Por Daniel Romero
Buenos Aires, 26 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-Últimamente la Secretaría de Inteligencia destacó no por aciertos sino por lo contrario: reformas y contrarreformas en lugar de inteligencia y contrainteligencia. Lejos de consolidar capacidades estratégicas, el organismo atraviesa una etapa marcada por decisiones erráticas, marchas y contramarchas administrativas y una preocupante falta de criterio operativo, que vuelven a poner en cuestión su conducción y su funcionamiento interno.
Tal como Total News Agency viene señalando en cables anteriores, la SIDE se ha visto más abocada a rediseños estructurales fallidos que a fortalecer sus funciones esenciales. Anuncios de reformas profundas quedaron rápidamente desactivados, áreas creadas sin planificación fueron desarmadas y los cambios prometidos terminaron siendo simples reacomodamientos burocráticos, sin impacto real en la producción de inteligencia ni en la contrainteligencia del Estado.
En ese contexto de desorden institucional se inscribe un nuevo y delicado episodio que agrava el cuadro. El pasado 5 de diciembre de 2025, el organismo dispuso la desvinculación de aproximadamente 130 agentes pertenecientes a distintas áreas sensibles. La medida alcanzó a personal jerárquico, analistas, administrativos y efectivos de seguridad. Sin entrar a juzgar los motivos de las cesantías, lo relevante es que, a más de un mes de producidas, los agentes despedidos no habrían cobrado su último salario, ni el aguinaldo, ni las vacaciones no gozadas, ni las indemnizaciones que pudieran corresponder según cada situación contractual.
La situación afecta a unos 130 hombres y mujeres que hasta pocos días antes integraban el corazón operativo del sistema de inteligencia. La falta de pago de haberes básicos y compensaciones legales expone una gestión administrativa deficiente y una alarmante ausencia de previsión, especialmente grave en un organismo que maneja información sensible del Estado.
Especialistas en el área coinciden en que una agencia de inteligencia, cuando decide prescindir de personal, debe hacerlo de la manera más prolija y cuidada posible. La tradición en los servicios profesionales indica que las salidas deben ser ordenadas, discretas y con cierres administrativos claros, salvo en casos de delitos comprobados, aun asi la justicia debe actuar con sigilo para no exponer secretos de estado. Lo contrario —despidos desordenados y sin cumplimiento de obligaciones básicas— no solo resulta ofensivo para el personal, sino que abre la puerta a riesgos serios para la seguridad institucional.
El problema no es menor: agentes de distintas áreas conservan conocimientos, vínculos y experiencia acumulada. Cuando el Estado no gestiona adecuadamente esas desvinculaciones, se expone a filtraciones, resentimientos y daños colaterales que pueden impactar directamente en el sistema de inteligencia. Paradójicamente, la falta de “inteligencia” en la gestión interna termina debilitando la inteligencia nacional, aunque se los esté monitoreando.
En alguna agencia de pais amigo suele escucharse una máxima histórica: “lo sencillo también promete éxito”. En lugar de ensayar reformas improvisadas y luego desandar el camino, señalan fuentes consultadas, bastaría con adoptar modelos probados y adaptarlos a escala. Si desde el discurso político se admira a servicios extranjeros, bien merecido como los de Israel, sostienen, el camino lógico sería estudiarlos, adaptarlos y replicar sus estructuras básicas, en vez de acumular reformas fallidas.
Mientras tanto, puertas adentro del organismo crece el malestar. La conducción aparece más asociada a cuestiones accesorias y decisiones administrativas poco explicables que a una estrategia integral de inteligencia y contrainteligencia. Como ocurrió en episodios anteriores, la información comenzó a emerger desde el interior del sistema y no se descarta que sigan apareciendo nuevos datos que profundicen la crisis.
Una vez más, la Secretaría de Inteligencia queda bajo la lupa pública no por anticipar amenazas ni proteger intereses estratégicos, sino por errores propios que erosionan su credibilidad, su funcionamiento y la seguridad del Estado.
