Buenos Aires, 23 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses remarcó en un nuevo informe enviado al juzgado que no se detectaron restos biológicos que indiquen una agresión sexual en el cuerpo de Lucca, el niño de cuatro años hallado sin vida en la playa de Garrucha, en la provincia de Almería, España, lo que altera de forma significativa el curso de la investigación judicial y abre un nuevo capítulo en la causa que conmocionó a la opinión pública española y europea.
El dictamen toxicológico definitivo, al que accedieron medios españoles, concluye que las exhaustivas pruebas practicadas sobre las muestras biológicas del menor no detectaron indicios de ADN ajeno o señales de contaminación biológica compatibles con una agresión sexual. La búsqueda de espermatozoides, antígeno prostático específico (PSA) y marcadores de amilasa humana —utilizados para identificar la presencia de semen o saliva ajena— arrojó resultados negativos, según el informe remitido al Juzgado de Instrucción que tramita el caso. De este modo, el informe desestima la hipótesis de abuso sexual que inicialmente se barajó tras la autopsia preliminar y la inspección forense inicial.
Los resultados científicos han sido interpretados por los peritos como un elemento que debilita la hipótesis más grave que pendía sobre Juan David R.C., la pareja de la madre de Lucca y principal investigado, actualmente en prisión provisional acusado de asesinato y maltrato continuado. La defensa del imputado ha sostenido desde el inicio que no hubo agresión sexual, y argumenta que las lesiones y fluidos observados en las primeras fases de la investigación pudieron deberse a condiciones intestinales severas o a otros factores no relacionados con un ataque de carácter sexual.
El análisis del Servicio de Biología forense también concluyó que el perfil genético masculino obtenido de las muestras coincide exclusivamente con el del propio menor, sin presencia de ADN externo que avale la teoría de una agresión de terceros. En paralelo, las pruebas del Servicio de Química confirmaron rastros de ibuprofeno y de un metabolito de este medicamento en la sangre del niño. La madre de Lucca y su pareja reconocieron ante la justicia, en audios presentados por la defensa, que estaban suministrando el antiinflamatorio al niño cada cuatro horas, siguiendo recomendaciones extraídas de Internet, con la intención de aliviar un malestar gastrointestinal.
La defensa ha planteado ante el juzgado un cambio de calificación de los hechos, solicitando que la acusación principal por asesinato con agresión sexual sea reclasificada como homicidio imprudente, por lo que consideran que la muerte de Lucca fue el resultado de una “negligencia sanitaria absoluta”. Según esta línea argumental, prácticas de curanderismo, masajes abdominales inapropiados y la administración indiscriminada de fármacos habrían agravado el estado de salud del menor, derivando en una hemorragia interna fatal o un cuadro de shock hipovolémico.
La evolución del caso se produce en un contexto de enorme conmoción social en España y de atención mediática internacional. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Lucca en un búnker costero de Garrucha, se inició un operativo policial que incluyó búsqueda intensiva por tierra y mar, participación de la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil. La madre y su pareja fueron detenidos poco después del hallazgo y puestos a disposición judicial con prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Los primeros informes forenses y las investigaciones preliminares habían señalado signos de violencia física y posibles indicios de abuso sexual, basados en observaciones iniciales de “desgarros” y sustancias en el cuerpo del menor. Sin embargo, esos elementos no han sido confirmados por los análisis toxicológicos y genéticos más detallados, que hasta ahora constituyen la evidencia científica más sólida disponible.
El caso ha generado un intenso debate público no solo por la extrema violencia del suceso, sino también por la discusión en torno a la interpretación de las pruebas forenses y el tratamiento mediático de las investigaciones sobre delitos contra menores. Organizaciones sociales y activistas por los derechos de la infancia han exigido transparencia y rigor en la investigación, al tiempo que instan a las autoridades judiciales a garantizar que se esclarezcan todos los hechos y se haga justicia en función de la evidencia objetiva.
Mientras tanto, la causa sigue su curso en el sistema judicial español. El juez encargado de la instrucción continúa recabando pruebas y evaluando las solicitudes de la defensa y la acusación, en medio de un amplio escrutinio público y mediático sobre los próximos pasos procesales y las posibles consecuencias legales para los imputados.
