Buenos Aires, 17 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-Irán afronta una de las peores crisis de contaminación atmosférica de su historia reciente, con niveles de polución que han alcanzado cifras “dañinas y peligrosas” para la salud pública en varias de sus principales ciudades, entre ellas Teherán, Mashhad, Isfahán y Ahvaz. La combinación de combustibles altamente contaminantes, mala gestión energética, negligencia en políticas ambientales y prioridades estatales cuestionadas ha multiplicado los efectos del smog, disparado internaciones por afecciones respiratorias y aumentado la indignación social, incluso ante las severas restricciones a la libertad de expresión impuestas por el régimen islámico.
Según informes especializados sobre la crisis, el uso continuado de mazut y fueloil, combustibles que presentan un contenido de azufre y partículas extremadamente alto en comparación con los estándares internacionales, ha sido una de las causas principales del deterioro de la calidad del aire en Irán durante los meses más fríos de 2025. La falta de inversión en infraestructura de gas natural y la dependencia de fuentes de energía contaminantes han sido señaladas por analistas como un factor estructural de la crisis.
Uno de los críticos más notables de esta realidad ha sido Esmail Kahram, activista medioambiental y ex asesor de la Agencia de Protección Ambiental de Irán, quien ha cuestionado duramente las prioridades del régimen teocrático. Kahram destacó que la elevada inversión militar —como la estimación de que cada misil iraní costaría alrededor de dos millones de dólares— contrasta con la escasa asignación de recursos para la transición energética y políticas de reducción de emisiones contaminantes. Según defensores medioambientales, la mala calidad del combustible, la antigüedad del parque automotor y la falta de mecanismos eficientes de control ambiental han agravado la situación, donde el fueloil contribuye de manera desproporcionada al smog en zonas urbanas densamente pobladas.
La respuesta del régimen a estas expresiones de crítica ha sido contundente. En lugar de abrir un espacio de diálogo o implementar reformas estructurales urgentes, las autoridades judiciales iraníes presentaron cargos contra Kahram por presunto “atentado contra la seguridad nacional”, junto con el editor jefe del sitio web Jamaran que difundió sus declaraciones. Esta represión judicial no es un hecho aislado dentro de Irán, donde activistas medioambientales y defensores de derechos humanos enfrentan regularmente acusaciones penales, detenciones arbitrarias y procesos judiciales severos por manifestar opiniones disidentes.
Entidades especializadas en salud pública han alertado que la crisis del aire contaminado en Irán ha provocado un número considerable de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y que las medidas temporales como el cierre de escuelas o la restricción de circulación vehicular son insuficientes sin políticas estructurales de mejora ambiental. Los analistas señalan que la falta de implementación efectiva de leyes ambientales ya sancionadas, combinada con prioridades estatales orientadas hacia fuerzas de seguridad, programas militares y gasto bélico, agrava el impacto sobre miles de ciudadanos, especialmente niños, ancianos y personas con afecciones preexistentes.
La crisis también refleja un conflicto central dentro del sistema iraní: la tensión entre reconocer problemas urgentes que afectan diariamente a la población y la tendencia del régimen a percibir toda crítica como una amenaza a su estabilidad interna. Esto se traduce, en muchos casos, en la criminalización de voces expertas que alertan sobre la magnitud de los daños ambientales y sus consecuencias sanitarias y económicas.
Organizaciones internacionales, incluidos observadores de derechos humanos, han condenado las restricciones a la libre expresión en Irán y han instado al gobierno a permitir un debate abierto sobre políticas públicas esenciales como la gestión ambiental, la calidad del aire y el bienestar de la población. Sin embargo, el avance de medidas represivas y la escasez de reformas profundas auguran un panorama en el que la degradación ambiental sigue estando subordinada a prioridades políticas y militares, con costos humanos, sociales y económicos cada vez más severos.
