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Buenos Aires-14 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNAEl gobierno de Javier Milei decidió capitalizar la seguidilla de avances parlamentarios de la última semana y profundizar su ofensiva legislativa en el tramo final de las sesiones extraordinarias. Con el envión de la media sanción de la reforma laboral, la ley penal juvenil y la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en apenas 24 horas, la conducción política de la Casa Rosada apunta ahora a un objetivo inmediato: conseguir en el Senado la media sanción de la nueva ley de glaciares antes de que concluya el período extraordinario, enviar un proyecto alternativo para el sistema universitario y, ya mirando más allá de marzo, poner en marcha el diseño de una reforma electoral con impacto previsto para 2027.
En el oficialismo hablan de “veranito legislativo” y aseguran que no habrá pausa. En la planificación inmediata aparece marcada una fecha: el 25 de febrero, cuando el círculo de Karina Milei pretende que la reforma laboral quede sancionada sin cambios, aun con presiones del PRO para introducir modificaciones. En el entorno presidencial consideran que reabrir el texto implica el riesgo de demorar la norma y de habilitar una negociación en cadena con aliados y opositores, por lo que la instrucción interna es sostener disciplina y blindar el dictamen.
En ese mismo calendario, el Gobierno pretende que entre el 25 y el 26 de febrero la Cámara alta avance con la ley de glaciares. El apuro no es casual: en despachos oficiales admiten que el Ejecutivo busca llegar con una señal política concreta antes del 2 de marzo, cuando se desarrollará una cumbre minera relevante en Canadá, escenario donde el Gobierno quiere mostrarse ante inversores con capacidad de traducir su agenda en reglas. La lectura libertaria es directa: previsibilidad normativa y velocidad legislativa funcionan como carta de presentación para atraer capitales a sectores vinculados a recursos naturales.
El impulso, sin embargo, abre frentes de conflicto con las provincias. La aprobación del régimen penal juvenil dejó malestar entre gobernadores por el impacto presupuestario que —según advirtieron en el Congreso— podría recaer sobre los servicios penitenciarios provinciales sin un esquema claro de financiamiento. En la Casa Rosada no prevén introducir correcciones en el Senado para cubrir ese faltante, con el argumento de que cualquier concesión abriría una puerta que el oficialismo considera peligrosa: que cada proyecto se convierta en una discusión sobre partidas, coparticipación o compensaciones.
En paralelo, el Ejecutivo prepara para “las próximas horas” el envío de un proyecto para reemplazar el esquema de fortalecimiento universitario vigente. El Gobierno busca presentar una propuesta propia luego de meses de tensión con el sistema universitario, reclamos por la pérdida de poder adquisitivo y controversias por la ejecución presupuestaria. Según la hoja de ruta oficial, el texto incorporaría mecanismos de actualización y compromisos de revisión periódica, con un intento de dejar atrás la dinámica de confrontación abierta. La negociación técnica, de todos modos, se mantiene frágil: rectores y gremios no docentes presionan por recomposición y previsibilidad, mientras el Gobierno intenta evitar que el Congreso le imponga obligaciones de gasto que chocan con su programa económico.
Más allá de las extraordinarias, el oficialismo ya trabaja en un croquis de reforma electoral que retoma partes de la discusión de la ley Bases. No lo presentan como urgencia inmediata, pero sí como una prioridad estratégica para el calendario 2027. En los borradores aparecen dos ejes centrales: la eliminación definitiva de las PASO, después de la suspensión aplicada en las últimas legislativas, y un rediseño para permitir que el votante pueda elegir categorías bajo una misma marca electoral, potenciando el efecto arrastre del candidato más competitivo —por ejemplo, el del Presidente— sobre listas legislativas cuando las elecciones se realicen el mismo día y con el mismo sistema.
En el plano operativo, por ahora no se anuncian cambios formales en la Dirección Nacional Electoral, donde continúa Luz Landívar, aunque en el oficialismo admiten que existen objeciones internas y que la continuidad de ese equipo no está garantizada a medida que se acerque la discusión electoral.
En ese clima de pulseada institucional, la Justicia también dejó una señal en un expediente de alta sensibilidad: la ex presidenta Cristina Kirchner deberá mantener la tobillera electrónica y las restricciones de su arresto domiciliario. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de la defensa y ratificó el monitoreo, pese a las chicanas procesales para flexibilizar condiciones. La decisión sostuvo que el control sigue siendo necesario para asegurar el cumplimiento del régimen dispuesto y dejó vigente el esquema de supervisión, en un fallo que volvió a tensionar el debate político sobre el alcance de las condenas y sus condiciones de ejecución.
