Buenos Aires, 15 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA- En las últimas semanas, el Gobierno del presidente Javier Milei ha implementado una serie de decisiones y maniobras estratégicas que han alterado de manera significativa la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Argentina, generando tensiones institucionales y una fuerte preocupación entre magistrados, sectores políticos y analistas, en un contexto marcado por la presentación de la ambiciosa reforma laboral y el escándalo judicial conocido como caso ANDIS.
El detonante de esta dinámica fue la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado cercano a Milei, que lo vinculaban con presuntas coimas en contratos de medicamentos en los que se mencionaba a Karina Milei, hermana del presidente. Estos registros, que forman parte de la investigación penal en curso, fueron ampliamente comentados en tribunales federales, donde Spagnuolo negó los cargos en una audiencia ante el juez Sebastián Casanello, sin entrar en detalles sobre las imputaciones. La causa, además de involucrar a Spagnuolo, incluye acusaciones de fraude, soborno y manejo incompatible con el cargo, y ha ampliado su foco más allá de la ANDIS a otras figuras y contratos estatales.
El impacto político de la filtración de los audios fue inmediato y colocó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el centro de una pulseada judicial y mediática. Desde la Casa Rosada se respondió con acciones legales para restringir la circulación de más grabaciones, argumentando que se trataba de una maniobra de desinformación y operación política.
Más allá de la gestión de crisis mediática, el Gobierno ejecutó una jugada política de gran alcance al asegurar un asiento para el diputado cordobés Gonzalo Roca, de La Libertad Avanza, en el Consejo de la Magistratura de la Nación, desplazando a la Unión Cívica Radical (UCR) del espacio que pertenecía por acuerdo parlamentario. Este movimiento consolida la influencia de Karina Milei y del oficialismo dentro del órgano encargado de seleccionar, evaluar y eventualmente sancionar a los jueces, una “cocina” institucional clave para el futuro del sistema judicial argentino.
La presencia de dos representantes afines al Ejecutivo en el Consejo —Roca y Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y enlace con el Poder Judicial— busca dotar al Gobierno de mayor control sobre las decisiones que afectan tanto la designación de magistrados como la apertura de juicios políticos contra jueces por “mal desempeño”. En el oficialismo explican que esta estrategia responde a la necesidad de enfrentar lo que consideran una resistencia estructural dentro del sistema judicial frente a las transformaciones planteadas por la Casa Rosada.
Este escenario se entrelaza con la presentación al Congreso de un proyecto de reforma laboral cuyo debate se transformó en otro centro de conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Incluido en la iniciativa, enviada a la Cámara alta el 11 de diciembre, hay artículos que apuntan directamente al funcionamiento de la Justicia Nacional del Trabajo, proponiendo que los jueces laborales ajusten sus decisiones a precedentes de la Corte Suprema y estableciendo que la vigencia de ese fuero será transitoria hasta un acuerdo de traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, con su progresiva disolución posterior.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y agrupaciones de jueces laborales hicieron pública su oposición, advirtiendo que dichos artículos vulneran la independencia judicial y amenazan con “aniquilar” o “desguazar” el fuero, y expresaron su rechazo categórico a las modificaciones, en particular al llamado artículo 91, que facilitaría la transferencia de los juzgados nacionales a la órbita porteña.
La propuesta oficial tiene, además, respaldo político en sectores que demandan mayor flexibilidad para las empresas y una reducción de la supuesta “industria del juicio” laboral, respaldos que se suman a la presión del Ejecutivo para avanzar con la reforma antes de fin de año. La iniciativa, que también propone cambios estructurales a las normas de indemnización y otros aspectos del derecho del trabajo, ya generó marchas de protesta de centrales sindicales como la CGT y críticas de la oposición parlamentaria.
En este contexto de tensión, diversos actores judiciales mantienen un estado de alerta institucional, y la reconfiguración de espacios como el Consejo de la Magistratura se percibe como una herramienta clave en la estrategia del Gobierno para enfrentar posibles frenos legales a sus políticas. A la par, la oposición advierte que la combinación de movimientos legislativos y judiciales podría socavar la tradición de independencia del Poder Judicial, mientras el oficialismo sostiene que enfrenta resistencias corporativas que obstaculizan reformas profundas en el país.
