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Buenos Aires, 14 diciembre 2025-Total News Agency-TNA-
El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei que ingresó al Senado por medio de sesiones extraordinarias detonó nuevas tensiones con la CGT y otros sectores sindicales, tras conocerse que la reducción de los aportes patronales de 6 % a 5 % que financian las **obras sociales sindicales implicaría una pérdida estimada de unos 90.000 millones de pesos para el sistema de salud gremial. Esta evaluación preliminar realizada por dirigentes cegetistas pone en evidencia el punto de mayor conflicto dentro de una iniciativa que ya genera protestas y una marcha masiva prevista para el jueves 18 de diciembre en la Plaza de Mayo.
Altas fuentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), entre ellas los secretarios generales Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, calificaron la baja del aporte como un “ataque directo a las obras sociales sindicales”, al afirmar que ese punto representa un desfinanciamiento estructural del sistema de salud gestionado por los gremios. Argumentan que la rebaja afectaría de lleno la masa de recursos destinada a atención sanitaria para los trabajadores y sus familias, debilitando un pilar central del movimiento obrero argentino.
Además, sindicalistas señalaron que la disminución proyectada —calculada en cerca de 16.500 millones mensuales en el Fondo Solidario de Redistribución y alrededor de 96.000 millones en los fondos distribuidos entre obras sociales según datos de agosto— podría obligar a compensaciones que, según explicaron, solo serían posibles mediante un aumento sustancial del monotributo, algo que hoy la dirigencia considera inasumible para los trabajadores independientes.
Este aspecto de la reforma no solo profundiza las diferencias con la CGT, sino que también encendió alarma en sectores parlamentarios del oficialismo y de la oposición. Un senador de Unión por la Patria comentó que la medida podría tener efectos no previstos en la sostenibilidad del sistema de salud gremial, y que pese a que aún se siguen afinando los números, las aproximaciones iniciales dan “cifras astronómicas”.
Focos de conflicto sindical
Más allá de las obras sociales, el proyecto reformista contempla otras modificaciones laborales que sindicatos y gremios consideran un debilitamiento de derechos laborales clásicos. Entre ellas figuran cambios en el derecho de huelga, la negociación colectiva, y la redistribución de la primacía de convenios colectivos por empresa antes que por actividad, algo que para la CGT implica un debilitamiento de la acción colectiva organizada.
La iniciativa también incorpora la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte patronal del 3 % de las remuneraciones que se destinaría a cubrir indemnizaciones por despidos, aunque este aporte —al desvincularse parcialmente de los aportes previsionales tradicionales— ha sido criticado por sindicalistas que sostienen que los jubilados y el sistema previsional serán los grandes perjudicados por la transferencia de recursos hacia este fondo de despidos.
Marcha y coordinación sindical
La respuesta de las organizaciones sindicales ha sido tajante. La CGT, junto con las dos CTA y las 62 Organizaciones, anunciaron la convocatoria a una marcha masiva para el próximo jueves 18 de diciembre en la Plaza de Mayo como forma de protesta y rechazo al proyecto, que según consideran representa una profunda modificación regresiva en materia de derechos laborales y sociales.
Además de la movilización, el sindicalismo ha señalado que la reforma contempla límites a aspectos fundamentales como la huelga y fortalece a los empleadores en detrimento de la protección de los trabajadores, mientras que, desde Casa Rosada, el Gobierno insiste en que las medidas buscan “dinamizar el mercado laboral”, reducir la informalidad y promover la formalización del empleo.
Debate legislativo y estrategia política
En el ámbito parlamentario, la discusión sobre el proyecto también ha generado debate estratégico. Legisladores del peronismo y aliados buscan dividir los aspectos fiscales de la reforma laboral, proponiendo que los cambios impositivos se debatan en leyes separadas —especialmente aquellos vinculados a aportes y contribuciones— para tratar de frenar o moderar el impacto más severo de las propuestas en el Congreso.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su parte, minimizó las críticas y sostuvo que el proyecto está “terminado” y será debatido tal como fue enviado al Parlamento, aunque admitió diferencias internas sobre aspectos técnicos, incluidos los relacionados con las contribuciones patronales y su impacto en la ANSES y otros fondos previsionales.
La reforma laboral de Milei —presentada en un contexto de mayor presencia parlamentaria de su espacio político tras las elecciones de octubre— busca además otorgar mayor flexibilidad a los empleadores respecto de horarios, vacaciones e indemnizaciones, al tiempo que propone incentivos a la formalización de empleo y nuevas modalidades de contratación.
Impacto económico y social
Los sectores sindicales sostienen que, de aprobarse sin modificaciones sustanciales, la reforma no solo desfinanciará obras sociales sindicales y afectará las finanzas previsionales y de salud, sino que además reforzará la desigualdad entre empleadores y trabajadores, debilitando derechos laborales conquistados históricamente y reduciendo las capacidades de negociación colectiva de los sindicatos.
Por su parte, el Ejecutivo argumenta que se trata de un paquete integral que apunta a modernizar y hacer más competitivo el mercado laboral argentino, un objetivo que, según dicen sus voceros, requiere ajustes estructurales que no pueden demorarse pese a las críticas sindicales y políticas.
Fuentes consultadas: iProfesional, Reuters, Buenos Aires Herald, Clarín, Página/12, Infobae, El País, Ámbito Financiero.
