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Almería, 22 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El abrupto final de la carrera política de Javier Aureliano García Molina, hasta hace apenas unos días presidente de la Diputación Provincial de Almería y líder del Partido Popular (PP) en la provincia, ha desencadenado una crisis de calado que sacude los cimientos del poder local. García Molina presentó su renuncia tras quedar en libertad con cargos en la segunda fase del denominado Caso Mascarillas, que investiga supuestas adjudicaciones irregulares y el cobro de comisiones en contratos públicos durante la pandemia. Junto a él, su mano derecha —Fernando Giménez, vicepresidente de la institución— también abandonó sus responsabilidades institucionales.
La operación policial que se detonó a comienzos de esta semana profundiza un vuelco inesperado en la provincia andaluza. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron las detenciones el martes, y aunque los involucrados quedaron en libertad con medidas cautelares al día siguiente, el golpe político ya estaba hecho. García Molina canalizó la renuncia desde el convencimiento de su inocencia pero admitió que dar este paso “facilitará la vuelta a la normalidad” de la institución.
El PP en Almería no esperó. El secretario general del PP-Andalucía, Antonio Repullo, y el nuevo presidente provincial, Ramón Fernández‑Pacheco, asumieron el mando con rapidez para amortiguar el impacto. En una comparecencia pública acompañados por figuras clave —como la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el presidente de honor del PP almeriense, Gabriel Amat— Fernández-Pacheco fue claro: “El PP de Almería es mucho más grande que cualquier persona… y no vamos a defraudar la confianza de los almerienses”.
El salto de García Molina en la política local fue meteórico: asumió la presidencia de la Diputación en enero de 2019 tras un prolongado tránsito en el gobierno provincial y municipal. Su caída, en cambio, ha sido abrupta e inesperada. La investigación revela que la trama de contratos en cuestión arrancó al menos en 2016, con adjudicaciones que superan los dos millones de euros para la compra de material sanitario al inicio de la pandemia. Las sospechas apuntan a empresas como Pulconal S.L. y OYC Servicios Urbanos como beneficiarias de licitaciones presuntamente amañadas, y a manos vinculadas a la Diputación que orientaron los contratos de forma irregular.
A la grave situación protagonizada por García Molina y Giménez se suma la figura de Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines y también detenido, cuya suspensión de militancia por parte del PP el viernes pone el foco en un entramado de alcance mayor. Según los investigadores, se extienden interrogaciones sobre otros cargos como el también edil provincial José Juan Martínez, quien podría encontrarse implicado junto a su cónyuge a través de una sociedad mercantil.
El relevo en el Gobierno provincial ha quedado provisionalmente en manos del vicepresidente primero, Ángel Escobar, hasta que el Pleno de la Diputación tome nota de las renuncias y se formalice una nueva elección (plazo que el propio PP calcula en diez días para la tramitación del acta y otros diez para la designación del sustituto). Mientras tanto, los populares almerienses inician un proceso de ajuste interno “con cierta continuidad”, según reconocieron Repullo y Fernández-Pacheco.
Este suceso marca un antes y un después en la política de Almería, donde el PP había consolidado su hegemonía provincial durante más de una década. La llamada “marca Almería” que el PP alardeaba, cimentada en la mesa de contrataciones de la Diputación y el respaldo de poderosos dirigentes como Amat, se tambalea ante la contundencia de la operación judicial. Para los populares, la prioridad inmediata es frenar el desgaste: “Todas las decisiones que adoptemos de ahora en adelante las vamos a reflexionar y consensuar”, admitió Fernández-Pacheco ante su nueva responsabilidad.
La ciudadanía observa con lupa qué consecuencias tendrá este caso en la gestión provincial, en la confianza institucional y en la estabilidad del PP almeriense. El desafío principal será cómo reconstruir credibilidad mientras el proceso judicial profundiza su instrucción y la UCO extiende las pesquisas.
