Buenos Aires-12 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA — La decisión del gobierno de Javier Milei de postergar la implementación de una nueva metodología para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) abrió un nuevo frente de discusión económica y política, con un eje sensible: si la canasta que mide la inflación no refleja el patrón real de consumo, la actualización de jubilaciones, salarios y paritarias puede quedar por detrás del aumento efectivo del costo de vida. Ese fue el núcleo del planteo del economista Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, quien advirtió, en una entrevista realizada por RealPolitik, que mantener una canasta “antigua” implica, en la práctica, una forma indirecta de ajuste sobre los ingresos indexados.
En su análisis, Asiain explicó que la medición de inflación parte de una encuesta de gasto de los hogares: se observa cuánto pesa cada rubro (alimentos, indumentaria, transporte, servicios públicos, entre otros) y con ese mapa se construye la canasta que luego se sigue mes a mes para calcular la variación de precios. El punto crítico, sostuvo, es que la estructura de ponderaciones vigente responde a una realidad que ya no existe. Según su descripción, la encuesta base que alimenta la canasta actual se remonta a años en los que las tarifas estaban contenidas por subsidios y congelamientos, lo que dejaba a los servicios públicos con un peso relativamente bajo en el índice general.
Ese diagnóstico choca con el presente: con tarifas más altas y una estructura de precios más cargada en servicios, el peso real de esos gastos en el bolsillo de los hogares creció. En la mirada del economista, la nueva encuesta —y el índice actualizado— elevaría la participación de los servicios públicos dentro del IPC. Y allí aparece el incentivo político y fiscal que, según interpretó, explicaría la postergación: si en agenda hay nuevos aumentos tarifarios, un IPC con mayor ponderación de servicios reflejaría una inflación más alta. Para un oficialismo que hace de la desaceleración inflacionaria su principal bandera, una cifra mayor tensiona el relato de éxito y puede complicar el objetivo de “ordenar expectativas” en el frente macroeconómico.
Sin embargo, el punto más delicado, en términos sociales, es el mecanismo de transmisión. Asiain planteó que jubilaciones y otras prestaciones se actualizan con índices que toman como referencia la inflación. Por lo tanto, si el indicador subestima la suba real de precios —porque pondera menos rubros que hoy pesan más en el gasto efectivo— la actualización termina siendo menor a la pérdida real de poder adquisitivo. Bajo esa lógica, describió el fenómeno como un recorte “mes a mes” que no se presenta como ajuste directo, pero opera como tal. En su estimación, el acumulado durante la gestión de Milei implicaría una merma equivalente a 15 puntos de poder de compra en jubilaciones por la no actualización del índice, siempre según su interpretación técnica del desfasaje entre canasta y consumo real.
El mismo razonamiento lo extendió a salarios y paritarias. Sostuvo que, si el gobierno toma como referencia una inflación “subvaluada”, puede endurecer la aprobación de acuerdos por encima de ese número, limitando recomposiciones que busquen empatar la suba real del costo de vida. De ese modo, señaló, se genera un doble efecto: el Estado recauda sobre precios que sí suben en la economía real, pero ajusta parte de sus gastos —y convalida negociaciones salariales— con un índice que no captaría por completo esa realidad. En ese esquema ubicó una cifra de ahorro fiscal que atribuyó a esta brecha: alrededor de 5 billones de pesos, en su cálculo, producto de esa diferencia entre ingresos “a precios reales” y gastos actualizados por un indicador que no acompañaría la dinámica plena del consumo.
El debate también tiene una arista financiera. Asiain consideró que el Fondo Monetario Internacional tendría incentivos a respaldar la actualización del índice, en tanto existen instrumentos atados a inflación que interesan al sector financiero y a tenedores de bonos. La afirmación apunta a una tensión clásica: para el fisco, un índice más bajo reduce erogaciones indexadas; para acreedores con activos ajustables, un índice más alto protege rendimiento real. En el medio, se ubica la credibilidad del indicador y su rol como ancla para contratos y expectativas.
En su balance de la gestión, el economista sostuvo que el “caballito de batalla” de la inflación estaría perdiendo fuerza como herramienta política. Afirmó que el proceso de desinflación no continuó bajando y que, por el contrario, la dinámica se habría recalentado en los últimos meses, al punto de describir un plan de estabilización “agotado” y sin margen para una segunda etapa que lleve de alta a baja inflación de manera sostenida. En ese marco, advirtió que el esquema se vuelve más frágil si no se consolida el acceso al financiamiento: sobre el tipo de cambio, evaluó que la continuidad depende de que la mejora del riesgo país permita refinanciar vencimientos y sostener el programa.
Finalmente, incorporó un componente geopolítico a su lectura: señaló que el sostén externo del gobierno argentino estaría asociado a la relación con Donald Trump, y que la evolución del clima político en Estados Unidos podría impactar en el riesgo país y, por esa vía, en las condiciones financieras de Argentina. En síntesis, su planteo ubicó la discusión del IPC en un lugar que excede lo estadístico: para Asiain, el índice es una pieza central del ajuste, de la narrativa política y de la arquitectura financiera del programa económico.
