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Buenos Aires, 17 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-Un grupo de diputados nacionales vinculados a La Libertad Avanza quedó envuelto en una fuerte controversia política e institucional luego de que se conociera que los legisladores que viajaron recientemente a Beijing habían votado con anterioridad beneficios fiscales para empresas chinas, lo que abrió cuestionamientos internos en el Congreso y acusaciones de posibles dádivas transnacionales.
El viaje a China fue realizado por una delegación encabezada por Juliana Santillán, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con China, e integrada por otros diputados libertarios, entre ellos el ex radical Mariano Campero, Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez y María Cecilia Ibáñez. La visita se concretó por invitación del gobierno chino y generó incomodidad en sectores políticos que siguen de cerca el alineamiento internacional del presidente Javier Milei, en especial su vínculo estratégico con el expresidente estadounidense Donald Trump.
Según pudo reconstruir este medio, el traslado y la estadía de la delegación no fueron financiados por la Cámara de Diputados sino por la empresa tecnológica Huawei, una firma de origen chino que mantiene un prolongado conflicto con Estados Unidos, donde es señalada como un riesgo para la seguridad nacional y objeto de restricciones comerciales, particularmente en el desarrollo de redes 5G y 6G.
La polémica se profundizó al trascender que todos los legisladores que participaron del viaje habían votado en 2024 un convenio bilateral entre Argentina y China destinado a evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio, así como a prevenir la evasión y elusión fiscal. El acuerdo establece beneficios impositivos concretos para empresas chinas radicadas en el país, mediante reducciones de alícuotas, distribución de potestades tributarias y mecanismos de crédito fiscal.
En ámbitos parlamentarios, la situación fue interpretada como altamente delicada. Legisladores de distintos bloques advirtieron que el hecho de aceptar un viaje financiado por una empresa potencialmente beneficiada por una ley votada por los propios diputados podría encuadrar en figuras vinculadas a delitos de dádivas internacionales. “Si esto fuera Estados Unidos, el FBI ya los hubiera detenido”, deslizó un diputado en conversaciones reservadas dentro de la Cámara baja.
Un informe elaborado por el estudio jurídico Marval, uno de los más importantes del país en derecho corporativo y con fuerte influencia en la arquitectura legal del actual gobierno, analizó el alcance del convenio impositivo con China y destacó que el mismo incluye un listado de entidades de propiedad estatal o controladas por ambos países que acceden a este tratamiento diferencial. Entre los ejemplos citados figuran el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y el Fondo de la Ruta de la Seda.
El mismo informe advierte que ese listado de entidades beneficiadas puede ampliarse de común acuerdo entre las autoridades competentes de Argentina y China, lo que abre la puerta a la incorporación futura de nuevas compañías. Este punto encendió alarmas adicionales, dado que Huawei ha sido reiteradamente señalada por Estados Unidos como una firma estrechamente vinculada al Estado chino, acusación que la empresa ha negado de manera sistemática sin lograr despejar las sospechas en Washington.
En medio de las críticas, los propios diputados libertarios intentaron despegarse del escándalo aclarando que el viaje no fue costeado con fondos públicos. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a ratificar públicamente que la visita no implicó gastos para el Congreso. Sin embargo, esa aclaración terminó reforzando el núcleo de las denuncias, al confirmar que el financiamiento provino de una empresa privada con intereses directos en el marco normativo aprobado por los legisladores viajeros.
La controversia suma tensión a la política exterior del gobierno argentino y plantea interrogantes sobre los límites éticos y legales de las relaciones entre legisladores, empresas extranjeras y decisiones parlamentarias con impacto fiscal y geopolítico.
Fuentes consultadas:
La Política Online; fuentes parlamentarias; informes jurídicos especializados.
