El reciente conflicto por la designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) dejó al descubierto una de las facetas más pragmáticas (y a la vez contradictorias) del PRO.
El partido, que históricamente se presentó ante la sociedad como el celoso guardián de la transparencia y las formas republicanas, parece haber condicionado su concepto de legalidad a la obtención de una silla en el organismo de control.
La vehemencia con la que el bloque conducido por Cristian Ritondo denuncia hoy un pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo resulta, cuanto menos, llamativa y merece ser puesta bajo la lupa del análisis objetivo.
Llama la atención que la alarma por el “avasallamiento institucional” se encendiera únicamente cuando quedó confirmado que el nombre del ex ministro de Trabajo Jorge Triaca no figuraría en la nómina de designados.
Para el PRO, la gravedad del procedimiento legislativo no parece radicar en la metodología, sino en la exclusión de sus propios cuadros técnicos de la estructura del Estado.
Esta postura evidencia una doble vara difícil de soslayar. Mientras el partido fue el aliado estratégico del oficialismo en el Congreso, las negociaciones de cúpula y los acuerdos transversales eran interpretados como gestos de “gobernabilidad” y “responsabilidad política”.
Sin embargo, ante el primer revés en el reparto de cargos, esas mismas prácticas pasaron a ser calificadas como “maniobras oscuras” y “pactos de madrugada” o, como sostuvo el PRO, “entre gallos y media noche”.
La institucionalidad, bajo esta óptica, deja de ser un valor absoluto para convertirse en una moneda de cambio según la suerte que se corra en el reparto de cuotas de poder.
La judicialización del proceso a través de amparos no parece buscar el saneamiento de las instituciones, sino forzar una renegociación política por la vía legal. Es el síntoma de una fuerza que, tras haber perdido centralidad, recurre a la narrativa del atropello democrático como mecanismo de defensa ante el aislamiento político.
En otras palabras, el malestar del PRO no parece ser una respuesta a la violación de reglamentos, sino la reacción natural de quien se siente traicionado por un socio con el que esperaba compartir los beneficios del poder.
Al reducir la defensa de la República a la disputa por un puesto en la AGN, el partido corre el riesgo de confirmar que sus principios son, en realidad, tan elásticos como sus intereses coyunturales.
Fuente Mendoza Today
