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Asunción, 6 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La “Operación Umbral” expuso el corazón de una industria criminal que opera a escala continental. Durante un despliegue nocturno en Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, fuerzas especiales paraguayas interceptaron un convoy de 19 vehículos que transportaba 88.991 kilos de marihuana prensada, el mayor cargamento incautado en tránsito en la historia del país, informo el SENAD. El volumen equivale a más de 13,3 millones de dólares en el mercado brasileño y confirma que el cannabis producido en Paraguay continúa siendo el motor de abastecimiento de redes criminales que luego irradian hacia Argentina, Bolivia y Chile.
El operativo, ejecutado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) junto al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público, derivó en un enfrentamiento armado, con un integrante de la organización abatido, otro herido y cinco detenidos. Las camionetas, algunas cargadas hasta la cabina, avanzaron más de 120 kilómetros por rutas secundarias sin ser detenidas por ninguna de las 11 comisarías ubicadas en el trayecto.
El ministro antidrogas, Jalil Rachid, advirtió que semejante circulación sólo puede explicarse por complicidad institucional o abandono total de funciones: “Los vehículos iban repletos y circularon como si nada. Es imposible que nadie los haya visto. O recibieron pagos, o estaban durmiendo”. La polémica escaló cuando en una zona de fuga se encontraron documentos del comisario Osvaldo Andino, director de Investigaciones de la Policía Nacional, quien alegó que había perdido los papeles mientras “colaboraba” con las autoridades, afirmación rotundamente desmentida por la Senad. La jefatura policial ordenó el relevo preventivo de todos los agentes apostados en esa ruta y abrió sumarios en Asuntos Internos.
Más allá del récord, lo que revela la operación es la dimensión del negocio. Paraguay, principal productor sudamericano de cannabis y segundo mundial detrás de Marruecos, cultiva oficialmente 21.000 hectáreas, pero expertos estiman que la superficie real podría triplicarse, con hasta 10.000 hectáreas efectivas por ciclo y una producción que supera las 30.000 toneladas anuales. El país cuenta con condiciones ideales: clima subtropical, suelos fértiles, zonas boscosas fronterizas de difícil control y una estructura rural vulnerable, utilizada por redes criminales brasileñas como el PCC y el Comando Vermelho, que incluso adquirieron estancias completas para verticalizar la cadena de cultivo, procesamiento y exportación.
El cannabis paraguayo domina el mercado ilegal de Brasil, destino de 77% de la producción, mientras que Argentina y Bolivia absorben alrededor del 20%, y apenas un 4% queda para consumo interno. Con costos que arrancan en 6 dólares el kilo en plantación y alcanzan 1.200 dólares en urbes brasileñas, la diferencia de margen explica la consolidación de convoyes como el interceptado: son operaciones industriales, no improvisadas.
Incluso rutas de largo alcance muestran la escala: cuando la marihuana cruza Paraguay hacia Bolivia y luego atraviesa Argentina rumbo a Chile, el precio se dispara a 2.500 dólares por kilo, consolidando un negocio regional que genera más de 800 millones de dólares anuales sin declarar.
El debate político interno en Paraguay contrasta con esta realidad. Mientras la producción ilegal crece, el país mantiene un sistema legal restrictivo: desde 2017 está autorizado el cannabis medicinal, pero con apenas 12 licencias vigentes y un solo producto registrado con THC. Paradójicamente, cultivar una planta puede costar hasta 15 años de prisión, pese a que la posesión de menos de 10 gramos está despenalizada. En paralelo, el Senado discute un proyecto para legalizar el consumo adulto en 2025, incluyendo un esquema de producción regulada y venta en dispensarios turísticos. De aprobarse, Paraguay sería el primer país de Sudamérica con un sistema de cannabis recreativo autorizado por ley.
La “Operación Umbral” también dejó al descubierto la fragilidad de los controles estatales. El convoy esquivó sin obstáculos puestos policiales, generó sospechas de encubrimiento y reavivó críticas sobre los corredores binacionales Pedro Juan Caballero–Ponta Porã, epicentro del tráfico de marihuana hacia Brasil y punto de partida de las avionetas que envían droga a territorio argentino mediante bombardeos aéreos.
Para la Senad, el golpe es significativo. Para las organizaciones criminales, es apenas una pérdida de inventario dentro de un esquema anual que mueve miles de toneladas. La magnitud del decomiso confirma que el narcotráfico opera en Paraguay con logística militar, capacidad económica masiva y niveles de penetración institucional que siguen comprometiendo la seguridad regional.
