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Buenos Aires, 17 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional encendió una señal de alarma tras la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados y dejó en claro que, tal como salió del recinto, el proyecto ya no le resulta útil para la estrategia económica que impulsa el presidente Javier Milei. En la Casa Rosada sostienen que el texto aprobado vulnera el principio de déficit cero y que, de no corregirse en el Senado, forzaría al Ejecutivo a administrar un esquema de gasto incompatible con el mandato electoral de superávit fiscal.
La Libertad Avanza logró aprobar el Presupuesto en general con 132 votos afirmativos, marcando un hito político al conseguir por primera vez una media sanción de este tipo desde su llegada al poder. Sin embargo, el oficialismo considera que el resultado fue apenas un triunfo parcial. El punto de quiebre estuvo en el rechazo del Capítulo XI, el núcleo más sensible del proyecto, que contemplaba la derogación de leyes que el Gobierno considera incompatibles con el equilibrio de las cuentas públicas.
Ese capítulo incluía la eliminación de normas como la de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario, que, según el Ejecutivo, generan obligaciones de gasto permanentes imposibles de sostener sin recurrir al déficit. La votación terminó con 117 votos a favor, 123 en contra y dos abstenciones, lo que dejó vigente ese entramado legal y, a juicio del oficialismo, desnaturalizó el espíritu del Presupuesto.
Desde la madrugada, en Balcarce 50 el diagnóstico fue contundente. Altas fuentes del Poder Ejecutivo afirmaron que el proyecto que ahora pasará al Senado “vulnera el déficit cero” y consolida un esquema fiscal que obliga al Presidente a gobernar sin superávit primario, una opción que el Gobierno considera inaceptable. Para el oficialismo, el debate excede lo técnico o reglamentario y se inscribe en una disputa de fondo entre dos modelos: el del déficit estructural del pasado y uno nuevo basado en la responsabilidad fiscal.
En el análisis político que hacen los libertarios, la votación del Capítulo XI no fue un accidente parlamentario sino una maniobra deliberada. En la Casa Rosada responsabilizan directamente a seis gobernadores por haber ordenado a sus legisladores votar en contra del corazón del ajuste fiscal. Entre ellos señalan especialmente a Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, mandatarios a los que el Gobierno había asistido con importantes transferencias vía Aportes del Tesoro Nacional y que, aun así, se alinearon contra la posición oficial.
Pero la mayor sorpresa llegó con otros tres gobernadores que, según el Ejecutivo, cambiaron su postura a último momento. Rolando Figueroa, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo quedaron en el centro de las críticas internas, ya que sus espacios habían mantenido vínculos políticos y electorales con La Libertad Avanza. En el oficialismo interpretan ese giro como una señal de presión coordinada para condicionar al Presidente y empujarlo a administrar un presupuesto sin superávit.
La estrategia parlamentaria del Gobierno había buscado evitar este desenlace. Ante la incertidumbre sobre el artículo que derogaba las leyes de mayor impacto fiscal, los negociadores libertarios promovieron que la votación se realizara por capítulos y no por artículos, con la expectativa de forzar la aprobación del paquete completo. El cálculo político no funcionó y dejó expuesta la fragilidad de los acuerdos con los bloques provinciales.
Ahora el foco se traslada al Senado. En el Gobierno anticipan que habrá gestiones intensas para modificar el proyecto y reinstalar las herramientas fiscales que consideran indispensables. Si ese objetivo no se logra, en la Casa Rosada no descartan avanzar con un veto parcial o total, aun a costa de profundizar el conflicto con gobernadores y sectores de la oposición dialoguista.
Para Milei y su equipo económico, el Presupuesto no es una ley más sino la piedra angular del programa de estabilización. Sin superávit fiscal, sostienen, se pone en riesgo la credibilidad del plan económico, la baja de la inflación y la señal hacia los mercados. Por eso, el mensaje que transmiten es claro: el déficit cero no es negociable, incluso si eso implica tensar al máximo la relación política con el Congreso.
