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Por Redaccion TNA
Londres, 12 de enero de 2026-Total News Agency-TNA- La decisión del Reino Unido de marcar distancia política y operativa luego de la acción militar estadounidense en Venezuela del 3 de enero —que derivó en la captura de Nicolás Maduro— expuso un delicado equilibrio: condenar o, al menos, desmarcarse de una intervención que organismos internacionales y sectores europeos cuestionan por su impacto en el derecho internacional, sin abrir al mismo tiempo una discusión más incómoda para Londres sobre el rol estructural que cumplen sus territorios de ultramar en el negocio global del dinero opaco.
En los días posteriores a la operación, el mensaje oficial británico buscó ubicarse en una zona de “distanciamiento estratégico”. El primer ministro Keir Starmer sostuvo públicamente que Gran Bretaña no participó de la acción militar y subrayó como prioridades la seguridad de ciudadanos británicos en Venezuela y el respeto del marco legal internacional. En paralelo, el Foreign Office llevó el tema al Parlamento con una línea orientada a “evitar un deterioro” que dispare más violencia y criminalidad, un punto que incluyó una mención poco habitual: el riesgo de desestabilización también alcanzaría a los propios territorios británicos en el Caribe, por su exposición regional a flujos de migración, crimen transnacional y tensiones financieras.
Ese énfasis no es menor. Las islas y enclaves británicos del Caribe —en particular Islas Vírgenes Británicas (BVI), Islas Caimán, Bermudas, Anguila y Turcas y Caicos— combinan dos activos que los volvieron piezas centrales del capitalismo offshore: regímenes impositivos favorables y servicios societarios que permiten estructurar compañías, fideicomisos y vehículos de inversión con un alto grado de discreción. Para los defensores del sistema, se trata de “centros financieros” que aportan eficiencia y seguridad jurídica. Para organizaciones anticorrupción, son engranajes de una infraestructura global que facilita la ocultación de beneficiarios finales, el lavado de activos y la fuga de capitales, con impacto directo sobre economías vulnerables y Estados capturados por redes criminales.
En ese punto se inserta la tesis que, por estos días, gana espacio entre analistas de la economía política del Caribe: la prudencia británica frente al cambio abrupto de escenario en Venezuela no solo responde a consideraciones diplomáticas, sino también al riesgo de que una transición desordenada —o una disputa por activos, sanciones y decomisos— ponga bajo una lupa más intensa los circuitos de dinero vinculados a corrupción y narcotráfico que, desde hace años, encuentran puertas de entrada y salida en jurisdicciones offshore bajo bandera británica.
Informes recientes de Transparencia Internacional Reino Unido advirtieron sobre la magnitud de fondos “sospechosos” que llegaron al mercado británico mediante estructuras registradas en territorios de ultramar, con un peso dominante de BVI. El foco de esas investigaciones no es Venezuela en particular, sino el patrón: donde hay secreto societario y baja trazabilidad, aparecen intermediarios que empaquetan fortunas de origen dudoso y las conectan con activos “respetables” en plazas mayores. En paralelo, evaluaciones del sistema antilavado en BVI dentro del marco regional han señalado avances normativos, pero también desafíos persistentes en verificación, supervisión y acceso a la información real de los dueños finales.
En Westminster, la discusión sobre los registros de beneficiarios finales volvió a subir de temperatura durante 2025 y, ya en enero, el propio gobierno británico renovó compromisos en su estrategia anticorrupción para “reforzar” la transparencia y trabajar con territorios y dependencias en registros más robustos. Sin embargo, la distancia entre el discurso y la implementación sigue siendo un punto de conflicto político: para legisladores y ONG, mientras no existan registros públicos y verificables, la arquitectura offshore conserva su función principal: separar el dinero de su verdadero propietario.
La tensión se potencia por un dato geopolítico: Venezuela es un nodo histórico de economías ilícitas en la región —desde contrabando y minería ilegal hasta redes de lavado— y cualquier reconfiguración del poder en Caracas reordena intereses, rutas y garantías de impunidad. Si la nueva etapa abre investigaciones, cooperación judicial o disputas por bienes y cuentas, los enclaves offshore pueden pasar de ser “parte del paisaje” a convertirse en evidencia. Para el Reino Unido, que administra y protege esos territorios como parte de su proyección global, el costo reputacional de esa exposición puede ser alto, tanto frente a aliados como ante su propia opinión pública.
En esa lectura, el “distanciamiento estratégico” frente a Washington también opera como un cortafuegos: reducir el riesgo de quedar asociado a una intervención controversial, al tiempo que se protege un flanco sensible en la región donde Londres conserva soberanía, intereses financieros y responsabilidades directas. El problema es que, al intentar evitar el incendio diplomático, el Reino Unido vuelve a chocar con su contradicción más persistente: proyectar estándares de legalidad y transparencia, mientras tolera —o no logra desarmar— jurisdicciones bajo su órbita que, en los hechos, han sido funcionales al negocio global del dinero escondido.
Fuentes consultadas: Departamento de Defensa de Estados Unidos (war.gov); Gobierno del Reino Unido (gov.uk); Reuters; The Guardian; Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS); Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR); Center for Strategic and International Studies (CSIS); Transparencia Internacional Reino Unido (Transparency International UK); Hansard (Parlamento del Reino Unido); Estrategia Anticorrupción del Reino Unido 2025 (gov.uk).
