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Buenos Aires, 26 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-La Federación Agraria Argentina (FAA) desmintió de manera categórica al Gobierno nacional al asegurar que no existen “tierras en desuso” dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y advirtió que el proceso de desmantelamiento del organismo, a través de la venta de campos y retiros voluntarios, pone en riesgo uno de los pilares históricos del desarrollo productivo y tecnológico del agro argentino. La postura fue explicitada por la presidenta de la entidad, Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, tras una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.
Sarnari explicó que la FAA viene trabajando en una auditoría propia sobre las tierras del INTA a nivel nacional y que, al menos en el relevamiento realizado en la región central del país, no se detectaron hectáreas improductivas. Si bien reconoció que aún resta completar el análisis en el Noreste (NEA) y el Noroeste Argentino (NOA), remarcó que la evidencia disponible contradice el argumento oficial que sostiene que cerca de 42.000 de las 100.000 hectáreas del organismo científico estarían ociosas.
El planteo del Gobierno se enmarca en un plan de “siete ejes” presentado a las entidades de la Mesa de Enlace, que incluye la reducción de la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la implementación de retiros voluntarios y la eventual venta de tierras bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Desde la FAA y otros sectores del agro, esa estrategia es vista como un debilitamiento directo de la capacidad científica y territorial del INTA.
Durante el encuentro con Iraeta, las entidades agropecuarias acordaron avanzar en un relevamiento conjunto de tierras productivas e improductivas, con participación regional y sin decisiones inmediatas sobre ventas o cesiones. No obstante, Sarnari advirtió que cualquier definición debe contemplar el rol estratégico que cumplen esas tierras en investigación, experimentación y transferencia tecnológica.
En ese punto, la dirigencia rural puso el foco en la trayectoria del INTA como motor del salto productivo del agro argentino en las últimas décadas. Desde la propia FAA y otras organizaciones técnicas recuerdan que el organismo fue clave en el desarrollo de sistemas de siembra directa, manejo sustentable de suelos, mejoramiento genético vegetal y animal, sanidad agropecuaria y eficiencia en la cría de ganado bovino, ovino y porcino.
Datos técnicos y balances institucionales muestran que, en los últimos años, el INTA participó activamente en la consolidación de uno de los sistemas de siembra más avanzados del mundo, con prácticas que permitieron aumentar rendimientos, reducir la erosión y optimizar el uso de insumos. En ganadería, sus programas de mejoramiento genético, nutrición animal y manejo de pasturas contribuyeron a elevar la productividad por hectárea y a mejorar los índices de eficiencia reproductiva, especialmente en regiones marginales.
Además, el modelo territorial del INTA —basado en estaciones experimentales, agencias de extensión y trabajo directo con productores— es considerado por las entidades rurales como una herramienta irremplazable para pequeños y medianos agricultores, que dependen de la asistencia técnica pública para incorporar tecnología, adaptarse al cambio climático y sostener la rentabilidad.
Desde la Federación Agraria sostienen que la eventual venta de tierras no solo implicaría una pérdida patrimonial, sino también la fragmentación de campos experimentales diseñados específicamente para ensayos de largo plazo, imposibles de reproducir en predios aislados o privados. En esa línea, Sarnari subrayó que “no se trata de campos improductivos, sino de tierras que cumplen una función estratégica para todo el sistema agropecuario”.
La controversia expone una tensión de fondo entre la estrategia de ajuste y reducción del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei y la visión del sector agropecuario que, aun reclamando eficiencia, defiende al INTA como una institución central para la competitividad del campo argentino. El debate sigue abierto y promete escalar a medida que avance el relevamiento nacional y se definan las decisiones sobre el futuro del organismo.
