Buenos Aires, 7 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA-El Estado argentino dio un nuevo paso en el fortalecimiento del control y la protección de sus espacios marítimos con la entrada en vigencia de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La norma establece criterios objetivos y estandarizados para identificar buques extranjeros que desarrollen actividades de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), uno de los principales focos de presión por parte de flotas de pesca de aguas distantes.
La medida se enmarca en una estrategia más amplia de defensa de los recursos naturales y de soberanía marítima, y cuenta con la intervención directa de la Prefectura Naval Argentina, organismo que ejerce funciones de autoridad marítima nacional y de policía auxiliar pesquera. Según fuentes oficiales, la disposición busca dotar al Estado de herramientas técnicas y jurídicas más sólidas para detectar tempranamente conductas compatibles con pesca ilegal, no declarada o no reglamentada.
Con la nueva normativa, se logra un avance significativo en el control de las flotas extranjeras que operan en los límites de la ZEEA y en alta mar, al establecer un criterio uniforme que permite diferenciar con mayor precisión las maniobras de pesca ilegal del ejercicio legítimo del derecho de libre navegación reconocido por el derecho internacional. Esta distinción resulta clave para evitar controversias diplomáticas y, al mismo tiempo, actuar con firmeza cuando se vulneran los intereses nacionales.
La disposición constituye además un respaldo normativo central para la labor que viene desarrollando la Prefectura Naval Argentina en el marco de su estrategia integral de vigilancia marítima. El organismo utiliza el Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica propia que permite centralizar y gestionar en tiempo real información técnica, administrativa y de movimiento de embarcaciones a escala global, integrando datos de múltiples fuentes nacionales e internacionales.
En su rol de autoridad con competencias policiales en el mar, la Prefectura ha desarrollado un procedimiento específico de detección electrónica y análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros. Este sistema no se limita al seguimiento de datos estáticos, como bandera o posición declarada, sino que incorpora el estudio dinámico de trayectorias, velocidades, maniobras y permanencia en zonas sensibles, considerados indicadores de posibles actividades ilegales.
El procedimiento incluye además la incorporación, resguardo y custodia de pruebas provenientes de diversas fuentes de información, lo que permite a la autoridad pesquera nacional iniciar actuaciones administrativas y, de corresponder, avanzar en procesos sancionatorios contra los buques involucrados. De este modo, se fortalece la trazabilidad de las investigaciones y la solidez jurídica de las decisiones adoptadas.
Desde el ámbito oficial se subraya que la combinación entre la nueva disposición y los protocolos operativos vigentes contribuye a mejorar la capacidad del Estado para proteger los recursos ictícolas argentinos, seriamente afectados por la presión de flotas extranjeras que operan en el borde de la ZEEA. Al mismo tiempo, se destaca que estas prácticas colocan a Argentina como referente en el desarrollo de buenas prácticas jurídicas y operativas en la lucha contra la pesca ilegal, un reconocimiento que ya ha sido valorado en foros y ámbitos internacionales especializados.
La profundización del control marítimo se inscribe en un contexto de creciente preocupación global por la pesca ilegal y su impacto económico, ambiental y estratégico. En ese escenario, las autoridades argentinas consideran que el fortalecimiento de los mecanismos de detección temprana y de actuación efectiva resulta esencial para defender los intereses nacionales y asegurar la explotación sostenible de los recursos del mar.
