Buenos Aires-13 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA El debate en el Congreso de la Nación por la baja de la edad de imputabilidad volvió a tensarse tras declaraciones del ex subjefe de la Policía Bonaerense, Salvador Baratta, quien sostuvo en Radio Rivadavia AM 630 que el actual enfoque del Estado empuja a los adolescentes a una rueda de violencia y reincidencia que, en su experiencia operativa, desemboca en dos destinos recurrentes: cárcel o cementerio. “En los institutos que tenemos hoy no se va a recuperar nadie de la delincuencia”, afirmó el comisario retirado, y agregó una cifra que generó impacto: “De los casos que tuve de menores, el 70% terminó muerto”.
Las frases se conocieron mientras la Cámara de Diputados avanzaba con el nuevo esquema de régimen penal juvenil que propone reducir la imputabilidad de 16 a 14 años, una reforma impulsada por el oficialismo y acompañada por aliados parlamentarios en medio de una demanda social creciente por respuestas frente al delito. En ese contexto, Baratta cuestionó que el foco se concentre únicamente en “meter presos” a los menores cuando, según su mirada, el problema de fondo es la puerta de entrada al sistema criminal y la falta de dispositivos estatales capaces de cortar el circuito antes de que se consolide.
En su intervención radial, el exjefe policial planteó que “la ley está bárbara para los menores que ya son delincuentes”, pero que el Estado llega cuando el daño ya está hecho. En esa línea, relativizó el eje de la edad y describió un fenómeno de arrastre: “Ahora vamos a meter presos a los de 14, pero atrás vienen los de 9, los de 8, los de 7”. Para Baratta, la discusión legislativa corre detrás de una realidad más amplia: la reproducción intergeneracional de la criminalidad en entornos familiares atravesados por violencia, consumo y economías ilegales, donde el niño crece naturalizando la detención y la cárcel como parte de la vida cotidiana.
El comisario retirado sostuvo que la respuesta penal, aislada, solo acelera un destino de encierro y confrontación. A su juicio, el sistema actual termina liberando rápidamente a menores que vuelven a la calle, reingresan al delito y escalan en letalidad. “El Estado vela mucho por los derechos humanos del pibe, pero lo deja en la calle para que se vuelva a cagar a tiros con la policía”, dijo, al argumentar que la falta de contención efectiva alimenta un espiral que termina con más heridos, más detenidos y, finalmente, más muertes.
En el centro de su propuesta, Baratta pidió acompañar la reforma con una política “mucho más drástica” de intervención temprana: retirar al menor en riesgo del núcleo familiar cuando el Estado detecta un entorno que no puede contenerlo y derivarlo a sistemas de guarda o protección real. Describió, como ejemplo, hogares donde el padre está preso, la madre vende drogas y el niño convive con hermanos o primos ya encarcelados. “¿Se los seguimos dejando ahí? ¿Qué esperamos que salga de ahí?”, se preguntó, al plantear que el Estado observa ese peligro, pero no actúa con la contundencia necesaria para romper la cadena.
En ese marco, el exjefe policial insistió en que la ausencia de antecedentes formales en menores funciona como una “payasada”, porque invisibiliza trayectorias de violencia previa. Propuso registrar “entradas” al sistema para medir cuántos chicos provienen de familias con historial delictivo y sostuvo que el fenómeno es estadísticamente predecible: “El 90% de los casos de un padre chorro… sale un chorro”, afirmó, ofreciendo debatirlo con legisladores.
Las declaraciones también tocaron una discusión de fondo: si el delincuente es “producto de la sociedad”. Baratta rechazó esa idea y descargó la responsabilidad en el Estado. Argumentó que el ciudadano “de bien” cumple pagando impuestos para que haya educación, salud y seguridad, y que el fracaso en la contención y la prevención no puede diluirse en explicaciones generales.
En el plano político, la discusión por la imputabilidad sigue cruzada por objeciones de organismos de derechos y sectores sociales que sostienen que bajar la edad no resuelve el delito juvenil si no hay inversión en prevención, salud mental, escolaridad y dispositivos de reinserción. Del otro lado, quienes impulsan la reforma señalan que el régimen vigente deja sin respuesta penal delitos graves cometidos por adolescentes, y que el nuevo marco busca cerrar vacíos legales. En ese choque, la intervención de Baratta reforzó una lectura “de calle”: sin un Estado capaz de intervenir antes, el sistema solo ordena el final del recorrido, y ese final —según su diagnóstico— suele escribirse con esposas, rejas o balas.
