Ciudad de Buenos Aires, enero de 2026 – Total News Agency-TNA-El presidente de Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva mediante la cual declaró la emergencia nacional frente a lo que definió como una “amenaza inusual y extraordinaria” que representa el Cuba para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Aunque la figura legal cuenta con antecedentes desde la década de 1990, la decisión actual marca un punto de inflexión por su alcance económico y geopolítico, al instruir la aplicación de aranceles adicionales a países que suministren petróleo a La Habana, en un contexto de creciente escasez energética en la isla.
La orden, publicada por la Casa Blanca, sostiene que el régimen cubano profundizó su alineamiento con potencias y actores hostiles a Washington, entre ellos la Federación Rusa, la República Popular China e Irán, además de brindar respaldo político y operativo a organizaciones terroristas transnacionales como Hamas y Hezbollah.
El documento advierte que Cuba alberga la mayor base de inteligencia de señales rusa fuera del territorio de Moscú, utilizada para interceptar comunicaciones sensibles de Estados Unidos y llevar adelante actividades de espionaje en el hemisferio occidental. Según la administración Trump, este entramado de cooperación militar y de inteligencia convierte a la isla en un factor de desestabilización regional, con impacto directo sobre los intereses estratégicos estadounidenses.
La emergencia nacional vinculada a Cuba no es novedosa en términos jurídicos. Su base legal se remonta al 1 de marzo de 1996, cuando el entonces presidente Bill Clinton proclamó una emergencia tras el derribo de dos aeronaves civiles estadounidenses, al denunciar la “disposición temeraria” del régimen cubano a emplear fuerza excesiva. En 2004, George W. Bush amplió ese marco mediante la Proclamación 7757, reforzando restricciones económicas y alertando sobre el riesgo de una crisis migratoria que pusiera en jaque los acuerdos bilaterales.
Desde entonces, la emergencia fue renovada por todas las administraciones estadounidenses. Barack Obama la actualizó en 2016, enfocándose en el peligro de migraciones masivas y entradas no autorizadas de embarcaciones. Trump la ratificó en 2018, mientras que Joe Biden la prorrogó en febrero de 2024, advirtiendo sobre el impacto que tendría un eventual éxodo cubano sobre la seguridad nacional. En enero de 2025, Trump volvió a reincorporar a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, profundizando el aislamiento diplomático de la isla.
La orden ejecutiva actual introduce un mecanismo inédito de presión económica indirecta. Establece que el Departamento de Comercio de Estados Unidos identificará a los países que suministren, de forma directa o indirecta, petróleo y combustibles a Cuba, y notificará al Departamento de Estado de Estados Unidos para evaluar la imposición de aranceles ad valorem sobre sus exportaciones hacia el mercado estadounidense. El objetivo declarado es cortar las fuentes energéticas del régimen cubano y disuadir a terceros países de sostenerlo.
La coyuntura actual otorga a la medida un peso particular. Tras la **caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Cuba perdió a su principal proveedor de petróleo subsidiado, lo que derivó en apagones recurrentes, paralización industrial y crisis de transporte. Washington considera que este escenario amplifica el impacto de las sanciones y acelera la presión sobre el gobierno de Miguel Díaz‑Canel.
En materia de derechos humanos, la orden ejecutiva acusa al régimen cubano de perseguir y torturar a opositores políticos, restringir la libertad de expresión y prensa, hostigar a practicantes religiosos y reprimir a familiares de presos políticos. También denuncia el bloqueo del acceso a internet, la prohibición de manifestaciones pacíficas y la censura sistemática de toda crítica al Estado. Según el texto, el régimen obtiene beneficios económicos “mediante la represión y el sufrimiento de su propio pueblo”.
La Casa Blanca aclaró que el presidente Trump podrá modificar, ampliar o dejar sin efecto los aranceles en función de cambios en la conducta del régimen cubano, recomendaciones de altos funcionarios o eventuales represalias de los países afectados. Asimismo, la Secretaría de Estado y la Secretaría de Comercio supervisarán de manera permanente la eficacia de las medidas y podrán sugerir acciones adicionales si consideran que la emergencia nacional no está siendo adecuadamente abordada.
En el cierre, la orden reafirma que la política de Estados Unidos “no tolerará los abusos del régimen comunista cubano” y que continuará la estrategia de presión máxima, combinando sanciones económicas, restricciones diplomáticas y respaldo a las aspiraciones democráticas de la sociedad cubana. “La situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses”, concluye el documento.
La decisión se inscribe así en una ofensiva más amplia de la administración Trump para reconfigurar el tablero geopolítico del hemisferio occidental, aislar a los regímenes alineados con potencias adversarias y limitar la proyección de actores considerados hostiles a los intereses de Washington.
Fuentes consultadas:
Casa Blanca; Departamento de Estado de Estados Unidos; Departamento de Comercio de Estados Unidos; antecedentes presidenciales sobre emergencias nacionales vinculadas a Cuba; Infobae; informes oficiales y cobertura de agencias internacionales.
