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El viernes de la semana pasada, se conoció que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo del gobernador Axel Kicillof, decidió crear una especie de Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) pero a nivel local.
Se trata del Consejo de Promoción Audiovisual que contará a partir de enero del 2026 con un presupuesto inicial de 626 millones de pesos y se encargará de financiar proyectos, festivales, una red de salas y un archivo audiovisual.
Hubo mucho militante mileista molesto por esta situación (y con toda razón), esgrimiendo fundamentos tales como el vaciamiento de la provincia y hasta aseguraron que con este tipo de medidas le están haciendo campaña al propio presidente Javier Milei.
Tal es así que La Derecha Diario, el medio portavoz no oficial del Gobierno, destacó la medida para utilizarla en contra del Gobierno provincial tildando a Kicillof de “degenerado fiscal”.
Sin embargo hay una especie de doble vara teniendo en cuenta contractos recientes adjudicados por el INCAA. Uno de ellos es por un valor similar que el presupuestado para el nuevo organismo de Kicillof y para colmo se lo quedó la empresa de un ex funcionario k que hoy está procesado por supuesta defraudación a la administración Pública.
Se trata de un contrato de $660.950.181 que fueran abonados a la empresa Superacción SRL que, vale destacar, fue la segunda propuesta con el precio más elevado de las 4 ofertas confirmadas entre los 9 proveedores participantes.
Según el pliego al que tuvo acceso Diario Mendoza Today, la razón por la que se contrató a la mencionada firma es “por ser la oferta económica presentada que cumple con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y la más conveniente a los intereses del Instituto”.
El organismo, presidido por el economista Carlos Luis Pirovano, quien no cuenta con experiencia previa en la industria cinematográfica o cultural, contrató a la empresa de Javier Grosman, quien se encargó de las producciones escenográficas durante las presidencias de Cristina Kirchner.
Grosman es señalado como el “arquitecto estético” y productor principal de la gran mayoría de los eventos masivos durante las gestiones de la ex presidenta. No casualmente fue director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, dependiente de la Secretaría General de Presidencia, entre los años 2009 y 2015.
Fue el responsable de la producción y puesta en escena de numerosos eventos multitudinarios y celebraciones patrias, incluyendo los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010 y el funeral del expresidente Néstor Kirchner en 2010.
El último evento masivo que organizó para el gobierno fue el acto de despedida de la entonces presidenta Cristina Kirchner el 9 de diciembre de 2015.
Grosman en el 2017 fue procesado por “defraudación a la administración pública” por el fallecido juez federal Claudio Bonadio en una causa que aún hoy se encuentra en trámite.
Se trata de un expediente que se originó luego de que el ahora contratado haya girado fondos por 800 mil pesos en el 2010, durante su gestión al frente de la Unidad Ejecutora Bicentenario, para la publicación del libro “La Década Ganada” que finalmente nunca vio la luz.
La causa también salpicó a otros funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, como Oscar Parrilli, bajo cuya órbita funcionaba la unidad ejecutora.
En fin, a pesar de su prontuario, ahora logró hacerse de un acaudalado contrato con el Estado a través del INCAA, que terminó exponiendo la doble vara mileista.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
