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Buenos Aires, 16 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-El desembarco de Matías Fernando Ranzini como director titular del Banco de la provincia de Buenos Aires no es un movimiento técnico ni una simple designación administrativa. Se trata de una decisión política cargada de implicancias institucionales, que revela la arquitectura de una negociación subterránea impulsada por el gobernador Axel Kicillof para destrabar el endeudamiento bonaerense en la Legislatura, aun a costa de comprometer principios elementales de ética pública y de exponer conflictos de interés evidentes en la conducción de la principal banca estatal del país.
Ranzini, diputado provincial por Zárate y hombre de extrema confianza de Cristian Ritondo, accedió a uno de los sillones más sensibles del Estado bonaerense: el directorio del Banco Provincia. No se trata de un cargo menor. El BAPRO es una herramienta central de política económica, financiera y crediticia del gobierno provincial, con injerencia directa en el financiamiento de municipios, empresas, obras públicas y programas estratégicos. Su directorio maneja decisiones que impactan de manera directa sobre el flujo de fondos, los créditos productivos y la salud financiera de la provincia.
La ampliación del directorio para incorporar a Ranzini fue leída en el ámbito político como parte de un intercambio de favores legislativos, destinado a garantizar apoyos clave del PRO ritondista para autorizar nuevo endeudamiento, según informó Realpolitik. El mecanismo, clásico en la política bonaerense, vuelve a poner sobre la mesa la utilización de cargos estratégicos como moneda de cambio, con el agravante de que esta vez se trata de la conducción de una entidad financiera pública.
El punto más delicado del caso no reside únicamente en la negociación política, sino en el entramado de intereses privados que rodea al flamante director. Ranzini figura como socio fundador de RT Consultores y Asociados SRL, una empresa privada constituida en 2020 cuyo objeto social incluye la consultoría y el asesoramiento en políticas públicas, planes de inversión y desarrollo destinados a organismos públicos, además de estrategias de comunicación y campañas para el sector estatal.
La incompatibilidad es directa y difícil de disimular. Un directivo de un banco público no debería, bajo ningún estándar razonable, integrar una sociedad privada que declara trabajar con organismos del Estado. La frontera entre quien decide el financiamiento y quien asesora a potenciales beneficiarios se vuelve peligrosamente difusa. El principio es básico: nadie puede estar de ambos lados del mostrador, y mucho menos cuando se trata de la banca pública.
El conflicto se profundiza al observar la identidad del socio de Ranzini en esa firma: Federico Nicolás Taiano, hijo del fiscal federal Eduardo Taiano, magistrado a cargo de causas de alto impacto institucional, entre ellas una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el propio Cristian Ritondo. La superposición entre vínculos familiares, negocios privados, cargos legislativos y posiciones estratégicas en el Estado configura una zona gris que erosiona la credibilidad institucional.
Federico Taiano no es un actor ajeno al poder. Su recorrido incluye pasos por el Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de Ritondo, contratos en la municipalidad de Escobar, funciones en la Cámara de Diputados de la Nación y un cargo en la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En paralelo, participó en sociedades privadas vinculadas a consultoría política, incluso con una réplica en Estados Unidos registrada en Delaware y Washington DC.
El recorrido de Ranzini dentro del ritondismo es lineal y sin fisuras: subsecretario de Asuntos Institucionales en Seguridad durante el gobierno de María Eugenia Vidal, diputado provincial desde 2017, jefe del bloque PRO, candidato itinerante según conveniencias electorales y representante municipal en sociedades con participación estatal. Su llegada al Banco Provincia aparece como la culminación lógica de una carrera política construida al amparo del poder partidario.
El interrogante que queda abierto tras esta designación excede los nombres propios. ¿Puede el Banco Provincia preservar su rol institucional cuando su directorio se convierte en prenda de negociación política? ¿Quién controla los conflictos de interés en la banca pública bonaerense? ¿Hasta dónde puede llegar el uso de cargos estratégicos para garantizar gobernabilidad legislativa?
El caso Ranzini no parece una excepción, sino un síntoma de una práctica arraigada donde los límites entre lo público y lo privado se diluyen, y donde la ética institucional queda subordinada a la aritmética política. En ese terreno resbaladizo, la banca pública deja de ser una herramienta de desarrollo para transformarse en botín de negociación.
