Historiadores, sociólogos, politólogos, comunicadores y otros especialistas e investigadores coinciden en decir que el siglo XX -el siglo pasado- como el tiempo de las masas. Es que el poder solía medirse y exhibirse categóricamente con la gente en las calles. Los tiranos y los no tanto acostumbraban recurrir a fotos y videos (muchos en blanco y negro, todavía), primeras planas de los diarios, para demostrar el apoyo popular a sus personalismos y propuestas.
La Argentina no fue por cierto la excepción. En los análisis políticos de distintas épocas, se medía la fuerza de un candidato o dirigente (político, social, sindical, religioso) por su poder de convocatoria. “Perón llenó la Plaza de Mayo”. “Alfonsín, en campaña, inundó el Centro de Mendoza”. “Una multitud en la movilización de la CGT”. Así lo reflejaban los titulares. Los ejemplos podrían abundar. Y los matices serían infinitos: choripanes, micros, pagos extra a los militantes por asistir, mediante.
Pero el mundo cambio y el país también. El universo virtual y digital se convirtió en auténtica realidad (con perdón de la paradoja). Y las redes sociales comenzaron a ocupar el sitio que antes ostentaban las tribunas públicas, las voces enérgicas y sus correspondientes vítores.
Hoy, la medición de la opinión púbica se mide en repercusiones en RR.SS, tendencias (trends) en los grandes buscadores de temas y noticias. Y, claro, en las encuestas. En ese plano -el nuevo plano- es donde ha ganado mucho terreno la licencia social de los mendocinos hacia la minería. Que no significa un cheque en blanco, porque en las respuestas también aparecen palabras como “sustentable” y “controlada”, entre otras que admiten la necesidad de “diversificar” o “ampliar la matriz productiva de Mendoza”, pero no a cualquier costo.
De los políticos de la oposición mejor no hablar. Hay muchos que por lo bajo o en las mesas de café han admitido todos estos años de debate la necesidad de que la provincia aproveche sus riquezas subterráneas, para generar puestos de trabajo y movilizar una economía a la que le cuesta demasiado arrancar. Lo peor es que cuando les toca hablar en público o en el recinto de debates, han expresado lo contrario. Para no quedar “pegados” al Gobierno. Obediencia debida partidaria.
La minería en la Legislatura
El Senado de Mendoza se convierte esta en el epicentro de un crucial debate minero, con varios proyectos legislativos estratégicos en agenda que buscan impulsar la exploración y potencial explotación de recursos, principalmente cobre.
Esta movida, respaldada por la vicegobernadora Hebe Casado en la Legislatura y con el apoyo de sectores como la UOCRA, apunta a generar un “nuevo modelo económico” y nuevas oportunidades de empleo en Malargüe, donde ya se aprobaron importantes Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración de hasta 34 áreas dentro del Distrito Minero Occidental.
No obstante, el avance no está exento de controversia: mientras el oficialismo destaca el cumplimiento de la Ley 7722 y los “altos estándares de seguridad y cuidado ambiental”, legisladores del Partido Verde y algunos peronistas mantienen el rechazo, acompañados por las protestas de ambientalistas que claman por la defensa del agua y advierten sobre la “emergencia hídrica” en la provincia.
Este pulso entre el desarrollo productivo y la cautela ecológica marcará la semana en la Legislatura, donde se espera una votación con amplia mayoría a favor de consolidar a Mendoza como un actor clave en la minería de la transición energética.
Lo cierto es que el concepto de “licencia social“ para el desarrollo de la minería en Mendoza parece estar en un punto de inflexión, según demuestran encuestas e informes recientes. La histórica oposición de la provincia, simbolizada por las masivas marchas de años anteriores (y tanto sufrió el ex gobernador Rodolfo Suárez), ha cedido terreno ante una mayor aceptación ciudadana condicionada a controles estrictos, lo que representa un cambio de paradigma para la actividad productiva.

Encuestas de consultoras como Cultura Interactiva explican esta evolución. Un informe de mayo de 2025 reveló que el 61% de los mendocinos está de acuerdo con la minería en la provincia, aunque la mayoría lo supedita a una gestión ambiental responsable.
Específicamente, el 48,9% apoya la actividad, pero condicionada a mayores controles ambientales, mientras que solo el 32% mantiene una posición de prohibición. El especialista Federico Morales de Cultura Interactiva ha señalado este período como el de “mayor aceptación” de la minería en la historia reciente de la provincia, según destaca la publicación Agenda Industrial.
Esta tendencia favorable es validada por estudios nacionales. La consultora Poliarquía, en octubre de 2025, indicó que el 64% de los mendocinos cree que la minería puede generar empleo y un 53% la asocia al crecimiento económico, evidenciando un “beneficio de la duda” social hacia el desarrollo metalífero.
Este respaldo se vincula con la necesidad de diversificar la matriz productiva provincial y aprovechar el auge del cobre como mineral estratégico para la transición energética global.
El apoyo a emprendimientos concretos ha sido una manifestación clave de este cambio. El proyecto PSJ Cobre Mendocino (anteriormente conocido como San Jorge), ubicado en Uspallata, se convirtió en un caso de estudio. Las audiencias públicas realizadas en agosto pasado registraron un récord de participación ciudadana, según destaca el Gobierno provincial.
Minería, con respaldo real y digital
El proceso deliberativo, que incluyó la participación presencial en Uspallata y la modalidad virtual, culminó con un alto porcentaje de apoyo al desarrollo del proyecto, de acuerdo con las mediciones oficiales. Se habla de un respaldo institucional y ciudadano superior al 60%, que contrasta con la pérdida de intensidad de las protestas callejeras.
En efecto, las manifestaciones publicas contra la minería han perdido la masividad que caracterizó los picos de rechazo. Mientras que las movilizaciones de fines de 2019, que se opusieron a la modificación de la Ley 7722, llegaron a congregar a decenas de miles de personas en la Capital y el Gran Mendoza, las convocatorias actuales se encuentran muy lejos de esa escala.
Las protestas recientes concentran la participación en cientos de personas, reflejando que la polarización social inmediata ha disminuido y que el “peligro inminente” percibido por el grueso de la población ha sido reemplazado por la expectativa de una gestión controlada y transparente.
Esta pérdida de convocatoria masiva en la calle refuerza la percepción de un aumento en la licencia social para la actividad.
La agenda legislativa provincial acompaña esta nueva atmósfera de debate. Este martes, el Senado de la Provincia debatirá en comisión un paquete de leyes sobre minería que buscan reglamentar aspectos clave de la actividad, incluyendo la creación de un Fondo de Desarrollo Minero y normativas para la explotación responsable de minerales, con el objetivo de dotar a la provincia de un marco legal moderno que garantice los controles y la participación de los municipios.
Mendoza se encamina a una nueva etapa de su desarrollo productivo. El desafío para el Gobierno y las empresas es capitalizar las nuevas tendencias ciudadanas, fortaleciendo los controles ambientales y garantizando la transparencia en la explotación del cobre mendocino y otros minerales.
El éxito en esta gestión será la verdadera clave para consolidar la licencia social y despejar el camino para la minería responsable. Y para que Mendoza vuelva a crecer.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today

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