid– exigieron explicaciones tanto al regidor como a la presidenta del Ejecutivo autonómico y anunciaron que solicitarán un pleno extraordinario sobre el tema.
En su intervención ante el pleno, Díaz Ayuso calificó al alcalde como “el más certero” tras el crimen, argumentando que era quien mejor conocía a la familia, y criticó a los partidos de la izquierda por politizar y “dividir” la cuestión. “Ni siquiera han sido capaces de esperar la explicación de la familia para sacar ya sus banderas”, señaló la mandataria. Esta defensa generó aún más rechazo entre los grupos que exigen que el asesinato sea reconocido sin ambigüedades como un caso de violencia machista.
La oposición, por su parte, apuntó que el alcalde, en sus primeras declaraciones, sostuvo que “quería mucho a su mujer” y que “le falló el sistema”, minimizando el componente machista del crimen. Para el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, Fernando Fernández Lara, esas afirmaciones no sólo relativizan la categoría de violencia de género, sino que reproducen argumentos negacionistas que perpetúan el problema estructural.
La noticia está cargada de gravedad: según la investigación preliminar de la Guardia Civil, la mujer recibió medio centenar de puñaladas y murió antes que su marido, cuya autopsia reveló que sufría depresión severa y consumo de alcohol y medicamentos. No existían denuncias previas ni figura de riesgo en el sistema Viogén, lo que ubica el caso dentro del patrón de los feminicidios “silenciosos” que no habían sido registrados oficialmente como violencia de género.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió la dimisión del alcalde tras considerar intolerables sus declaraciones, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que “quien menosprecia” la violencia machista “no es digno de representar a la ciudadanía”. En tanto, los hijos de la víctima, que habían emitido una carta abierta en la que afirmaban que “a mis padres los mataron”, denunciaron “abandono institucional” y respaldaron la definición de feminicidio.
En el ámbito político madrileño, esta tragedia ha abierto un debate a nivel interno en el PP regional, en el que se le suma la exigencia de presentar un plan de actuación ante la violencia de género sin dilaciones. Más Madrid y PSOE anunciaron que pedirán la modificación de protocolos de atención en los municipios y critican la falta de un registro exhaustivo y respuesta temprana.
La dirección general de violencia de género de la Comunidad de Madrid ha señalado que pese a no existir denuncias previas, eso no excluye la naturaleza machista del crimen, ya que muchas mujeres no denuncian por miedo o por dependencia económica o emocional. Esta postura refuerza la tesis de que los crímenes sin denuncias previas requieren sistemas de alerta más sensibles y mayor prevención institucional.
La investigación judicial sigue abierta y la magistrada instructora del caso ha admitido informes técnicos sobre patrones de violencia y evaluaciones de riesgo retrospectivas para determinar las responsabilidades administrativas y penales. El alcalde ya avanzó que comparecerá voluntariamente para aclarar sus declaraciones y actuación tras el hecho.
En conclusión, el asesinato de Alpedrete no sólo representa una nueva víctima de la violencia de género en España, sino que ha provocado una fractura política que atraviesa todos los partidos de la Comunidad de Madrid, poniendo a prueba los mecanismos de respuesta institucional y la coherencia de la política pública en materia de igualdad.
