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Buenos Aires, 26 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-La detención y procesamiento de Federico “Fred” Machado en los Estados Unidos reactivó un frente judicial de alto impacto en la Argentina. En los últimos días ingresó a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata una denuncia que cuestiona de manera directa la actuación del Poder Judicial local y reclama investigar posibles omisiones, encubrimientos por inacción y vínculos no esclarecidos en torno al empresario aeronáutico, hoy acusado en el exterior por narcotráfico, lavado de activos y estafas vinculadas al tráfico aéreo de drogas.
La presentación fue formulada por Daniel Sarwer en carácter de pretenso querellante y solicita la apertura inmediata de una investigación formal por hechos que califica como de gravedad institucional. El escrito sostiene que, pese a la acumulación de elementos probatorios y a la existencia de procesos penales avanzados en el extranjero, la Justicia argentina habría omitido de manera reiterada adoptar medidas procesales básicas, exponiendo al Estado a un eventual escenario de responsabilidad internacional.
Machado fue extraditado desde la Argentina y trasladado bajo custodia del Servicio de Marshals a los Estados Unidos, donde permanece detenido en una prisión federal de seguridad media en Oklahoma. En las próximas semanas deberá optar entre colaborar con la fiscalía norteamericana o enfrentar un juicio oral ante un jurado federal. La causa en su contra ya dio por acreditada la existencia de un entramado financiero y aeronáutico utilizado para maniobras ilícitas con alcance internacional. En el mismo expediente, su socia Debra Lynn Mercer Erwin recibió una condena de 16 años de prisión por registrar aeronaves empleadas para el narcotráfico como si fueran aviones civiles estadounidenses.
En el plano local, el nombre de Machado mantiene una conexión política sensible. El diputado liberal José Luis Espert reconoció públicamente haber mantenido relación con él desde 2019, incluyendo viajes en aeronaves de su propiedad y una transferencia de 200 mil dólares que derivó en una investigación por presunto financiamiento irregular de campañas. Aquellos episodios tuvieron consecuencias políticas inmediatas, pero el frente judicial argentino nunca avanzó de manera concluyente, un punto que ahora vuelve a quedar bajo cuestionamiento.
Según la denuncia presentada en La Plata, en el marco de un allanamiento judicial ordenado a una contadora vinculada a un actor central del caso se habría recolectado abundante prueba objetiva: documentación contable, soportes digitales, registros financieros y comunicaciones. El denunciante sostiene que ese material excede el objeto original de la causa y compromete a terceros que, pese a la contundencia de los elementos reunidos, no habrían sido incorporados formalmente al expediente.
El escrito advierte que esa situación configura un estado de “causa libre” incompatible con los estándares mínimos de legalidad y control judicial efectivo. Además, señala que existirían investigaciones extranjeras en curso y en estado avanzado por hechos de corrupción, lavado de activos y obstrucción institucional, frente a las cuales la Justicia argentina no habría activado mecanismos de cooperación ni requerido información oficial.
En ese contexto, la presentación sostiene que la inacción no solo afecta una causa puntual, sino que genera un riesgo sistémico: deterioro reputacional, impacto sobre el sistema financiero y eventual responsabilidad internacional del Estado argentino por incumplimiento de compromisos asumidos en materia de lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero.
Entre los pedidos concretos, la denuncia solicita la citación inmediata de José Luis Espert para prestar declaración testimonial, a fin de que brinde explicaciones completas sobre su vínculo con Machado y su conocimiento de los hechos investigados. También reclama que, a partir de esa instancia y del material probatorio existente, se evalúe la posibilidad de una citación a indagatoria y la adopción de medidas cautelares, incluida la detención preventiva, en función de la gravedad institucional del caso y del riesgo de entorpecimiento de la investigación.
El planteo incorpora además la recusación preventiva de los jueces Ariel Lijo, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi, con el pedido expreso de que la causa no sea derivada a ninguno de ellos. En paralelo, se adjuntó un “dossier espejo” de carácter institucional destinado a organismos de control, embajadas e instituciones financieras internacionales, con el objetivo de dejar constancia documentada del caso.
Con Machado ya bajo custodia de la Justicia estadounidense y ante la posibilidad de que se convierta en colaborador del sistema judicial norteamericano, el escenario cambió de manera sustancial. La denuncia presentada en la Cámara Federal de La Plata coloca ahora al Poder Judicial argentino ante una decisión ineludible: avanzar en la investigación y asumir el costo institucional, o persistir en la inacción mientras el caso continúa desarrollándose y esclareciéndose fuera del país.
Fuentes consultadas: presentaciones judiciales ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; RealPolitik; registros judiciales de Estados Unidos; antecedentes parlamentarios; información judicial y periodística nacional e internacional.
