Buenos Aires-12 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA — El exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti fue detenido y trasladado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para comenzar a cumplir una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por su rol en el intento de contrabando de US$ 790.550 vinculados al caso de la “valija” del empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson. La captura se concretó después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el último recurso presentado por su defensa, dejando firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, y habilitando la ejecución inmediata de la orden de detención dispuesta en el expediente.

Según reconstrucciones judiciales y reportes periodísticos, Uberti fue localizado durante la tarde en la zona porteña de Belgrano y, tras el procedimiento, quedó a disposición del tribunal para iniciar el cumplimiento efectivo de la pena. La decisión de avanzar con su encarcelamiento se precipitó luego del pronunciamiento del máximo tribunal, que desestimó la queja de la defensa por cuestiones formales y cerró la vía recursiva. La orden de captura fue ejecutada por la Policía Federal Argentina, en el marco de un trámite que se activó de manera inmediata tras la notificación del fallo.
La condena a Uberti se inscribe en una causa de alto impacto político que se arrastra desde hace más de dieciocho años y que tuvo su origen en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando un vuelo privado procedente de Caracas aterrizó en Aeroparque. La aeronave, según la investigación, había sido contratada por Energía Argentina S.A. (ENARSA), creada para gestionar acuerdos energéticos bilaterales con Venezuela en tiempos de Néstor Kirchner. En el vuelo viajaban Antonini Wilson y, entre otros, la entonces secretaria de Uberti, Victoria Bereziuk, además del presidente de ENARSA, Exequiel Omar Espinosa, y personas vinculadas al entorno energético venezolano asociado a PDVSA.

El episodio detonante se produjo durante el control aduanero. Una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, María de Luján Telpuk, insistió en revisar una maleta que no había pasado por el escáner y en cuya pantalla observó objetos rectangulares. Al ser consultado, Antonini Wilson minimizó el contenido, aludiendo a “libros” y “papelitos”. Sin embargo, al abrir la valija aparecieron fajos de billetes estadounidenses. El empresario dijo en un primer momento que portaba unos US$ 60.000, pero el conteo posterior reveló una suma muy superior: US$ 790.550 en billetes de baja denominación, usados y sin faja bancaria, lo que alimentó la sospecha de un ingreso irregular de divisas.
El dinero fue incautado y el caso escaló de inmediato a una crisis política y judicial con derivaciones internacionales. La pesquisa argentina describió un esquema orientado a frustrar controles y a facilitar el ingreso del efectivo sin declarar. En paralelo, el episodio derivó en una trama que llegó a la justicia estadounidense: en Miami, Antonini Wilson cooperó con el FBI y declaró que el dinero tenía como supuesto destino la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, una afirmación que no logró consolidarse como prueba en tribunales argentinos. En los tribunales estadounidenses, el episodio concluyó con condenas a ciudadanos venezolanos y a un uruguayo acusados de actuar para presionar y comprar el silencio del empresario.
En Argentina, el expediente atravesó años de vaivenes procesales. Uberti, que condujo el OCCOVI entre 2003 y 2007 bajo la órbita del entonces ministro Julio De Vido, fue investigado durante largo tiempo sin quedar detenido. El trámite llegó a estar cerca de la prescripción, pero se reactivó y tomó impulso cuando se ampliaron imputaciones, lo que extendió plazos por tratarse de exfuncionarios. En diciembre de 2018, el juez Pablo Yadarola dictó un procesamiento extenso que empujó el caso hacia juicio oral.
El debate se realizó en 2023 ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, que condenó a Uberti como coautor del delito de contrabando de importación de divisas agravado —por la intervención de varias personas y por su condición de funcionario público— aunque en grado de tentativa. En ese mismo juicio fueron absueltos Julio De Vido y el extitular de AFIP, Ricardo Echegaray, por falta de pruebas para sostener responsabilidad penal. Posteriormente, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal, a través de su Sala II, ratificó la condena contra Uberti y sostuvo que la valoración probatoria no presentaba arbitrariedad y que existía un cuadro indiciario consistente sobre su participación.
Con el fallo de la Corte Suprema, el itinerario judicial quedó clausurado y se ejecutó la detención. La orden había sido instrumentada en el expediente por la jueza Sabrina Namer, y, según se informó, el traslado a Ezeiza se concretó para que el exfuncionario comience el cumplimiento de la pena que, hasta ahora, no se había hecho efectiva. El desenlace reactualiza un caso emblemático de la relación política y energética entre Argentina y Venezuela durante el ciclo kirchnerista, y vuelve a poner en foco los estándares de control aduanero, la trama de responsabilidades internas y el impacto institucional de procesos que, pese a su notoriedad pública, tardaron casi dos décadas en llegar a una etapa de ejecución de condena.
Fuentes consultadas: Infobae; La Nación; TN; Clarín; Ministerio Público Fiscal; Radio Continental; MDZ.





