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Por Daniel Romero
Buenos Aires, 12 de enero de 2026 –Total News Agency-TNA–El incremento del gasto en inteligencia durante 2025, en un contexto de fuertes recortes en salud, educación, ciencia, obra pública y desarrollo social, reabrió un debate sensible en la Argentina sobre prioridades presupuestarias, capacidades estatales y el verdadero sentido de invertir en inteligencia sin una estrategia clara. Un informe del Centro de Economía Política Argentina reveló que, mientras el gasto total de la Administración Pública Nacional cayó un 29% real interanual respecto de 2023, la Secretaría de Inteligencia del Estado registró un aumento del 52%, contrastando con ajustes severos en casi todas las áreas sociales y productivas, incluso en el sistema del comate al fuego, hoy acuciante.
El trabajo advierte que el ajuste generalizado pone en riesgo la continuidad de políticas públicas esenciales. En el área de salud, se verificaron recortes de hasta el 72% en la Superintendencia de Servicios de Salud, caídas significativas en hospitales nacionales, el Instituto Malbrán y la ANMAT, y programas virtualmente paralizados vinculados a prevención de enfermedades, atención territorial y respuesta al VIH. En educación, programas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron ejecución nula, mientras que infraestructura escolar, becas y formación docente sufrieron recortes de entre el 37% y el 90%.
La contracara fue el fortalecimiento relativo de la estructura de inteligencia bajo la órbita de la Presidencia, una decisión que generó cuestionamientos no solo por el contraste con los recortes sociales, sino también por la falta de precisiones sobre el destino y la eficacia de esos recursos. En ese marco, especialistas en Inteligencia, consultados por TNA, advierten que elevar el presupuesto sin definir objetivos, capacidades y controles claros puede derivar en un esquema ineficiente, con fondos reservados utilizados para gastos discrecionales o sobresueldos encubiertos de funcionarios, en lugar de construir un sistema profesional. Por ejemplo, viajar a Baku para ver la carrera de Colapinto y difrutar de hoteles 5 estrellas, buenos resto y compañia, no va.
La discusión se amplía al observar el escenario regional. En América Latina, el gasto en inteligencia y seguridad estratégica presenta fuertes asimetrías. Brasil lidera la región con una estructura consolidada de inteligencia, integrada al sistema de defensa y con un presupuesto estable que, sin ser público en detalle, se ubica entre los más altos del continente. México, presionado por el narcotráfico y el crimen organizado, destina importantes recursos a inteligencia civil y militar, aunque con cuestionamientos recurrentes sobre coordinación y resultados. Colombia, con décadas de experiencia en conflicto interno, mantiene uno de los sistemas más profesionalizados, con fuerte inversión en análisis, inteligencia humana y articulación con fuerzas armadas y policiales. El presupuesto de inteligencia de Argentina es el mas bajo de la región, pero su mal uso, uno de los mas altos.
En contraste, países como Chile y Uruguay cuentan con presupuestos más acotados pero con estructuras más reducidas y profesionales, enfocadas en análisis estratégico y prevención, sin sobredimensionamientos. En esos casos, la clave no está en el volumen del gasto, sino en la claridad de las misiones, la formación de analistas y el control político y parlamentario, que no acpeten mirar para otro lado, con la mano extendida.
La Argentina, según coinciden especialistas, enfrenta un déficit histórico en este punto. El país no carece solo de presupuesto, sino de un sistema de inteligencia moderno, integrado y orientado a la producción de conocimiento estratégico. La dependencia recurrente de servicios de terceros —consultoras, informes externos o cooperación informal— expone una debilidad estructural: la falta de analistas propios capaces de valorar, contextualizar y explotar información sensible. Sin ese capital humano, incluso la mejor información externa pierde utilidad al no poder ser valorizada correctamente.
En ese sentido, expertos subrayan que la inteligencia no es barata, pero tampoco puede convertirse en un negocio opaco. Requiere definir prioridades claras, amenazas concretas y capacidades necesarias, desde el análisis económico y financiero hasta el crimen organizado, el terrorismo, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas. La creatividad, la coordinación interagencial y la profesionalización resultan tan importantes como los recursos materiales. Un eficiente centro de formación OBLIGATORIO para los agentes, es indispensable.
El informe de CEPA también remarcó que el aumento del gasto en inteligencia se da mientras se recortan áreas estratégicas para el desarrollo y la cohesión social, como ciencia, tecnología, seguridad social y obra pública. En ese contexto, la advertencia es clara: elevar partidas sin un plan integral no fortalece al Estado, sino que puede profundizar desequilibrios y sospechas sobre el uso de fondos sensibles.
La discusión de fondo no es si la Argentina necesita inteligencia, sino qué tipo de inteligencia necesita. Un sistema sobredimensionado, grandilocuente y opaco difícilmente sea efectivo. Uno profesional, austero, con analistas capacitados, control institucional y objetivos definidos puede resultar clave para la seguridad nacional. La decisión política, en ese sentido, no pasa solo por cuánto se gasta, sino por cómo y para qué.
Fuentes consultadas:
Centro de Economía Política Argentina (CEPA); informes presupuestarios de la Administración Pública Nacional; análisis comparativos de gasto en inteligencia en América Latina; estudios de seguridad y defensa regionales; reportes de organismos internacionales y propios medios.
