Buenos Aires-14 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA.-. La primera comparecencia de la fiscal general Pam Bondi ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes desde su confirmación se convirtió en una audiencia áspera, con cruces a los gritos, acusaciones de encubrimiento y un nuevo foco de tensión institucional: el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia (DOJ) y la denuncia demócrata de una supuesta “utilización de armas” del sistema judicial con fines políticos. Lejos de descomprimir, Bondi eligió contraatacar: rechazó pedidos de disculpas, calificó de “teatralidades” parte de los cuestionamientos y defendió a Donald Trump en intercambios que escalaron hasta obligar al presidente del comité, Jim Jordan, a intervenir repetidamente para recuperar el orden.
El corazón de la audiencia giró alrededor de dos ejes que se retroalimentan. Por un lado, el reclamo de transparencia sobre la liberación y el tratamiento de documentación vinculada a Epstein, con críticas por redacciones, demoras y eventuales exposiciones indebidas de datos sensibles. Por otro, el trasfondo político: los demócratas sostienen que el DOJ bajo el mando de Bondi opera con sesgo y hostilidad hacia el control parlamentario, mientras la fiscal general insiste en que su gestión busca “terminar” con el supuesto uso partidario del sistema judicial y que “nadie está por encima de la ley”.
Uno de los choques más intensos se produjo cuando el representante Ted Lieu acusó a Bondi de mentir bajo juramento durante una discusión ligada a alegaciones sobre Trump y la valoración de información presentada en el intercambio. La fiscal general reaccionó con dureza, rechazó de plano la imputación y sostuvo que no existe evidencia de que el presidente haya cometido delitos, en un contrapunto que derivó en un caos de interrupciones y reproches cruzados sobre el tiempo de uso de la palabra. En la escena quedó expuesta una dinámica que se repitió durante la jornada: preguntas formuladas en tono acusatorio, respuestas defensivas con carga política y una presidencia del comité intentando, sin demasiado éxito, encauzar el procedimiento.
Otro momento de alto impacto se dio cuando la congresista Pramila Jayapal exigió que Bondi se diera vuelta y se disculpara ante sobrevivientes de Epstein presentes en la sala, luego de denuncias de que la publicación de documentos habría omitido resguardar adecuadamente identidades. Bondi evitó el pedido directo y derivó la discusión hacia críticas a gestiones previas, lo que generó una réplica inmediata: Jayapal le exigió que asumiera responsabilidad por el daño y no se escudara en administraciones anteriores. La fiscal general se negó, sostuvo que no se dejaría afectar por “teatralidades” y el intercambio se convirtió en símbolo de una audiencia que, para los demócratas, retrató falta de rendición de cuentas, y para los republicanos, un intento de montar un show político.
La tensión no se limitó al bloque opositor. El republicano Thomas Massie cuestionó la forma en que el DOJ trató la documentación vinculada a Epstein, con críticas simultáneas por redacciones consideradas excesivas y por fallas en la protección de víctimas. La discusión derivó en un cruce personal, con Bondi lanzando descalificaciones y encuadrando las preguntas como parte de una ofensiva política. El episodio mostró que el tema Epstein se volvió una trampa para todos: exige transparencia, pero también impone límites por privacidad y por integridad de eventuales investigaciones, un equilibrio que el DOJ todavía no logra explicar con consistencia.
En paralelo, la fiscal general confirmó que su oficina recibió una derivación penal del Comité Judicial relacionada con el exdirector de la CIA, John Brennan, ante alegaciones de posible perjurio frente al Congreso. La revelación se insertó en una disputa más amplia: sectores republicanos presionan para reexaminar el origen de la investigación sobre Rusia de 2016, mientras los demócratas sostienen que se trata de una revancha política destinada a reescribir antecedentes y perseguir adversarios. Bondi evitó confirmar investigaciones en curso, pero sostuvo que “nadie está por encima de la ley”, una frase que funcionó como consigna repetida durante la audiencia.
A esa escalada se sumó un nuevo capítulo posterior: legisladores demócratas denunciaron que el DOJ habría rastreado búsquedas o accesos de miembros del Congreso vinculados a archivos de Epstein, y reclamaron que se detenga cualquier práctica que se parezca a “vigilancia” sobre el poder legislativo. El episodio amplificó el conflicto porque convierte un debate sobre transparencia documental en una pulseada institucional sobre límites entre ramas del Estado.
