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Washington, 16 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, profundizó su ofensiva contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional con dos decisiones de alto impacto que redefinen el enfoque de Washington en materia de seguridad interna y externa. En una señal política contundente, la Casa Blanca declaró al fentanilo ilícito y a sus precursores químicos como armas de destrucción masiva, mientras que el Departamento de Estado avanzó en la designación del Clan del Golfo de Colombia como organización terrorista extranjera, ampliando el alcance de la guerra global contra las redes criminales.
La primera de las medidas fue formalizada mediante una orden ejecutiva firmada por Trump, que clasifica al fentanilo como un arma de destrucción masiva, equiparándolo a dispositivos químicos, biológicos o radiológicos por su capacidad de causar muertes masivas. Durante el anuncio, el mandatario fue explícito al describir el impacto devastador de esta droga sintética en la sociedad estadounidense. “Ninguna bomba hace lo que esto hace”, afirmó, al sostener que el fentanilo provoca entre 200.000 y 300.000 muertes anuales, una cifra que, según su visión, justifica un tratamiento excepcional desde el punto de vista legal y estratégico.
Desde la administración estadounidense remarcaron que el fentanilo no debe ser considerado simplemente un narcótico, sino un instrumento de destrucción social utilizado por organizaciones criminales para desestabilizar comunidades enteras. La nueva clasificación habilita herramientas extraordinarias del Estado, tanto en el plano penal como en el de la seguridad nacional, y refuerza la narrativa de Trump de que el narcotráfico constituye una amenaza directa a la soberanía y la vida de los estadounidenses.
La decisión marca un endurecimiento sin precedentes en la política antidrogas de Estados Unidos y busca enviar un mensaje claro tanto hacia adentro como hacia el exterior: el tráfico de opioides sintéticos será tratado como una agresión deliberada, con consecuencias equiparables a las de un ataque no convencional. Si bien algunos especialistas cuestionan la viabilidad técnica de considerar al fentanilo como un arma de destrucción masiva en sentido estricto, la Casa Blanca apuesta a la fuerza simbólica y jurídica de la medida para justificar una respuesta mucho más agresiva contra los cárteles.
En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la designación del Clan del Golfo, la mayor organización criminal de Colombia, como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. La medida implica un salto cualitativo en la estrategia estadounidense, al equiparar formalmente a una estructura narcocriminal con grupos terroristas internacionales.
Rubio describió al Clan del Golfo como una organización “violenta y poderosa”, con miles de integrantes y una estructura financiada principalmente por el narcotráfico de cocaína, además de actividades como la minería ilegal y el tráfico de migrantes. Según Washington, el grupo es responsable de ataques armados contra fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y civiles, lo que refuerza su caracterización como una amenaza terrorista.
La designación tiene efectos legales inmediatos y de amplio alcance: congelamiento de activos, persecución penal por cualquier forma de apoyo directo o indirecto y habilitación de operaciones financieras y judiciales más agresivas. Además, refuerza la capacidad de Estados Unidos para actuar contra redes vinculadas al grupo fuera del territorio colombiano.
La medida se produce en un contexto de tensión creciente entre Washington y Bogotá, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental como parte de la ofensiva antidrogas impulsada por Trump, y por los cuestionamientos del gobierno colombiano a la estrategia de seguridad norteamericana. La designación del Clan del Golfo complica, además, los diálogos de paz que el grupo mantenía con el gobierno de Gustavo Petro, y expone una divergencia profunda entre la lógica de negociación regional y la línea de tolerancia cero adoptada por la Casa Blanca.
Con estas decisiones, Trump consolida una doctrina de confrontación frontal contra el crimen organizado, que ya incluyó la designación como terroristas de los principales cárteles mexicanos, bandas transnacionales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, y organizaciones criminales de Ecuador y Venezuela. El mensaje es inequívoco: para Estados Unidos, el narcotráfico dejó de ser un problema policial y pasó a ser tratado como un fenómeno de guerra híbrida, con implicancias geopolíticas.
La combinación de la clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva y la ampliación de la lista de organizaciones terroristas marca un límite político y estratégico que redefine el tablero regional. Trump apuesta a una ofensiva sin matices, convencido de que la seguridad nacional comienza fuera de las fronteras y que el crimen organizado debe ser enfrentado como un enemigo, no como un actor negociable.
