AFA niega incumplimientos y Tapia evade responsabilidades mientras crece el escándalo por balances y controles
Buenos Aires, 13 de enero de 2026-Total News Agency-TNA- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió en las últimas horas un extenso comunicado oficial en el que niega de forma tajante cualquier incumplimiento normativo, en respuesta a las intimaciones y cuestionamientos formulados por la Inspección General de Justicia (IGJ) en relación con la aprobación de balances, reformas estatutarias y su actuación institucional, desatando una nueva etapa de tensión entre el máximo organismo del fútbol argentino y los órganos de control estatal.
La controversia estalló tras declaraciones del titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, quien cuestionó la falta de aprobación de balances auditados y la operación administrativa de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, señalando que la AFA no habría cumplido con la presentación de estados contables ni con la debida reforma estatutaria exigida desde años atrás.
En su respuesta oficial, la AFA aseguró que “niega categóricamente la existencia de incumplimientos” y defendió su actuación señalando que ha contestado todas las intimaciones de la IGJ en tiempo y forma, que ha presentado la documentación correspondiente a los ejercicios contables que van desde 2017 hasta 2023, y que el supuesto cambio de jurisdicción de la entidad —de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires— fue realizado bajo el marco legal y con la intervención de veedores designados por la propia IGJ.
A pesar de ello, la AFA no pudo evitar que el conflicto derive en un **debate público sobre la falta de transparencia institucional y la opacidad en el manejo de fondos millonarios. En su descargo, el organismo acusó a la IGJ de utilizar de manera indebida información administrativa y documentos reservados en medios de comunicación, una práctica que —según la propia AFA— constituiría “una presión externa” que trasciende el ámbito de control formal y se aproxima a una intromisión política.
La AFA también enfatizó que la IGJ no posee facultades para aprobar o desaprobar balances —una atribución que, según su argumentación, corresponde exclusivamente a los socios del organismo— y que cualquier observación del ente de control debería estar debidamente fundamentada y notificada, algo que, desde la visión de Tapia y su administración, nunca ocurrió de manera formal o eficaz.
Este enfrentamiento se da en un contexto en el cual la IGJ había venido reclamando respuestas sobre inconsistencias en los balances con cifras que superarían los 450 millones de dólares, y ya había avanzado en la citación a contadores que intervinieron en las certificaciones de las cuentas de la AFA y de la Superliga, lo que podría abrir instancias judiciales más profundas si no se esclarecen las dudas presentadas.
Además, organizaciones especializadas en transparencia y control institucional sostienen que la aparente resistencia de la AFA a responder con claridad a los requerimientos de la IGJ no solo refleja una ausencia de cultura de rendición de cuentas, sino que consolida un modelo de gestión permeable a manejos discrecionales de fondos, que en otros países hubiera ameritado auditorías independientes y sanciones administrativas.
El rol de Tapia dentro del organismo aparece cada vez más cuestionado no solo por la falta de claridad en los balances, sino también por decisiones administrativas polémicas, como la modificación de estatutos y la reelección de autoridades sin un proceso transparente que garantice la legitimidad a los ojos de clubes, hinchas y entes reguladores.
En síntesis, la respuesta de la AFA a la IGJ no solo niega las acusaciones, sino que además desvía la responsabilidad hacia el propio organismo de control, en una estrategia que muchos analistas interpretan como un intento de desacreditar a la IGJ y ganar espacios mediáticos, más que aportar claridad documental y sustantiva sobre la gestión contable y administrativa de la entidad que rige el fútbol profesional argentino.
Este episodio se suma a una serie de conflictos acumulados entre la AFA y distintas instituciones del Estado en los que la falta de transparencia, la demora en las respuestas a pedidos formales de información y la percepción de un manejo discrecional de recursos han generado un clima de desconfianza extendido tanto en el ámbito deportivo como en el institucional.
Fuentes consultadas
elDiarioAR
Multimedio Génesis
La Nación
Cadena 3
