Por Daniel Romero
Buenos Aires, 2 de enero de 2026-Total News Agency-TNA- La reciente reconfiguración del Sistema de Inteligencia Nacional dispuesta a través del DNU 941/2025 expone, una vez más, las debilidades estructurales, conceptuales y profesionales que arrastra el esquema de inteligencia argentino desde hace años. La norma no solo llega a pocos meses de haberse instrumentado el fallido reemplazo de la Agencia Federal de Inteligencia por la Secretaría de Inteligencia del Estado, sino que además constituye, en los hechos, una reforma de la reforma que reconoce implícitamente el fracaso del diseño anterior.
La creación de cuatro subagencias dentro de la SIDE, hoy en manos del Contador Público Nacional y emprendedor, Cristian Auguadra, presentada en su momento como una modernización, terminó demostrando ser un agregado innecesario y disfuncional. No solo fragmentó la estructura, sino que evidenció una carencia aún más grave: la falta de profesionales formados en el oficio de la inteligencia para dotar de sentido operativo a esas nuevas dependencias. La multiplicación de casilleros burocráticos no suple la ausencia de cuadros técnicos, experiencia acumulada ni cultura organizacional. Algo qué mas o menos funcionaba, a pesar de los últimos Directores, como la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), fue disuelta, terminando con una interna con el Estado Mayor Conjunto de las FFAA, que siempre disputo el área.
Si el Gobierno hubiera optado por un camino más sencillo y probado —volver a una estructura similar a la SIDE de los años noventa, con direcciones claras de inteligencia interior, exterior y contrainteligencia, integradas por personal profesional— hoy podría contar con un organismo operativo al que solo habría sido necesario incorporar progresivamente la modernización tecnológica. En particular, la ciberinteligencia podría haberse desarrollado como una dirección específica, sin necesidad de rediseños grandilocuentes. En inteligencia, como en otros ámbitos del Estado, lo pequeño, profesional y eficiente suele ser más efectivo que lo grande, disperso e improvisado.
Durante los años noventa, la Escuela Nacional de Inteligencia formaba a sus cuadros sobre la base de la Ley “S” N° 20.159 para la SIDE (Secretaría de Inteligencia) y la Ley N° 20.194 para la CNI (Comisión Nacional de Inteligencia), junto con cursos doctrinarios y técnicos que permitían un funcionamiento razonable del sistema. Ese andamiaje profesional hoy brilla por su ausencia y no es reemplazado por ninguna de las innovaciones normativas del decreto, que solo logrará mas fondos reservados y la profundización de grupos operativos externos o la “compra” de inteligencia a agencias externas, algunas de paises con escaso o nulo apego por la democracia.
Uno de los aspectos más llamativos del DNU 941/2025 es la utilización del término “encubierta” para definir prácticamente todas las acciones de la SIDE. Se trata de una categoría más cercana al lenguaje de las películas de acción que a la doctrina de inteligencia. Las actividades de inteligencia son, por definición, secretas, reservadas o confidenciales; no “encubiertas” en el sentido cinematográfico del término. Esta confusión semántica no es menor: refleja un déficit conceptual profundo sobre la naturaleza real del área de inteligencia. El término pareciera estar pensado para el periodismo de investigación que suele exponer la deficiencias y malversación de fondos reservados.
La reforma tampoco avanza en lo que verdaderamente necesita la Argentina: un organismo de inteligencia pequeño, profesional, creativo y con capacidad analítica propia. Nada de eso aparece con claridad en el nuevo esquema, que insiste en ampliar competencias sin resolver la falta de capacidades reales. Los policías, que abundan en la SIDE, son muy útiles para la tarea policial, no para la inteligencia.
Particularmente grave resulta la pretensión de otorgarle a la SIDE facultades vinculadas al poder de policía, como la posibilidad de practicar detenciones en flagrancia. Se trata de un error técnico elemental. Cualquier funcionario público tiene la obligación de denunciar un delito y, eventualmente, intervenir ante una flagrancia; incluso un ciudadano de a pié puede hacerlo si está en condiciones. Convertir esto en una “facultad especial” del organismo de inteligencia no solo es innecesario, sino que profundiza la confusión entre inteligencia, investigación judicial y seguridad pública, exponiendo al sistema a conflictos legales y operativos.
En el plano político, la reacción de la oposición no ha sido más edificante. Los cuestionamientos surgieron, en su mayoría, desde una lógica ideológica y no técnica. Las declaraciones de Agustín Rossi son un ejemplo de esa inconsistencia. Rossi quedará en la memoria como quien, al frente de la inteligencia nacional, salió a justificar la presencia en el país de un avión iraní con tripulantes vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán, una organización con probados antecedentes criminales y terroristas. Difícilmente desde allí pueda construirse una crítica creíble sobre el funcionamiento del sistema.
Tampoco constituye una novedad, como sugirieron algunos medios, que la SIDE sea definida ahora como la “jefatura” de la inteligencia nacional. El organismo siempre fue, formal y materialmente, la cabeza del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Presentarlo como un descubrimiento refuerza la sensación de superficialidad con la que se aborda un tema de extrema sensibilidad institucional.
En definitiva, el DNU 941/2025 no resuelve los problemas de fondo del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Se limita a redistribuir competencias, sumar ambigüedades conceptuales y ensayar una arquitectura que ya demostró no funcionar. Más que una política de inteligencia, parece una expresión de deseos, carente de profesionalismo, continuidad y comprensión real del oficio.
