Durante la audiencia pública por un nuevo aumento del boleto de colectivo en Mendoza, el abogado y presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, puso el foco en lo que definió como la principal irregularidad del sistema: el transporte público se encarece para el usuario aun cuando recibe subsidios crecientes, sin auditorías ni explicaciones claras sobre el destino de los fondos.
Según planteó, el esquema vigente rompe con la lógica básica del financiamiento del transporte: cuando sube la tarifa, los subsidios no disminuyen sino que aumentan en paralelo, lo que convierte al boleto en una carga adicional para el usuario sin impacto visible en la calidad del servicio.
Vadillo sostuvo que el sistema “no se financia con la tarifa, sino con recursos públicos”, y respaldó su afirmación con datos oficiales. En 2025, el Fondo Compensador del Transporte contó con un presupuesto de $235.000 millones, al que luego se sumaron refuerzos por más de $4.200 millones. Para 2026, el propio Gobierno provincial proyecta un gasto de $292.000 millones, un incremento superior al 22 % interanual.
El segundo mayor gasto de la provincia
“Estamos hablando de casi 300 mil millones de pesos anuales, en un sistema donde el usuario paga cada vez más, pero el Estado también pone cada vez más y nadie rinde cuentas”, advirtió. Según Vadillo, el transporte ya se convirtió en el segundo mayor gasto de la Provincia, por encima de áreas como Seguridad, Justicia y la Legislatura.
El dirigente también cuestionó la falta de correlación entre el aumento del boleto y las variables económicas que supuestamente lo justifican. Señaló que entre julio de 2023 y noviembre de 2025 el pasaje urbano aumentó cerca de 1.900 %, muy por encima de los salarios de los choferes, del precio del gasoil y de la inflación general. “No hay una explicación técnica para semejante diferencia. Es una decisión política”, afirmó.

Otro punto central de la denuncia fue la opacidad del sistema. Vadillo recordó que desde la licitación de 2019 existen herramientas tecnológicas —GPS, SUBE, sistemas de información en tiempo real— que permiten conocer con precisión kilómetros recorridos, pasajeros transportados y costos operativos. Sin embargo, aseguró que esos datos no se publican ni se auditan de manera independiente.
“El Estado tiene la información, pero no la muestra. En un sistema que consume casi 300 mil millones de pesos por año, la falta de transparencia no es un descuido: es una irregularidad grave”, sostuvo.
Para Vadillo, el aumento del boleto funciona como una “coartada” para sostener un modelo en el que las empresas no asumen riesgos, el Estado “financia sin control y el usuario paga dos veces”: con la SUBE y con sus impuestos. Antes de avanzar con nuevas subas, reclamó auditorías públicas, datos abiertos y control efectivo del servicio. “Sin eso, cualquier aumento es injustificado”, concluyó.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today




