Buenos Aires, 7 de febrero de 2026 – Total News Agency-TNA- La decisión del gobierno de Javier Milei de crear la denominada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, con el objetivo declarado de “desmentir activamente la mentira” y combatir la desinformación en redes sociales y medios de comunicación, encendió una fuerte alarma entre especialistas en verificación del discurso público, organizaciones periodísticas y defensores del derecho a la información, quienes advierten que el Estado no puede auditarse a sí mismo sin incurrir en un grave conflicto de intereses.
Un informe elaborado por el Equipo de Chequeado sostiene que la iniciativa oficial carece de los estándares internacionales mínimos exigidos para el fact-checking independiente y que, lejos de fortalecer la transparencia, podría derivar en mecanismos de hostigamiento, señalamiento público o persecución indirecta contra periodistas, medios y voces críticas del Gobierno.
Según pudo saber esta agencia, si bien desde el oficialismo se argumenta que la Oficina busca “poner en evidencia operaciones mediáticas y políticas”, los expertos coinciden en que el Estado no puede cumplir funciones de verificación bajo las reglas del periodismo de datos cuando es, al mismo tiempo, sujeto central del debate público y del escrutinio informativo.
El informe remarca que las organizaciones de verificación reconocidas a nivel internacional adhieren al Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que exige independencia editorial, transparencia metodológica, claridad en el financiamiento y una política abierta de corrección de errores. Ninguno de esos principios, advierten, puede garantizarse cuando la tarea de verificación depende directamente del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el investigador Lucas Graves, de la Universidad de Wisconsin-Madison, subrayó que ninguna agencia estatal “debe confundirse ni presentarse como fuente de información independiente”, ya que su sola pertenencia al Estado invalida el principio básico de neutralidad. Desde una perspectiva similar, Clara Jiménez Cruz, directora ejecutiva de Maldita.es, cuestionó la lógica de la autoauditoría oficial y planteó una pregunta central: “El fact-checking existe para obligar a los poderosos a rendir cuentas. Si los poderosos hacen su propio fact-checking, ¿quién los controla a ellos?”.
El documento también expone una contradicción estructural de la actual administración. Mientras el Gobierno sostiene que la Oficina de Respuesta busca combatir la desinformación “brindando más información”, en paralelo modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, introduciendo nuevas restricciones. De acuerdo con datos oficiales citados en el informe, la gestión de Javier Milei es la que mayor cantidad de pedidos de acceso a la información dejó sin responder, incluso por encima de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Para los especialistas, esta paradoja erosiona aún más la credibilidad de la iniciativa: no puede presentarse como herramienta de transparencia un organismo estatal que convive con mayores niveles de opacidad en el acceso a datos públicos.
El informe de Chequeado recuerda además que no se trata de un fenómeno nuevo. En la Argentina existen antecedentes recientes de intentos oficiales por incidir en el control del discurso público, como la plataforma Confiar durante la pandemia, el observatorio Nodio bajo la gestión de Alberto Fernández, y el streaming Fake, 7, 8, impulsado por el actual vocero presidencial Manuel Adorni. En todos los casos, las iniciativas generaron controversias por su carácter oficial y su potencial uso político.
A nivel regional, se mencionan experiencias similares como Brasil Contra Fake durante el gobierno de Lula da Silva, el proyecto Infodemia en México y la cuenta gubernamental Segcomv en Ecuador. Según los expertos, estos antecedentes muestran que los verificadores estatales rara vez logran credibilidad social y suelen profundizar la polarización.
La creación de la Oficina de Respuesta también motivó el rechazo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió sobre el riesgo de que el Estado se arrogue el rol de árbitro de la verdad. Dirigentes de la oposición coincidieron en que la iniciativa puede transformarse en una herramienta de presión indirecta contra periodistas y medios críticos, bajo el argumento de combatir noticias falsas.
El debate abierto por la Oficina de Respuesta Oficial plantea así un dilema central para la democracia argentina: cómo enfrentar la desinformación sin vulnerar la libertad de expresión, el derecho a la información y la función esencial del periodismo como contralor del poder. Para los especialistas, cuando el Estado pretende ser juez y parte, la verificación deja de ser un mecanismo de transparencia y se convierte en un instrumento de poder.
Fuentes consultadas:
Chequeado; Noticias Argentinas; FOPEA; La Unión Digital; France24; Buenos Aires Times.
