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Teherán, 22 de enero de 2026-Total News Agency-TNA-. El régimen de Irán reconoció oficialmente que miles de personas murieron durante las protestas masivas que sacuden al país desde hace varias semanas, en lo que constituye una de las admisiones más graves de violencia estatal de los últimos años. Según un primer balance difundido por organismos oficiales, el número de fallecidos asciende al menos a 3.117, aunque fuentes del propio aparato de poder iraní admiten que la cifra real supera las 3.700 víctimas fatales, mientras que diferentes medios señalan cifras cercanas a los 10.000 muertos.
El reconocimiento fue realizado a través de la Fundación de Veteranos y Mártires, un organismo estatal que publicó el primer informe oficial sobre las consecuencias humanas de la represión. De acuerdo con ese documento, del total de muertos confirmados, 2.427 corresponden a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, sin que se haya precisado de manera transparente cómo se distribuyen esas cifras ni en qué circunstancias se produjeron las muertes.
El resto de las víctimas fue atribuido por el régimen a supuestos “terroristas, amotinados y personas que atacaron instalaciones militares”. Así lo expresó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, quien sostuvo que al menos 690 de los fallecidos encuadran dentro de esa categoría, una definición ampliamente cuestionada por organismos internacionales.
Desde Teherán, la versión oficial insiste en que la violencia registrada durante las manifestaciones fue producto de la acción de “mercenarios infiltrados”, supuestamente respaldados por Estados Unidos e Israel, y no de una represión sistemática por parte del Estado. En ese marco, las autoridades iraníes sostienen que muchos de los muertos fueron transeúntes alcanzados por disparos de grupos armados clandestinos, mientras que otros manifestantes habrían sido atacados por “agentes terroristas organizados dentro de la multitud”.
Sin embargo, esta explicación choca de manera frontal con los informes elaborados por organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Irán, que denuncian una represión masiva y planificada por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo el uso de munición real contra manifestantes, detenciones arbitrarias, desapariciones temporales y ejecuciones extrajudiciales.
De hecho, entidades independientes vienen señalando desde hace semanas que el número de muertos es sensiblemente superior al admitido inicialmente por el régimen. En ese sentido, el propio reconocimiento oficial de más de 3.100 fallecidos, junto con admisiones posteriores que elevan la cifra por encima de los 3.700, refuerza las denuncias sobre la magnitud de la violencia ejercida por el Estado iraní para sofocar las protestas.
Las manifestaciones, que comenzaron como reclamos sociales y económicos, derivaron en una ola de protestas políticas contra el régimen teocrático, poniendo en jaque a la estructura de poder de la República Islámica. La respuesta oficial fue una ofensiva de seguridad a gran escala, con despliegue de fuerzas militares, policiales y de inteligencia en las principales ciudades del país.
Analistas internacionales advierten que la admisión de estas cifras por parte del propio régimen constituye un punto de inflexión, ya que confirma que la represión alcanzó niveles letales inéditos en la historia reciente de Irán. Al mismo tiempo, subrayan que el intento de justificar las muertes bajo la etiqueta de “terrorismo” busca eludir responsabilidades penales y políticas a nivel internacional.
Mientras continúan las protestas y se multiplican las denuncias por detenciones y torturas, la comunidad internacional observa con creciente preocupación un escenario en el que el propio Estado iraní reconoce haber causado la muerte de más de 3.700 personas, consolidando uno de los episodios represivos más sangrientos del siglo XXI en Medio Oriente.
Fuentes consultadas: Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, declaraciones oficiales del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, agencias de noticias internacionales.
