Por Nicolás J. Portino González
La reciente eliminación de controles críticos en la aviación privada ha generado un debate que trasciende la eficiencia económica para entrar en el terreno de la seguridad nacional. Al suprimir la obligatoriedad del plan de vuelo interno y flexibilizar las licencias, se desarticula la trazabilidad preventiva, el primer anillo de contención contra el tráfico ilícito por vía aérea.
Sin plan de vuelo no hay alerta.
El plan de vuelo es el instrumento que permite a los centros de control detectar desviaciones sospechosas en tiempo real. Su eliminación para vuelos privados crea un escenario de invisibilidad administrativa. En un país con vastas zonas rurales y pistas no controladas, la posibilidad de operar aeronaves sin declarar ruta ni carga facilita la logística de “bombardeo” de sustancias o el aterrizaje en campos privados sin que el Estado tenga un registro previo de la intención de vuelo.
Para que una medida de esta naturaleza no comprometa la seguridad, debería existir un sistema de radarización total y una respuesta de interceptación inmediata. Sin embargo, la realidad actual muestra una PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) con capacidades operativas reducidas, lo que deja el control en tierra en un estado de vulnerabilidad absoluta frente al ingreso de capitales y mercancías del narcotráfico.
La Sombra del narcotráfico en el control.
El riesgo se vuelve crítico cuando se analiza quiénes están a cargo de los “embudos” de control que quedan en pie. La reconfiguración de la SIDE y, fundamentalmente, la llegada de una estructura vinculada a Antonio “Jaime” Stiuso al mando de la nueva ARCA (ex AFIP/Aduana), configura un mapa de peligrosidad extrema.
Es imperativo señalar la vinculación histórica de Stiuso con sectores señalados por su connivencia con el narcotráfico y el contrabando. La Aduana es el último filtro de fiscalización; si ese organismo pierde integridad institucional y queda bajo la influencia de personajes asociados a las cloacas del espionaje y el tráfico de influencias, la desregulación aérea deja de ser una medida liberal para convertirse en una facilidad logística.
El desmonitoreo del flujo de activos en la aviación privada es uno de los vectores principales para el movimiento de divisas y estupefacientes. Sin planes de vuelo, el seguimiento de activos se vuelve una tarea casi imposible para las unidades de inteligencia criminal.
El debilitamiento de la inteligencia criminal en la falta de datos de vuelo impide alimentar las bases de datos del Ministerio de Seguridad y la SIDE con patrones de conducta sospechosos, facilitando la libre circulación de actores vinculados a redes transnacionales.
La inoperancia en la que se encuentra la PSA produce su inmediata incapacidad de perfilamiento de riesgo, actuando solo de manera reactiva ante el hecho consumado.
La libertad de volar no debería significar la libertad de operar bajo el radar del Estado. La combinación de una normativa laxa con una estructura de control (SIDE-ARCA) influenciada por figuras con antecedentes de vinculación narcocriminal, genera un escenario de “zona liberada aérea”. Sin controles rigurosos y autoridades libres de sospecha, la simplificación administrativa corre el riesgo de ser el mejor aliado del crimen organizado en la región
