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Buenos Aires, 21 de enero de 2026-Total News Agency-TNA-La investigación judicial sobre la fastuosa quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, sospechada de pertenecer en los hechos a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), volvió a cambiar de rumbo este martes tras una decisión clave de la Cámara Federal de San Martín, que resolvió un conflicto de competencia y ordenó que el expediente pase a manos del juez que había sido solicitado por los presuntos testaferros del inmueble.
La resolución fue adoptada por el camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II, quien determinó que la causa por presunto lavado de activos deje el juzgado en lo Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky y sea remitida al Juzgado Federal de Campana, conducido por Adrián González Charvay. El fundamento central del fallo fue territorial, priorizando la ubicación del inmueble investigado y el principio del “juez natural”.
Juez Federa Aguinsky
El planteo que dio origen a la disputa fue impulsado por los propietarios formales de la mansión, valuada en alrededor de 20 millones de dólares: el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte. Ambos son señalados por la Justicia como presuntos testaferros y solicitaron que el caso se tramite en Campana, jurisdicción en la que se encuentra la quinta.
González Charvay hizo lugar al pedido de inhibitoria y reclamó la causa a Aguinsky, sosteniendo que la competencia territorial le correspondía a su juzgado. El magistrado de Penal Económico, sin embargo, rechazó apartarse del expediente y defendió la especialidad de su fuero. Además, argumentó que la localización del inmueble no era determinante, ya que el eje de la investigación era la AFA, cuya sede histórica se encontraba a pocos metros de su tribunal en la Ciudad de Buenos Aires y a más de 80 kilómetros del juzgado de Campana.
La Cámara de San Martín terminó inclinándose por la postura de González Charvay. En su resolución, Lugones sostuvo que debía primar el criterio territorial y agregó un elemento adicional: en noviembre de 2024, la AFA habría modificado su domicilio legal a Mercedes 1366, en la localidad de Pilar. No obstante, el titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vitolo, señaló que esa modificación no fue aprobada formalmente por el organismo, en el marco de un proceso en el que se analizan presuntas irregularidades contables de la entidad deportiva.
La causa tuvo un derrotero complejo. Inicialmente tramitó en Comodoro Py, en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien luego de ordenar las primeras medidas se declaró incompetente. Por decisión del camarista Leopoldo Bruglia, el expediente fue enviado al fuero Penal Económico. Ahora, con la intervención de la Cámara de San Martín, el caso recala en la Justicia Federal de Campana.
En su fallo, Lugones recordó que Bruglia, al resolver la primera contienda de competencia, había dejado expresamente abierta la discusión sobre el aspecto territorial, un punto que fue aprovechado por la defensa de Pantano y Conte para insistir con el traslado del expediente. Aunque el pedido de inhibitoria fue rechazado por el fiscal de Campana, Sebastián Bringas, y por el fiscal Claudio Navas Rial y el juez Aguinsky en el fuero Penal Económico, finalmente prosperó en la instancia superior.
La decisión llega en un momento sensible de la investigación. En las últimas semanas, el juez Aguinsky había profundizado las medidas sobre presuntas inconsistencias en torno a la colección de vehículos de lujo hallada durante el allanamiento a la quinta. Se trata de una flota de autos, motos de alta gama, kartings y camionetas 4×4, registradas a nombre de la sociedad Real Central, cuyo control formal figura en manos de Pantano y su madre.
Entre los elementos que llamaron la atención de la Justicia se encuentra un Porsche valuado en cerca de 500 millones de pesos. Una ejecutiva del Banco Coinag declaró que resultaba “imposible” que el pago del vehículo se hubiera efectuado desde la cuenta de la sociedad, lo que derivó en la citación de uno de los contadores que avalaron la operación. Su declaración quedó inconclusa y estaba previsto que se reanudara con respaldo documental.
Otra línea de investigación se centra en los seguros de los vehículos, cuyas pólizas habrían sido abonadas en efectivo, por ventanilla, mediante una dirección generada por QR correspondiente a una aseguradora con sede en Córdoba. En paralelo, la Justicia intenta reconstruir el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad, financiar sus lujosas instalaciones —como quincho y helipuerto— y sostener su mantenimiento.
Las sospechas sobre el rol de Pantano y Conte se vieron reforzadas cuando se detectó que los telepases de los vehículos eran abonados con una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, quien fue dirigente de la entidad. El juez Aguinsky ordenó a la empresa emisora, American Express, suspender los débitos, que incluían además pagos de servicios eléctricos en domicilios sin vínculo con la actividad deportiva.
Con el traslado del expediente a Campana, se abre una nueva etapa en una causa que pone bajo la lupa el patrimonio, los flujos financieros y los vínculos entre la AFA y un entramado societario que la Justicia considera, por ahora, altamente sospechoso.
Fuentes consultadas: resoluciones judiciales, Cámara Federal de San Martín, expedientes del fuero Penal Económico, Inspección General de Justicia, Agencia Noticias Argentinas, La Nación.
