Buenos Aires, 06/12/2025 – Total News Agency – TNA. – El constitucionalista Daniel Sabsay cargó este viernes contra el proyecto de reforma al Código Penal impulsado por el Gobierno de Javier Milei, calificándolo de “excesivo” en su afán por extender la imprescriptibilidad a delitos que no afectan directamente al Estado, y advirtió que el mero endurecimiento punitivo no resuelve la inseguridad si no se prioriza la prevención y la rehabilitación. En una entrevista radial, Sabsay respaldó la no prescripción para corruptos públicos –amparada en el artículo 36 de la Constitución–, pero rechazó aplicarla a ofensas comunes, y remató con una crítica demoledora al “salvajismo” del modelo salvadoreño de Nayib Bukele. Como broche, el jurista exigió reparar el “tratamiento indigno” a exmilitares condenados por lesa humanidad, demandando la inmediata libertad o prisión domiciliaria para quienes ya cumplieron el máximo de prisión preventiva, superando tratados internacionales.
El proyecto oficial, que busca ampliar la imprescriptibilidad a delitos como homicidio agravado, secuestro extorsivo, tráfico de personas y abusos sexuales contra menores –además de corrupción–, generó un debate furioso en el Congreso y la sociedad. Presentado por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el paquete incluye penas más duras (hasta perpetua revisable), fin de salidas transitorias para condenados por violación y un endurecimiento general que, según el Ejecutivo, combatirá la “impunidad rampante”. Sin embargo, Sabsay, en diálogo con Splendid AM 990, lo tildó de desproporcionado: “Es excesivo que delitos no estatales no prescriban”, argumentando que esto viola el equilibrio constitucional y no reduce la criminalidad, sino que satura un sistema penitenciario ya colapsado, con hacinamiento del 120% en cárceles federales, afirmó por Radio Splendid.
El letrado, autor de obras como “El lawfare en Argentina” y referente en derecho constitucional, enfatizó que la clave no está en “aumentar penas a lo loco”, sino en políticas preventivas: educación, inclusión social y aplicación efectiva de fallos, con inversión en nuevas prisiones para clasificar reclusos y evitar mezclar “delitos menores con criminales peligrosos”. “El cumplimiento efectivo de sentencias debe ir de la mano con rehabilitación y reinserción, respetando el debido proceso y tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional”, subrayó, citando convenios como el Pacto de San José de Costa Rica.
Sobre el “Bukele modelo”, Sabsay no se anduvo con chiquitas: “Es un ejemplo horrible, un salvajismo que nos remite a los peores momentos de la humanidad”. Criticó las detenciones masivas sin juez –más de 70.000 en mega-prisiones sin juicio– y el régimen de excepción que suspende garantías, recordando que El Salvador reportó 150 muertes en custodia en 2024, según Amnistía Internacional. “No se combate el delito con barbarie; eso solo genera más violencia”, sentenció, alineándose con voces como la de la ONU, que en noviembre de 2025 urgió a Bukele a restaurar el habeas corpus.
El cierre de su intervención fue un reclamo humanitario que resonó fuerte en un país con 500 exmilitares presos por lesa humanidad: “Debe repararse el tratamiento indigno que se les da a muchos exmilitares que, por portación de apellido, están cumpliendo penas que superan todo lo prescripto en tratados internacionales”. Sabsay insistió en que “aquellos que ya hayan cumplido el máximo de prisión preventiva deben ser absolutamente puestos en libertad o con prisión domiciliaria”, evocando fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (como el de Gelman vs. Uruguay, 2011) que limitan la preventiva a dos años prorrogables solo excepcionalmente. En Argentina, casos como el del capitán de fragata Alfredo Astiz –condenado a perpetua en 2011 pero con preventiva extendida– ilustran el drama: más de 300 represores en penales comunes, con denuncias de hacinamiento y vejaciones por Madres de Plaza de Mayo y CELS.
La postura de Sabsay, que ya había cuestionado en 2024 la “judicialización política” en causas de lesa humanidad, choca con el oficialismo mileísta, que ve en la reforma una “mano dura” contra la impunidad kirchnerista. Críticos como el kirchnerismo la tildan de “populismo penal”, mientras ONGs como Amnesty advierten riesgos para garantías constitucionales. El proyecto, aún en comisiones, podría debatirse en sesiones extraordinarias de diciembre, en un Congreso polarizado donde La Libertad Avanza busca aliados para avanzar.
Sabsay, profesor emérito de la UBA y exconsejero de la Magistratura, remató: “La seguridad se construye con justicia, no con venganza”. Su voz, en un año de debates sobre el lawfare y la memoria, podría influir en el pulso legislativo que define el futuro penal argentino.
