Buenos Aires, 31 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-Un pedido formal de amnistía o indultos para los crímenes vinculados a la violencia política de la década del ’70 comenzó a circular en los despachos más sensibles del Poder Ejecutivo y reactivó uno de los debates más delicados de la democracia argentina. La iniciativa, impulsada por un grupo de civiles y militares nucleados en Pañuelos Negros y el denominado Grupo Patuso, plantea la equiparación jurídica entre integrantes de las Fuerzas Armadas y exguerrilleros, y fue elevada directamente al presidente Javier Milei.
El planteo se inscribe en una discusión de largo recorrido histórico. Al inicio del gobierno democrático de Raúl Alfonsín, en 1983, se había anunciado la decisión de juzgar tanto a militares como a responsables de la violencia terrorista. Sin embargo, mientras los procesos contra las Fuerzas Armadas avanzaron con el paso de los años, los integrantes de las organizaciones armadas responsables de miles de atentados y muertes nunca fueron sometidos a juicio penal, un punto que los impulsores del nuevo reclamo consideran una asimetría persistente del sistema.
La ofensiva actual se desarrolló sin actos públicos ni declaraciones altisonantes. El 23 de diciembre de 2025, la abogada Emma Corazza dio lectura al petitorio ante Silvia Ibarzábal, asesora y codirectora nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. El escrito ya había sido ingresado previamente por Mesa de Entradas de la Casa Rosada, con el objetivo explícito de provocar una intervención directa del Poder Ejecutivo.
La presentación se realizó en nombre de ciudadanos civiles y miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales y del Servicio Penitenciario Federal. Corazza actuó como letrada patrocinante de Pañuelos Negros y del Grupo Patuso, que sostienen que el terrorismo de izquierda de los años ’70 —impulsado, según su argumentación, desde Cuba y ejecutado localmente por organizaciones como Montoneros, el ERP y otros grupos— asoló al país con una violencia que aún no tuvo respuesta judicial equivalente.
El núcleo del pedido es concreto. El documento solicita que Milei promueva una ley de amnistía para militares y exguerrilleros involucrados en los hechos de violencia política, invocando el artículo 75 inciso 20 de la Constitución Nacional, según informo el sitio RealPolitik. De manera subsidiaria, propone la utilización de decretos de indulto o conmutación de penas, conforme al artículo 99 inciso 5, previo informe de los tribunales intervinientes.
El texto evita consignas emocionales y se apoya en una argumentación jurídica extensa. Cita doctrina constitucional, fallos de la Corte Suprema, interpretación de tratados internacionales y jurisprudencia comparada, incluyendo antecedentes regionales. Los autores mencionados incluyen constitucionalistas de peso y se sostiene que la Constitución no prohíbe de manera expresa la amnistía, incluso frente a los límites de los artículos 29 y 36. También se enfatiza la supremacía del texto constitucional por sobre los tratados internacionales, conforme a los artículos 27 y 75 inciso 22.
Un aspecto central del escrito es la apelación a la reconciliación nacional. El pedido se apoya en el preámbulo constitucional, invoca la paz interior y el bienestar general, y utiliza un lenguaje que incorpora referencias religiosas, aludiendo a la protección de Dios como “fuente de toda razón y justicia”. Según los firmantes, luego de más de medio siglo de los hechos existirían condiciones históricas y políticas distintas para cerrar definitivamente el ciclo de violencia.
El documento insiste en la equiparación entre militares y exguerrilleros, lo que supone una revisión profunda del consenso en materia de derechos humanos construido por la izquierda desde 2003. En ese marco, el argumento humanitario ocupa un lugar destacado: se menciona la edad avanzada de muchos detenidos, las condiciones sanitarias de encierro y la negativa sistemática a conceder prisiones domiciliarias en causas de lesa humanidad. Según informa, alrededor de novecientas personas de avanzada edad y enfermos fallecieron privadas de su libertad en ese contexto.
Más que un gesto simbólico, la iniciativa se presenta como una presión política organizada. El texto interpela de manera directa al Presidente y le ofrece un conjunto de herramientas constitucionales listas para ser utilizadas. Hasta ahora no hubo respuestas públicas ni desmentidas oficiales, pero el expediente quedó registrado y leído. En un escenario donde los silencios suelen anticipar definiciones, el debate volvió a instalarse en los pasillos del poder, esta vez bajo la forma de un expediente jurídico y no de una consigna callejera.
Fuentes consultadas:
– Petitorio presentado ante la Casa Rosada y el Ministerio de Defensa. RealPolitik.
– Documentación constitucional y doctrinaria citada en la presentación.
