Esta misma circunstancia ya motivó, con anterioridad, la anulación del contrato adjudicado a MaSOrange por parte de la propia Mesa, evidenciando la aplicación estricta del requisito legal de contar con plan de igualdad registrado.
En su reunión del 12 de noviembre de 2025, el órgano colegiado determinó que la UTE encabezada por la filial de Telefónica quedara fuera del lote 3, correspondiente a los servicios de interconexión de centros de proceso de datos, seguridad e Internet, incluido en el expediente de “Servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas” (Fase III).
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Según el acta, Govertis Advisory Services —entidad que aportaba la solvencia técnica a la UTE— supera los 50 empleados y, pese a estar obligada por ley, carece de un plan de igualdad inscrito en el registro oficial.
La Mesa explica que, tras verificar de oficio en el Registro de Planes de Igualdad (Regcon) la ausencia de dicha inscripción, concurre una causa de prohibición de contratar conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, al ser un requisito personal imprescindible para acceder a la licitación.
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El documento detalla que esta sociedad del grupo Telefónica figuraba como la entidad que integraba la solvencia técnica de la UTE, por lo que la falta del plan repercute directamente en la aptitud de la oferta presentada.
Antes de la resolución, la UTE TdE-TSOL intentó reemplazar a Govertis por Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech (TCCT), otra compañía del grupo, argumentando que esta última ya habría desarrollado las capacidades necesarias para cubrir los perfiles comprometidos, incluido el de responsable de cumplimiento normativo.
La Mesa rechazó el cambio al entender que implicaría modificar la oferta fuera de plazo y completar la solvencia con posterioridad al cierre de presentación, vulnerando los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia.
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El acuerdo señala que, si el órgano de contratación confirma la exclusión, el lote 3 quedará desierto, puesto que no existe otro licitador con oferta clasificada en ese tramo del contrato.
Además, se eleva una consulta al órgano de contratación sobre las posibles repercusiones de esta situación en el lote 1, que comparte el mismo adjudicatario propuesto.
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Este expediente se enmarca en la tercera fase de los servicios consolidados de telecomunicaciones, que integran los contratos de comunicaciones de la AGE y otras entidades públicas bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Función Pública.
Fuente El Confidencial
