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SEVILLA, 3 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) abrió un frente político y fiscal en Andalucía al plantear la derogación parcial de las exenciones y bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones aprobadas desde 2019 por el Gobierno autonómico del Partido Popular (PP). La propuesta, elevada mediante enmiendas al proyecto de Presupuestos 2026, busca quintuplicar la recaudación actual del tributo hasta alcanzar los 1.326 millones de euros. La cifra representa multiplicar por cuatro lo que ingresó la Junta en 2018, durante el último mandato socialista previo al cambio de gobierno.
El PSOE sostiene que la práctica eliminación del impuesto desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia autonómica redujo drásticamente una fuente de ingresos estatales cedida a las comunidades, mientras que la población continúa percibiendo el tributo como uno de los más sensibles e impopulares. Actualmente, los descendientes directos —hijos, nietos y cónyuges— pagan solo una cuota simbólica del 1% en Andalucía al recibir herencias o donaciones en vida, una política que los socialistas pretenden revertir parcialmente. La intervención del PSOE incluye la anulación de decretos leyes aprobados por el PP en 2019, 2021 y 2022, que en la práctica suprimieron el gravamen.
El Consejo de Gobierno andaluz rechazó de manera contundente las 158 enmiendas presentadas por el grupo socialista, argumentando que “alteran la envolvente financiera” del presupuesto aprobado inicialmente. La consejera de Hacienda, Carolina España, acusó al PSOE de pretender “crujir a impuestos a los andaluces”, mientras el Ejecutivo regional insistió en que su propia propuesta presupuestaria, que prevé ingresos por 263 millones en este concepto, es consistente con el modelo fiscal que impulsa el PP desde su llegada a la Junta.
La iniciativa socialista también tiene un fuerte trasfondo electoral. El Gobierno de Moreno considera que la ofensiva fiscal anticipa el programa con el que María Jesús Montero —actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda— competirá por la presidencia de Andalucía en las elecciones previstas para la próxima primavera. La consejera portavoz, Carolina España, calificó la propuesta de “auténtica locura” y denunció que el PSOE busca imponer una “subida masiva de impuestos” que, según sus cálculos, alcanzaría un impacto total de 1.420 millones de euros.
Dentro de la estrategia fiscal planteada por los socialistas aparece también una reforma del Impuesto sobre el Patrimonio, con la que pretenden cuadruplicar la recaudación actual. La propuesta elevaría los ingresos desde los 34 millones actuales hasta superar los 140 millones, una cifra cercana a los 80 millones que ingresaba la Junta durante la última etapa de gobierno socialista. Este movimiento se enmarca en la disputa abierta entre el Estado y las comunidades gobernadas por el PP, tras la creación en 2022 del impuesto a las grandes fortunas por parte del Gobierno nacional para compensar las bonificaciones autonómicas.
El debate sobre la financiación autonómica también se filtra en la discusión. Montero ha advertido en reiteradas oportunidades que el nuevo modelo que será presentado en 2026 incluirá “desincentivos” para las comunidades que reduzcan de forma significativa sus tributos cedidos, como el de sucesiones. Un informe reciente del Banco de España abonó esta línea, al sugerir una armonización del impuesto para mejorar su recaudación en todo el territorio.
Las enmiendas del PSOE no fueron las únicas rechazadas por el Consejo de Gobierno. También fueron descartadas las 23 propuestas de Por Andalucía, que apuntaban a elevar ingresos mediante conceptos que, según la Junta, no son de su competencia, como las entregas a cuenta del IRPF o liquidaciones del IVA. En paralelo, Adelante Andalucía propuso ingresar 860 millones adicionales eliminando bonificaciones en sucesiones, patrimonio y transmisiones patrimoniales, iniciativas que también fueron desestimadas por el Ejecutivo autonómico.
El conflicto fiscal en Andalucía se consolida así como uno de los principales ejes de confrontación política entre el Gobierno regional del PP y el PSOE de María Jesús Montero, con un debate que anticipa la campaña electoral y que reabre una discusión de fondo sobre el modelo tributario, su impacto en la economía familiar y el margen de las comunidades autónomas para redefinir la presión fiscal sobre sus habitantes.
