En un clima político marcado por la reciente aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge y la histórica sensibilidad de la sociedad mendocina respecto al cuidado del agua, el Gobernador Alfredo Cornejo dio un paso estratégico para intentar legitimar el avance de la actividad de la minería.
Este lunes, el mandatario lanzó la Especialización para Inspectores del Estado, una capacitación de alto nivel técnico diseñada para uniformar y endurecer los controles sobre la industria minera. El mensaje fue claro: si la minería crece, el ojo del Estado debe ser infalible.
El control de la minería como respuesta a la resistencia
La iniciativa surge en un momento bisagra. Ante la reactivación de proyectos y la persistente desconfianza de sectores antimineros que defienden el recurso hídrico, Cornejo decidió centrar su discurso en la capacidad de fiscalización.
“Respetamos el derecho a disentir, pero nuestro mayor esfuerzo está puesto en quienes tienen dudas sobre la capacidad de control del Estado; a ese sector le prestamos la mayor atención”, afirmó el Gobernador.
Para el Ejecutivo, la clave de esta “nueva era minera” no reside solo en la inversión económica, sino en la tecnología y la formación. Cornejo aseguró que Mendoza está hoy en mejores condiciones que hace una década, destacando la conectividad satelital, vehículos de alta montaña y equipamiento técnico que permiten un monitoreo en tiempo real.
Los detalles de la especialización: 1.000 agentes a la calle
La capacitación no será un curso aislado, sino un programa integral coordinado por el Ministerio de Educación, la DGE y el Instituto de Educación Superior.
Claves del programa:
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Alcance: Dirigido a inspectores de la Policía Ambiental Minera, Vialidad, Iscamen, Gendarmería y municipios.
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Meta inicial: 1.000 agentes capacitados para el primer trimestre de 2026.
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Formación: 100% virtual, con una carga de 240 horas y certificación oficial (otorga puntaje para concursos estatales).
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Ejes temáticos:
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Trazabilidad y guías de transporte de minerales.
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Seguridad e higiene en operaciones logísticas.
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Control de rutas y accesos provinciales.
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Cumplimiento de normativas ambientales y territoriales.
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Un Estado articulado: “El ambiente es innegociable”
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, reforzó la visión transversal de la política oficial. “La fiscalización ambiental no puede ser solo del Ministerio de Ambiente; tiene que ser una tarea del Estado en su conjunto”, señaló.
Latorre destacó que se busca eliminar la ineficiencia de organismos trabajando por separado. Con la reciente modificación del Código de Procedimiento Minero, ahora incluso la Policía de Mendoza tiene la facultad de inspeccionar las guías de tránsito de minerales, integrando a todas las fuerzas en la cadena de custodia del recurso.
Participación Ciudadana
Como un guiño directo a las organizaciones sociales y ONG, la Ministra recordó que se encuentran abiertos los monitoreos participativos. A través de la Unidad de Gestión Ambiental, los ciudadanos pueden sumarse a las fiscalizaciones, buscando construir la “licencia social” mediante la transparencia absoluta de los datos.
El camino hacia 2026
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, confirmó que las inscripciones abrirán el 6 de febrero de 2026. Esta especialización busca que cualquier agente público, ya sea municipal, provincial o nacional, maneje una “base mínima común” para detectar irregularidades en el territorio.
En definitiva, el Gobierno de Mendoza apuesta a la profesionalización extrema como el único camino para destrabar el conflicto minero. Con el proyecto San Jorge en el horizonte y la lupa de la sociedad sobre el agua, Cornejo sabe que la eficacia de sus mil inspectores será, en última instancia, el examen final de su gestión económica.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
