Buenos Aires-10 de Febrero de 2025-Total News Agency-TNAEl Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron este martes un acuerdo institucional para iniciar el traspaso progresivo de las competencias de la Justicia Laboral a la órbita porteña, en un movimiento de alto impacto político y judicial que retoma un debate abierto desde la reforma constitucional de 1994. El convenio, que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña, establece un régimen de transición ordenado para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman las causas iniciadas a partir de la entrada en vigencia del acuerdo.
Desde el Ejecutivo porteño, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, calificó la firma como “un nuevo hito en la autonomía” y sostuvo que permitirá avanzar hacia “un servicio de justicia propio, ágil y moderno”, con mayor previsibilidad para trabajadores y empleadores. El texto ya ingresó al Senado en una semana clave para el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, lo que añade tensión política al debate.
El acuerdo fija que las causas laborales iniciadas con anterioridad a su vigencia permanecerán bajo la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo hasta agotar la doble instancia, mientras que los nuevos expedientes pasarán a ser competencia del fuero laboral porteño. A su vez, se prevé que la ejecución de las sentencias se traslade gradualmente al nuevo esquema judicial de la Ciudad.
En este contexto, Total News Agency (TNA) había anticipado el debate judicial de fondo. El pasado día 7, TNA publicó un artículo de opinión firmado por Romón Llanos, en el que se planteaba un camino institucional para resolver el histórico conflicto de competencias. En ese texto, Llanos sostenía que lo “políticamente superador” sería que el actual Fuero del Trabajo de la Capital Federal, con su dotación vigente de personal y jueces titulares, deje de recibir nuevas causas, redistribuya los expedientes existentes hasta su archivo definitivo y, de manera simultánea, la Ciudad complete de forma paulatina la creación de los 80 juzgados de primera instancia laborales y las ocho salas de alzada previstas en la Ley 7/1998, en un proceso escalonado a lo largo de una década. La hoja de ruta planteada por Llanos guarda similitudes con el esquema progresivo que ahora quedó plasmado en el acuerdo firmado.
La decisión del Gobierno de avanzar con este entendimiento había sido anticipada mediante el Decreto 95/2026, que habilitó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a firmar convenios de transferencia de competencias judiciales. El decreto también prevé la posibilidad de incorporar adendas o acuerdos complementarios sin necesidad de un nuevo acto presidencial, lo que le otorga flexibilidad política y administrativa al proceso.
El trasfondo del conflicto remite al estatus transitorio de los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos emblemáticos como “Corrales” y luego “Bazán”, advirtió que el carácter nacional de esos tribunales es meramente temporario y que su permanencia indefinida vulnera la autonomía porteña consagrada en el artículo 129 de la Constitución. En aquellas sentencias, el máximo tribunal alertó sobre el “inmovilismo” institucional y las “graves consecuencias” de no avanzar en la transferencia.
En paralelo, la Legislatura porteña había sancionado en diciembre de 2024 las leyes 6.789 y 6.790, que reestructuran la justicia laboral local y establecen un nuevo Código Procesal del Trabajo. A partir de esas normas se creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo y juzgados de primera instancia, y se iniciaron concursos para cubrir cargos. Sin embargo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción judicial para frenar su implementación, argumentando que la Ciudad no podía avanzar sin un acuerdo previo con la Nación. La Cámara Contencioso Administrativo Federal dictó una medida preventiva que suspendió la aplicación de las leyes locales hasta que se firmara un convenio institucional, condición que ahora quedó cumplida.
El acuerdo también define con precisión qué competencias se transfieren y cuáles permanecen en la órbita federal. La Ciudad asumirá los conflictos individuales de trabajo, pero quedarán excluidos los conflictos colectivos, la negociación colectiva, las cuestiones vinculadas a asociaciones sindicales y personería gremial, las causas donde sea parte el Estado Nacional y los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales. De esta manera, el fuero federal conservará atribuciones centrales en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.
Otro punto relevante es el rol del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que será el órgano revisor máximo de las decisiones cuando se trate de cuestiones de derecho local o común, e incluso ante la existencia de cuestión federal, en línea con el fallo “Levinas”. Solo quedarán excluidas las causas estrictamente federales por materia o persona.
El proceso tendrá impacto directo sobre trabajadores, empresas y el ejercicio profesional de la abogacía, ya que modificará el fuero ante el cual se tramitan los conflictos laborales en la Ciudad. Con un régimen de transición progresivo, el acuerdo busca ordenar una discusión histórica y sentar las bases de un nuevo esquema judicial, en un escenario político atravesado por la reforma laboral y la redefinición del rol del Estado en las relaciones de trabajo.
