Buenos Aires, 4 de febrero de 2026 – Total News Agency-TNA- La conducción política del gobierno de Javier Milei se reunirá este miércoles al mediodía en Casa Rosada para terminar de definir la estrategia parlamentaria y consolidar los apoyos necesarios para avanzar con la reforma laboral, uno de los proyectos centrales del temario de sesiones extraordinarias del Congreso.
El encuentro de la denominada Mesa Política tendrá lugar en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y estará enfocado principalmente en el análisis fino de los votos con los que cuenta el oficialismo para llevar el proyecto al recinto del Senado el próximo 11 de febrero, fecha que La Libertad Avanza ya fijó para su tratamiento.
Del cónclave participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Se trata del núcleo más influyente del oficialismo, encargado de articular la relación con gobernadores, legisladores y bloques dialoguistas.
El eje de la reunión será el informe que presentará Patricia Bullrich sobre el estado de las negociaciones en la Cámara Alta. La senadora viene manteniendo una intensa ronda de contactos con referentes libertarios y jefes de otras bancadas para medir el nivel de respaldo a cada uno de los capítulos del proyecto. Según admiten en el oficialismo, los votos para la aprobación en general estarían garantizados, pero persisten dudas sobre algunos artículos específicos.
“A priori, Patricia va a hacer un pantallazo de cómo viene la votación, qué puntos pueden generar conflicto y qué alternativas hay si aparecen objeciones”, explicó uno de los integrantes de la Mesa Política. En el Gobierno dan por descontado que la reforma obtendrá al menos media sanción la semana próxima y confían en completar luego el trámite legislativo, aun cuando eso implique introducir modificaciones.
Desde el entorno presidencial remarcan que el valor central de la ley no reside únicamente en su redacción final, sino en la señal política y económica que implica. La aprobación de la reforma permitiría a Javier Milei exhibir ante los mercados y los organismos internacionales que su administración cuenta con capacidad real para impulsar reformas estructurales, incluso en un escenario de minoría parlamentaria.
No obstante, el debate más complejo se concentra en el capítulo fiscal del proyecto, en particular el que propone una reducción del impuesto a las Ganancias para las sociedades. Este punto abrió una fuerte grieta con varios gobernadores, incluso aliados, debido a que el tributo es coparticipable. Las provincias advierten que una baja en la alícuota implicaría una merma directa en los recursos que reciben, en un contexto de fuerte ajuste fiscal.
Desde la Casa Rosada sostienen que la reducción impositiva funcionaría como un incentivo para la formalización del empleo y la inversión privada, lo que, a mediano plazo, redundaría en una mayor recaudación genuina. Sin embargo, los mandatarios provinciales se muestran reacios a convalidar lo que consideran un “experimento” con impacto inmediato en sus finanzas, y ya anticiparon que no están dispuestos a aceptar ese capítulo tal como está redactado.
Bullrich reconoció públicamente que la negociación está “95% cerrada”, pero admitió que los puntos pendientes involucran directamente a gobernadores, senadores y a los ministros de Economía e Interior, lo que explica la necesidad de una coordinación política permanente en la recta final.
En Balcarce 50 no descartan nuevas reuniones de la Mesa Política antes de la sesión. “Queda una semana y, si hace falta, nos juntaremos incluso el día anterior”, deslizó una fuente oficial. La premisa del oficialismo es clara: evitar sorpresas en el recinto y llegar al 11 de febrero con un esquema de apoyos lo más cerrado posible.
La reunión de este miércoles se produce, además, en un contexto legislativo cargado, con otros proyectos relevantes en agenda, como el envío al Congreso del acuerdo Mercosur-Unión Europea y distintas iniciativas económicas y regulatorias. Sin embargo, para el Gobierno la reforma laboral es hoy la prioridad absoluta y el principal test político de su capacidad de gestión parlamentaria.
