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Buenos Aires, diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-La Asociación del Fútbol Argentino atraviesa un nuevo capítulo de deterioro institucional que profundiza las dudas sobre su gobernanza, su relación con el Estado y la opacidad de su administración. En el centro de la escena quedaron la contratación de una auditoría externa encabezada por el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, la continuidad de Claudio Tapia al frente de la entidad y una serie de renuncias en los tribunales internos que dejaron al sistema disciplinario prácticamente desarticulado.
La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de contratar asesoría legal externa se produjo en respuesta a la intimación de la Inspección General de la Justicia, que viene cuestionando aspectos centrales del funcionamiento institucional de la entidad. Durante una reunión del Comité Ejecutivo, presidida por Tapia, se acordó avanzar con una auditoría paga destinada, según el discurso oficial, a fortalecer la transparencia y los mecanismos de control.
Sin embargo, lejos de disipar dudas, la elección de Gil Lavedra como auditor generó fuertes cuestionamientos. En ámbitos jurídicos y políticos se interpretó que el contrato no apunta a una revisión independiente, sino a construir un blindaje técnico y simbólico para una conducción cada vez más cuestionada. El propio jurista aclaró que su tarea no guarda relación con causas judiciales en curso, pero esa explicación no alcanzó para neutralizar las críticas por aceptar un encargo que, en los hechos, aparece alineado con los intereses de la actual dirigencia.
La polémica se agrava por el contexto en el que se inscribe la auditoría. La AFA y sectores de su cúpula vienen siendo señalados en distintas investigaciones y presentaciones administrativas por presuntas irregularidades financieras, con sospechas que incluyen posibles maniobras de lavado de dinero. En ámbitos judiciales, esas sospechas también se vinculan a la hipótesis de que parte de esos fondos podrían tener origen ilícito, incluso ligado al narcotráfico, una sombra que la dirigencia del fútbol argentino nunca logró despejar de manera convincente.
En ese marco, la aceptación de un contrato pago por parte de Gil Lavedra es vista por críticos internos y externos como un “juego” funcional a la estrategia de Tapia: exhibir una auditoría de prestigio para ganar tiempo, amortiguar la presión del Gobierno y relativizar las acusaciones que pesan sobre un grupo dirigente seriamente cuestionado. El monto del contrato no fue informado y permanece bajo reserva, lo que alimenta aún más las sospechas sobre la verdadera finalidad del acuerdo.
Paralelamente, la crisis institucional quedó expuesta con una cadena de renuncias en los tribunales de Ética y Disciplina de la AFA. En ese contexto, acaban de renunciar dos integrantes de los tribunales de la AFA que además eran conjueces en la Corte Suprema de Justicia: Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez. Las dimisiones dejaron a los órganos disciplinarios virtualmente vaciados y reforzaron la percepción de que no existen garantías reales de independencia para quienes deben juzgar internamente a la dirigencia.
Fuentes del ámbito judicial señalaron que las renuncias responden a un clima de creciente incomodidad, presiones internas y falta de autonomía, en un escenario donde las decisiones sensibles terminan condicionadas por la conducción política de la AFA. La coincidencia temporal entre estas salidas y la contratación de la auditoría externa no pasó inadvertida y fue leída como parte de un reordenamiento defensivo frente a la avanzada estatal.
Mientras el Gobierno sostiene que las acciones de la IGJ buscan asegurar transparencia en una asociación civil de enorme impacto público, la AFA denuncia una supuesta injerencia política. Sin embargo, la combinación de auditorías a medida, contratos opacos y tribunales internos desmantelados refuerza la idea de que la crisis no es producto de una persecución externa, sino de años de prácticas poco claras bajo la gestión de Tapia.
Con un liderazgo cuestionado, sospechas financieras de extrema gravedad y figuras del derecho prestándose a operaciones de legitimación institucional, el fútbol argentino vuelve a quedar atrapado en una trama donde la pelota es lo menos importante y la credibilidad de su conducción se encuentra en mínimos históricos.
