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Buenos Aires, 21 de enero de 2026-Total News Agency-TNA-La Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la intervención administrativa del puerto de Ushuaia por el plazo de un año y suspendió su habilitación operativa tras detectar graves irregularidades en el manejo de fondos, deficiencias de infraestructura y riesgos en materia de seguridad. La decisión incluye duras observaciones hacia la administración provincial encabezada por el gobernador Gustavo Melella, a la que se responsabiliza por la situación.
Según información oficial, la medida fue adoptada luego de reiteradas inspecciones que no obtuvieron respuestas satisfactorias por parte del gobierno fueguino. Desde el organismo nacional señalaron que las anomalías detectadas abarcan desde presuntos desvíos de recursos hasta un deterioro significativo de las condiciones operativas del principal puerto de Tierra del Fuego, con impacto directo en la actividad naviera y logística de la región.
La resolución, firmada por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, será publicada este jueves en el Boletín Oficial. En el texto se fundamenta la intervención en la “falta de respuestas concretas” ante las observaciones formuladas por el organismo, las denuncias de vaciamiento realizadas por trabajadores portuarios y la preocupación manifestada por empresas navieras que operan habitualmente en la terminal austral.
El origen formal del conflicto se remonta a una denuncia sindical y sectorial contra la Ley provincial N° 1596, que creó un fondo especial para cubrir el déficit de la obra social estatal OSEF mediante la utilización del superávit generado por el puerto de Ushuaia. El planteo fue impulsado por el secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, quien advirtió que esa norma vulneraría el principio de afectación específica de los recursos portuarios.
Desde la agencia nacional remarcaron que la normativa vigente establece que los ingresos del puerto deben destinarse exclusivamente a inversiones, mantenimiento y mejoras de la propia infraestructura. Sin embargo, las inspecciones constataron que cerca del 33% del presupuesto portuario habría sido utilizado para subsidiar gastos de la administración provincial, mientras que apenas un 1,3% se destinó a obras y servicios vinculados directamente al funcionamiento del puerto.
Como consecuencia de la intervención, Avellaneda quedará al frente de la gestión operativa de la terminal, bajo la supervisión de directores y gerentes designados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El objetivo declarado es normalizar la administración, transparentar el flujo de fondos y garantizar la continuidad operativa en condiciones adecuadas.
En paralelo, los informes técnicos elaborados por el organismo nacional revelaron serias falencias en la infraestructura portuaria. Entre los puntos críticos se mencionan la falta de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas en estado de desgaste avanzado, problemas estructurales en el tablestacado, deterioro de la carpeta asfáltica y deficiencias en las condiciones básicas de seguridad para las operaciones marítimas.
También se detectaron irregularidades en la gestión administrativa y financiera. Según la agencia, la provincia fue intimada a implementar un registro transparente de ingresos, egresos y compras, pero la tarea habría sido tercerizada a una empresa sin antecedentes acordes a la actividad portuaria, lo que incrementó las sospechas sobre el control del dinero público.
Ante este escenario, la intervención contará con la asistencia de la Prefectura Naval Argentina, que tendrá a su cargo el acompañamiento en materia de seguridad operativa y control de las tareas portuarias, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar estándares mínimos de funcionamiento.
La decisión del Gobierno nacional abre un nuevo frente de tensión institucional con la administración fueguina y coloca bajo la lupa la utilización de recursos estratégicos en una infraestructura clave para la logística, el turismo y la actividad antártica. La evolución de la intervención y las eventuales responsabilidades administrativas o penales que puedan surgir quedarán ahora en el centro de la escena política y judicial.
Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas, Agencia Nacional de Puertos y Navegación, comunicados oficiales, informes técnicos de inspección, fuentes sindicales y portuarias.
