Buenos Aires-10 de Febrero de 2025-Total News Agency-TNA-. El Gobierno nacional activó un operativo de contención política y de seguridad para evitar una escalada del conflicto policial en Rosario, donde desde hace varios días efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Fe, junto a retirados y familiares, mantienen una protesta que incluyó cortes de calles, concentración de móviles y consignas contra la administración provincial. La situación generó una fuerte preocupación tanto en Buenos Aires como en Santa Fe ante el riesgo de un “efecto dominó” que pueda extender el malestar a otras jurisdicciones o incluso a las fuerzas federales.
Desde las primeras horas de este martes, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, mantuvo contacto directo con el gobernador Maximiliano Pullaro y con el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, mientras la protesta continuaba activa frente a la Unidad Regional II de Rosario. En paralelo, el Ministerio de Seguridad ordenó reforzar con presencia de fuerzas federales distintas zonas de la provincia que habitualmente están bajo control de la policía local, en coordinación con la gestión santafesina.
La protesta se fue intensificando con el correr de las horas. Lo que comenzó como una concentración con unos 20 móviles policiales derivó en una movilización mayor, con alrededor de 60 patrulleros, efectivos fuera de servicio, sirenas encendidas y bloqueos parciales del tránsito. Si bien la huelga de las fuerzas de seguridad está prohibida por ley, el reclamo expuso un creciente malestar por condiciones laborales, salarios y funcionamiento interno de la fuerza.
El conflicto tuvo como detonante la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien la semana pasada intentó quitarse la vida frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. Ese episodio profundizó tensiones que, según admiten en la propia provincia, ya venían acumulándose desde hace meses y que ahora confluyeron en una protesta con múltiples demandas y sin una conducción claramente unificada.
En el Gobierno nacional y en la administración santafesina existe especial preocupación por la posibilidad de que organizaciones criminales que operan en Rosario intenten aprovechar el contexto de tensión para reactivar acciones violentas. Tanto la gestión del presidente Javier Milei como la de Pullaro vienen destacando el control logrado sobre las bandas narco a partir de un trabajo conjunto entre fuerzas provinciales y federales, por lo que cualquier debilitamiento del dispositivo de seguridad es seguido con máxima atención.
Para evitar una escalada, Monteoliva envió a Rosario a funcionarios de su ministerio, entre ellos el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, quien actúa como enlace directo con las autoridades provinciales y conoce el territorio. Además, el comando unificado entre Nación y provincia se mantuvo en permanente actividad durante la jornada, evaluando la evolución del conflicto y el despliegue preventivo.
Fuentes oficiales indicaron que el Ministerio de Seguridad realizó en las últimas horas un relevamiento del estado de las fuerzas a nivel nacional para detectar eventuales focos de malestar similares. Según esas evaluaciones preliminares, no se registraban por el momento situaciones de tensión en otras provincias. En paralelo, desde el Ministerio del Interior se confirmó que Diego Santilli mantuvo contacto con Pullaro para coordinar posibles salidas políticas al conflicto.
En Santa Fe, las autoridades provinciales reconocieron que existe un reclamo genuino por parte de sectores de la fuerza, pero denunciaron la presencia de grupos “infiltrados” que, según sostienen, estarían integrados por expolicías desplazados durante la depuración de efectivos con presuntos vínculos con el delito organizado. Cococcioni advirtió que esos sectores habrían instigado acciones violentas y antijurídicas, además de difundir información falsa con fines desestabilizadores.
Como medida disciplinaria, el gobierno santafesino dispuso que más de 20 agentes fueran desarmados, se les retiraran los chalecos antibalas y quedaran en situación de disponibilidad. Desde la provincia aseguraron que el patrullaje nocturno no se vio afectado, aunque en la Casa Rosada admiten que durante algunas franjas horarias se registró una menor presencia de móviles en la calle.
El conflicto también derivó en cruces políticos. La diputada nacional Romina Diez, referente de La Libertad Avanza en Santa Fe y cercana a Karina Milei, cuestionó públicamente a Pullaro por la administración de los recursos provinciales y lo responsabilizó por la falta de respuestas a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en la Casa Rosada procuraron tomar distancia de esas declaraciones y remarcaron que el objetivo central es desactivar la protesta y evitar un agravamiento de la situación.
Mientras continúan las negociaciones, el Gobierno nacional mantiene como prioridad lograr una solución rápida que permita normalizar el funcionamiento de la Policía santafesina y evitar que el conflicto derive en un escenario de mayor inestabilidad institucional y de seguridad.
Fuentes consultadas
La Nación
Clarín
Ámbito
Infobae
Reuters
Rosario3
El Litoral
