La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió adoptar un perfil bajo durante el fin del año y el inicio de este verano, en una maniobra que desde diversos sectores se interpreta como una “tregua técnica” o “vacaciones políticas”. Según fuentes citadas por la agencia Noticias Argentinas, la central obrera optó por estirar los plazos de confrontación directa para concentrar sus fuerzas en el mes de febrero, momento clave en el que se espera que el Congreso Nacional comience el tratamiento formal de Ley de Modernización Laboral.
Esta decisión no implica una desmovilización total, sino un repliegue estratégico. Los líderes sindicales entienden que el escenario de enero es poco propicio para las grandes movilizaciones debido al receso administrativo y legislativo. Por ello, han pactado un monitoreo constante de la situación económica pero sin convocar a paros generales inmediatos, priorizando el diálogo con las distintas bancadas opositoras en el Parlamento para asegurar el rechazo de los artículos que consideran más lesivos para los derechos adquiridos.
El diario Crónica destaca que esta postura de la CGT busca evitar un desgaste temprano frente a una opinión pública que todavía procesa el impacto de las medidas económicas iniciales. Al posponer las acciones directas hasta febrero, la central sindical apuesta a que el debate parlamentario sirva de catalizador para una resistencia más organizada y con mayor apoyo de otros sectores sociales afectados por el ajuste.
Distintas fuentes gremiales subrayan que, puertas adentro, existe una tensión latente entre los sectores más dialoguistas y los más combativos de la central sindical. Sin embargo, el consenso actual es esperar a que el texto definitivo de la reforma laboral llegue a las comisiones para desplegar el “plan de lucha”. Esta estrategia permite además reorganizar la logística de los gremios de cara a un año que se anticipa con altos niveles de conflictividad.
Reforma laboral y mediana empresa
Mientras la CGT se mantiene a la expectativa, el sector empresarial ha comenzado a mover sus fichas con celeridad. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) viene presentando una serie de reclamos específicos que buscan ser incluidos en la letra chica de la reforma laboral. El eje central de su pedido radica en la necesidad de aliviar la carga impositiva y legal que pesa sobre las pequeñas y medianas empresas, a las que consideran el motor del empleo privado en el país.
Uno de los puntos más urgentes que CAME ha manifestado, según ha trascendido, es la eliminación o limitación de las multas por falta de registro laboral o registro dficiente. Para la entidad, estas penalidades han generado una “industria del juicio” que pone en riesgo la supervivencia de las pymes. Proponen un sistema de regularización que permita blanquear empleados sin que esto signifique la quiebra del empleador por montos indemnizatorios astronómicos.
La citada cámara empresaria reclama la creación de un fondo de cese laboral similar al que utiliza el gremio de la construcción (UOCRA). Este sistema reemplazaría las indemnizaciones tradicionales por un seguro de desempleo constituido mediante aportes mensuales del empleador. De esta forma, las empresas tendrían una previsibilidad de costos mucho mayor al momento de desvincular personal, evitando sorpresas judiciales que impacten en su capital de trabajo.

Otro aspecto fundamental para CAME es la actualización de los convenios colectivos de trabajo. Piden que se contemple la multifuncionalidad de tareas y la flexibilización de las jornadas laborales para adaptarse a las demandas actuales. La entidad argumenta que las normativas vigentes son de hace décadas y no reflejan la realidad tecnológica ni operativa de los comercios y pequeñas industrias actuales.
Para los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, la inclusión de estos puntos representaría un cambio de paradigma en su estabilidad. La implementación de un fondo de cese laboral significaría que el empleado ya no percibiría una indemnización de pago único por parte del empleador, sino que accedería a un fondo acumulado. Esta posible legislación ha generado cierta preocupación en las bases sindicales, ya que elimina el “efecto disuasorio” que tiene la indemnización tradicional frente a los despidos arbitrarios.
Por otro lado, la eliminación de las multas por registro deficiente impacta directamente en la capacidad de los empleados para litigar ante situaciones de informalidad laboral. Noticias Argentinas señala que, para el trabajador, esto implica una pérdida de herramientas legales para reclamar por sus años de servicio no declarados. En este esquema, la flexibilidad de tareas podría traducirse en una mayor precariedad, marcando el eje del conflicto que la CGT planea judicializar, tal como lo han manifestado sus dirigentes.
¿Qué pasa con los estatales en Mendoza?
En el ámbito provincial, se sabe que la gestión de Alfredo Cornejo mantiene una pulseada crítica con los gremios estatales en torno a las paritarias. El Gobierno mendocino ha reforzado una postura de “caja blindada”, advirtiendo que los incrementos salariales no superarán la capacidad de recaudación efectiva de la provincia. Esta rigidez fiscal ha llevado a que gremios como el SUTE y ATE rechacen las propuestas iniciales, pasando a cuartos intermedios que extienden la incertidumbre hasta febrero.
Como ha publicado Mendoza Today, Cornejo busca evitar que la paritaria estatal se convierta en una variable que desequilibre el superávit fiscal que la provincia ostenta. Mientras el Ejecutivo ofrece sumas fijas y porcentajes que consideran “pagables”, los sindicatos denuncian una pérdida sistemática frente a la inflación y amenazan con endurecer las medidas de fuerza si no hay una mejora sustancial en los ítems específicos de cada escalafón.
La tensión en Mendoza espeja el clima nacional, con un verano marcado por negociaciones estancadas y la expectativa de un febrero con potenciales conflictos en los escritorios y en las calles.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today

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